Arranca el ‘LLM in International Transactions’ en la Universidad de Fordham en Nueva York

El LLM es una formación acorde con el actual entorno empresarial internacional, destinada a asociados de nuestra firma, que les brinda valiosas oportunidades de aprendizaje que contribuirán a su desarrollo personal y profesional en Garrigues.

Esta semana se ha inaugurado la tercera edición del LL.M. in International Transactions. El programa se desarrolla en el marco del International Training Program (ITP) de la firma y, a través del Centro de Estudios Garrigues, cuenta con la colaboración de la Universidad de Nebrija y la School of Law de Fordham University, una de las instituciones docentes más antiguas y prestigiosas de Estados Unidos.

Se trata de una formación acorde con el actual entorno empresarial internacional, destinada a asociados de nuestra firma, que brinda valiosas oportunidades de aprendizaje que contribuirán a su desarrollo personal y profesional en Garrigues. Cuenta con un equipo docente internacional formado por destacados académicos y expertos abogados en diferentes campos del derecho, así como otros profesionales de instituciones públicas y grupos multinacionales.

El programa ofrece una formación multidisciplinar de carácter jurídica y empresarial, así como en soft skills, necesaria para asesorar en la negociación e implementación de transacciones comerciales y corporativas, así como en la resolución de conflictos que de ellas se derivan. Esta formación es de carácter internacional pues muchas operaciones afectan a más de un ordenamiento jurídico y en las que se da una combinación del derecho civil continental con las instituciones del derecho anglosajón.

La formación ha comenzado con una primera etapa que se desarrolla en Nueva York (EE.UU.). Durante dos semanas intensivas los estudiantes asistirán a las clases impartidas en la School of Law de Fordham que les servirán para familiarizarse con el sistema legal norteamericano y las principales instituciones del derecho anglosajón.

El curso continúa con una formación online que se prolongará hasta el mes de abril en la que se estudian, desde una perspectiva comparada, aspectos teóricos y prácticos de diferentes áreas tales como el gobierno corporativo, insolvencia, derecho de la competencia, mercados financieros o privacidad. El LLM finaliza con un periodo presencial de varias semanas en el Centro de Estudios Garrigues en Madrid centrado en la resolución de casos prácticos multidisplinares y diversas ponencias sobre temas relevantes para un abogado internacional (técnicas de negociación, lobby & advocacy, herramientas TIC para abogados, tecnologías disruptivas que afectan a los abogados, transformación digital, etc.).

Las nuevas tecnologías y los derechos laborales

La ya generalizada utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el mundo laboral ha hecho surgir nuevos problemas en el ámbito de las relaciones laborales, sobre todo derivados del juego que los derechos fundamentales de los trabajadores (derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones) hayan de tener en los procedimientos empresariales establecidos para la vigilancia y control del uso de los medios informáticos puestos a disposición del trabajador (ordenadores, teléfonos celulares, tabletas), así como en supuestos de utilización de medios de vídeovigilancia aunque no estén relacionados directamente con la actividad laboral (medios que, establecidos para garantizar la seguridad de las instalaciones o para evitar hurtos de los productos comercializados por la misma, pueden sin embargo captar casualmente incumplimientos laborales  de los trabajadores).

Esta nueva realidad pone en cuestión, con mucha más intensidad que antes, la vigencia de los derechos fundamentales de los trabajadores en el seno de las empresas y en el desarrollo de sus actividades productivas. Derechos que les corresponden como ciudadanos (derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, al respeto de su dignidad) y no específicamente como trabajadores (como es el caso, sobre todo, de la libertad sindical y de sus diversas manifestaciones). Y hace reverdecer el debate, ya antiguo, sobre la vigencia de los derechos fundamentales en el seno de las organizaciones productivas. En la década de los setenta del pasado siglo, en el apogeo de ese debate, se acuñó una máxima que hizo fortuna, conforme a la cual la Constitución no puede pararse a la puerta de las fábricas, sino que debe garantizarse que los trabajadores conservan íntegros sus derechos fundamentales de ciudadanía aunque se integren en una organización empresarial que, lógicamente, tiene también sus exigencias de disciplina y de control.

