75 preguntas en 4 horas: así será el examen para ser abogado

Los futuros abogados ya tienen prueba de acceso, aunque aún no hay fecha exacta ni lugar. Tras varios meses de espera, ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria -aprobada el pasado viernes por el Ministerio de la Presidencia a instancias de Justicia y Educación- de la prueba de evaluación de aptitud profesional para ser abogado en su edición de 2014, la primera que se celebrará.

El examen estatal, obligatorio según establece la Ley 34/2006 de Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, no contiene limitación en el número de plazas y se desarrollará a partir de tres meses a contar desde el día de ayer, fecha de su publicación en el BOE. El día y el lugar exacto se conocerá en la primera semana de mayo, pero todo apunta a que el examen será a finales del mes de junio, según fuentes de Justicia. Es probable que en esta primera ocasión, debido al número de alumnos que deben presentarse a la prueba, ésta se lleve a cabo únicamente en una ciudad, según se desprende de la redacción del texto publicado ayer en el BOE.

Antes, los aspirantes a realizar la prueba de acceso tendrán, a partir de hoy, veinte días para presentar ante el secretario de Estado de Justicia una solicitud de participación en la evaluación, que será gratuita. Una vez finalice el plazo de presentación de candidatos, habrá diez días para subsanar posibles errores.

El examen, que tendrá una duración máxima de cuatro horas, estará compuesto por 75 preguntas, de las cuales, 50 serán de materias comunes y 25 corresponderán a un aspecto jurídico específico a elegir entre cuatro posibles: civil y mercantil; penal; administrativo y contencioso-administrativo; y laboral. Cada pregunta tendrá cuatro alternativas de respuestas, pero sólo una será la correcta. Según subraya el texto publicado ayer en el BOE, “la finalidad de la prueba es medir los conocimientos teórico-prácticos de los participantes acerca del ejercicio de la profesión de abogado”.

Materias La primera parte del examen -denominada A-, compuesta por 50 preguntas generales, está subdividida a su vez en dos apartados. El primero de ellos se referirá a 28 materias relacionadas con la deontología profesional, organización y ejercicio de la profesión de abogado. Por ejemplo, los alumnos podrían tener que responder cuestiones referentes a los conflictos de intereses, el código deontológio español, la organización colegial, los honorarios o la fiscalidad del abogado.

El otro apartado de la parte A del examen se basará en 15 materias relacionadas con cuestiones generales del derecho, el proceso y la asistencia letrada, como, por ejemplo, el sistema jurisdiccional de la Unión Europea, el poder judicial y la Administración de Justicia, el derecho a la tutela judicial efectiva o el turno de oficio.

Además, la prueba tendrá doce preguntas reserva para la sección A y dos por especialidad jurídica del apartado B, por si la comisión evaluadora anula alguna de las preguntas titulares, para garantizar que el cuestionario tenga siempre 75 preguntas.

Puntuaciones A la hora de la corrección, que llevará a cabo una comisión evaluadora que se formará dentro de los próximos 30 días, cada pregunta tendrá un valor de un punto, descontándose 0,33 puntos por cada respuesta incorrecta y no obteniendo ninguna puntuación negativa por las cuestiones no contestadas. El test se valorará sobre una escala de 0 a 75 puntos. Cinco días después de celebrarse el examen, el portal web del Ministerio de Justicia hará públicas las respuestas correctas.

La calificación final resultará de la media ponderada entre el 70% de la prueba y el 30% del curso de formación. La nota será de apto o no apto, y para aprobar habrá que conseguir un 5 de un total de 10 puntos. Cada aspirante recibirá sus resultados de forma individualizada y anónima. Los alumnos que no superen la prueba podrán presentarse a futuras ediciones.

Carlos García-León. Madrid

Los alumnos podrán elegir 25 preguntas del examen entre cuatro grandes prácticas jurídicas La fecha de examen no se fijará hasta mayo, una vez que se presenten todas las solicitudes

No se ha convocado el examen para los procuradores porque, según Justicia, en la actualidad aún no hay alumnos que hayan acabado el máster y cumplan todos los requisitos para presentarse a una prueba para el acceso a la procura

Los abogados y procuradores tendrán que superar un examen

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que regula el nuevo examen obligatorio de acceso a la
abogacía y la procura.
El real decreto reforma otro de 2011 que establecía que para comprobar si se poseía la formación necesaria para el ejercicio de ambas profesiones se debía realizar una prueba compuesta por dos partes: una de preguntas múltiples y otra consistente en la resolución de un caso práctico.
El nuevo real decreto fija que la prueba conste únicamente de una parte escrita de contestaciones o respuestas múltiples con preguntas teóricas y supuestos prácticos sobre situaciones reales a las que van a enfrentarse los futuros abogados y procuradores.
Según el Ministerio de Justicia, “de esta forma se garantiza un sistema coherente de evaluación de aptitud profesional que permitirá valorar con absoluta objetividad la formación obligatoria teóricopráctica, lo que beneficiará a los aspirantes al permitir una mayor agilidad en la calificación final y, por tanto, en la obtención de los títulos necesarios para ejercer la profesión para la que se han preparado”.
El real decreto que acaba de aprobar el Gobierno también reconsidera los porcentajes de ponderación entre la calificación obtenida en el curso de formación y la obtenida en la evaluación final, de tal forma que ésta no sea el único medio de evaluación, sino que forme parte de un conjunto de evaluaciones sucesivas.
El texto establece que la calificación final resultará de la media ponderada entre el 70% de la obtenida en la evaluación y del 30% de la obtenida en el curso de formación recibido –con anterioridad a esta reforma la nota del periodo lectivo representaba el 20% del total de la evaluación del primer ejercicio, la parte teórica-.
La convocatoria de la primera prueba se dará a conocer en próximos días, según confirma el Ministerio de Justicia, y según lo anunciado todo indica que la prueba tendrá lugar en torno al mes de junio.
El Gobierno también ha aprobado un paquete de medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial (P. 15). Además, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 (P. 10).
Por otra parte, el Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto por el que se pondrá en marcha el nuevo Plan PIMA Tierra 2014 que recoge incentivos a la compra de tractores nuevos a cambio de achatarrar uno antiguo y que contará con una dotación presupuestaria de 5,4 millones de euros.
Esta medida, impulsada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tiene el objetivo de renovar el parque de tractores en España por otros nuevos mas eficientes energéticamente y con menores emisiones

Demuesta cuanto vales

Pablo Olábarri, director del Centro de Estudios, ha sido el encargado de contar a los asistentes la importancia de estos
premios que, año tras año, buscan el fomento del Derecho empresarial y la excelencia de los jóvenes estudiantes que
están a punto de embarcarse en el mundo laboral.
En la segunda parte de la sesión, ha tenido lugar la resolución del caso práctico que tuvieron que resolver los participantes del año pasado. El ganador de 2013 fue Borja Sánchez Barroso, de la Universidad Pontificia Comillas-
ICADE, que realizó el mejor dictamen y defensa oral de los treinta candidatos seleccionados.
El próximo 31 de marzo finalizará el plazo para presentar las candidaturas y comenzarán las fases de selección y pruebas.
Seguro que los participantes afrontarán el reto dispuestos a demostrar lo mucho que valen.

Los Ministerios de Justicia y Educación incumplen su previsión de convocar el examen de acceso a la Abogacía poniendo a unos 700 graduados en “un bloqueo profesional sin precedentes”

El acceso a la profesión de Abogado a través de examen en España, para equilibrar conocimientos a la salida de las diferentes universidades, especializar a los graduados y equipararnos a los demás países de la Unión Europea sigue su errático periplo con un nuevo patinazo de la coordinación entre Ministerio de Justicia, de Educación, Abogacía y Estudiantes al fallar el cumplimiento de la única referencia segura de calendario de convocatoria: una respuesta parlamentaria, firmada por el Gobierno, donde se informaba de la “previsión” de que el examen se convocase en febrero para celebrarlo en mayo.

Quienes cayeron en la tentación de pensar que el colectivo “Abogados sin Toga” exageraba al poner de manifiesto su “limbo jurídico” por reunir los requisitos para acceder al examen de la abogacía, no tener noticia de su convocatoria, y por ello estar imposibilitados para acceder al mercado de trabajo de la profesión ahora tienen que reconocer que las peores previsiones de estos jóvenes se han cumplido.

Tal y como recordaba el Consejo General de la Abogacía Española a mediados de febrero, la evaluación de aptitud profesional debe ser convocada por los Ministerios de Justicia y Educación con periodicidad mínima anual, publicándose en el BOE con una antelación de tres meses a su celebración. “El retraso en publicar la convocatoria está frustrando las expectativas de cientos de graduados en Derecho que han superado el máster de acceso y que están pendientes de realizar la evaluación final para poder ejercer la Abogacía” decía en aquel momento, a la vez que pedía la convocatoria inmediata de la prueba. Dicha convocatoria sigue sin hacerse, provocando un daño a las expectativas de un consistente grupo de graduados en derecho, que han realizado el máster y las prácticas; amén del descrédito que sigue acumulando el nuevo acceso a la profesión, aún con numerosos puntos que clarificar más allá de la fecha de convocatoria en sí.

“Abogados sin Toga”

La iniciativa “Abogados Sin Toga”, que está congregando sostenedores conforme pasan las semanas está integrada por un grupo de tituladosen estudios de postgrado de acceso al ejercicio de la abogacía provenientes de la Universidad Carlos III, Autónoma de Madrid, Alcalá de Henares, San Pablo CEU, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Complutense y Pompeu Fabra que tienen las condiciones para hacer el examen de la abogacía, cuya ausencia de convocatoria y en este momento ya

completa incertodumbre les impide poder no sólo acceder al mercado del trabajo de la abogacía, sino programar su vida laboral. “En estos momentos no hay forma de acceder a la abogacía, después casi 6 años de estudio”, según afirman desde la plataforma.

La principal petición de “Abogados Sin Toga” es la eliminación del examen de acceso a la abogacía, “pero no por pereza o vagancia”, tal y como subrayan, sino por las siguientes circunstancias:
¦ a abundante formación obtenida con el Grado, Máster y Prácticas, y que antes de la entrada en vigor de la Ley (30 de octubre de 2011) se exigía para ejercer la abogacía 4-5 años de estudios, inferior a lo que han recibido los afectados que ahora mismo se encuentran imposibilitados para ejercer como abogados.
¦ La ausencia de información acerca del temario y fecha de examen.
¦ El incumplimiento de las previsiones del Gobierno a través del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; que documentaron en una respuesta parlamentaria del 16 de enero que en febrero se convocaría la prueba, con tres meses de antelación a su celebración (que sería en junio). ¿Quiere ver el documento que especifica la fecha?

El Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho pide paciencia

La semana pasada Alejandro Soto, presidente del CONEDE(Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho) afirmaba que “me consta que el Ministerio de Justicia está haciendo todo lo que está en su mano para acelerar la publicación de la reforma del Real Decreto que desarrolla la Ley 34/2006, de acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. El nuevo Reglamento debería estar publicado entre finales de febrero y principios de marzo. Se dará a conocer, igualmente, la estructura concreta del examen, que desde el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho propusimos en su momento y que gracias al apoyo de todos los agentes implicados en la reforma (CGAE, CGPE y Universidades) así como de la voluntad negociadora del propio Ministerio de Justicia, ha sido finalmente aprobada”

El Proyecto de Real Decreto que modifica al anterior Reglamento que desarrollaba la Ley 34/2006 está únicamente a la espera del informe del Consejo de Estado, que deberá emitirse en los primeros días del mes de marzo. Una vez publicado dicho Real Decreto, la primera convocatoria del examen debería

producirse inmediatamente después, a los efectos de poder celebrar la prueba en junio.

La reforma estructural de la nueva prueba nacional de acceso a la abogacía propuesta por el CONEDE supondría, en consonancia con el espíritu de especialización contenido en la Ley 34/2006, que la segunda parte del examen -tras la resolución de 40 preguntas tipo test- consista en la contestación a una batería de preguntas tipo test sobre una de las disciplinas jurídicas previamente seleccionadas por el graduado entre las correspondientes a los cuatros órdenes jurisdiccionales: civil, penal, administrativo o laboral.