La mayor parte de los ordenamientos ha dado hasta ahora una respuesta insuficiente, o no ha dado, como en el caso español, respuesta en absoluto a estos nuevos problemas. El uso de las redes corporativas de la empresa para comunicaciones sindicales, por ejemplo, o la utilización para fines particulares de los medios tecnológicos facilitados por la empresa (correo electrónico, internet, teléfono) y sus límites, no encuentran respuesta en nuestros textos legales. Piénsese que la norma básica ordenadora de las relaciones laborales en España, el Estatuto de los Trabajadores, sigue regulando como medio principal de comunicación sindical en la empresa, junto a las asambleas de trabajadores, ¡el tablón de anuncios! Tampoco la negociación colectiva, aunque más atenta a estas cuestiones y con ejemplos de regulación detallada de las mismas (sobre todo en convenios de grandes empresas), ha dado respuesta suficiente a la nueva problemática. Ha sido sobre todo la doctrina judicial la que, si bien de forma casuística, ha ido sentando una doctrina acerca de la compatibilización de los derechos de los trabajadores con las exigencias empresariales de ordenación de las actividades productivas y de control y vigilancia tanto del uso de los medios empresariales puestos a disposición de los trabajadores, como del cumplimiento de las instrucciones de la empresa.

¿Cuáles son los puntos fundamentales de esa doctrina (bien sintetizada en la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2018, que recoge también las construcciones al respecto del Tribunal Constitucional y comprueba su armonía, en este punto, con la jurisprudencia del TEDH, en particular en su reciente sentencia Barbulescu, de 5 de septiembre de 2017)? Ante todo, como principio general, hay que tener en cuenta que la utilización del ordenador en la empresa, aunque esté personalizada (incluso aunque se entregue un ordenador portátil a cada trabajador) queda dentro del ámbito del poder de vigilancia del empresario, que puede ejercer, en relación con el uso del ordenador, sus facultades de vigilancia y control de la actividad laboral. Las facultades empresariales, legalmente reconocidas y con fundamento constitucional en el artículo 38 CE, pueden pues ejercerse en estos ámbitos, si bien con respeto de la dignidad de los trabajadores. Ello implica el derecho empresarial a fijar las condiciones de uso de los medios informáticos facilitados por la empresa y a vigilar que esas condiciones se respetan por los trabajadores.

Los problemas más delicados surgen cuando se permite el uso para fines particulares de tales medios. O cuando simplemente se tolera un uso “razonable” de los mismos con fines particulares. En estos casos, las medidas de vigilancia y de control, que siempre han de ser razonables, han de tener especial cuidado de salvaguardar la esfera personal del trabajador y la intimidad de sus comunicaciones. Habrá que tener muy en cuenta las circunstancias concretas de cada caso y atender a las “expectativas razonables” que el trabajador pueda tener, en función de esas circunstancias, de encontrarse “al resguardo de la observación o del escrutinio ajeno”. Y habrá que distinguir si se trata de un control rutinario o general o si, por el contrario, viene determinado por indicios o sospechas concretas de actuación  desleal o contraria a la disciplina laboral o a los intereses empresariales del trabajador.

Por regla general, los controles empresariales han de superar un triple juicio de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad. La medida de control ha der idónea para la consecución de los fines legítimos perseguidos, ha de ser necesaria, en el sentido de que no exista otra menos intrusiva en la esfera del trabajador y proporcional a las circunstancias que la motivan. Los problemas se simplifican bastante cuando existe un protocolo empresarial (negociado con la representación laboral o establecido unilateralmente por la empresa), regulador del uso de los medios informáticos y de los instrumentos susceptibles de emplearse para controlar dicho uso. Aun así, se pone en cuestión, en estos casos, si, en atención a la realidad social imperante, una medida empresarial de prohibición absoluta de utilización con fines particulares puede considerarse proporcionada con independencia de las circunstancias que la motivan.

Las medidas empresariales de vigilancia y control que no respeten los principios indicados, pueden provocar que las pruebas de los incumplimientos laborales verificados a través de ellas, se consideren pruebas ilícitamente obtenidas y se consideren por tanto nulas. La doctrina judicial recurre con frecuencia a esta doctrina de los “frutos del árbol empozoñado” para anular las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales. Ahora bien, el TS, en la sentencia que hemos citado, si bien mantiene la nulidad de las pruebas ilícitamente obtenidas avala la figura del “hallazgo casual”, que legitima posteriores medidas de comprobación. Ese hallazgo casual invalida la aplicación de la doctrina de los frutos del árbol envenenado, máxime cuando las actividades posteriores de comprobación son selectivas y proporcionadas. Ahora bien, el hallazgo casual tropieza con más dificultades cuando el incumplimiento laboral se detecta a través de cámaras de videovigilancia cuyo uso a efectos de control laboral no estaba fijado o no se había comunicado a los trabajadores.  Estos son supuestos delicados; si bien puede sostenerse que los trabajadores tienen derecho a conocer la instalación de cámaras de grabación y su posible uso a efectos de control de las actividades laborales, existen casos (cámaras de seguridad con fines no laborales, que captan un hurto de mercancías o de efectivo por parte de trabajadores) en los que un hipergarantismo puede llegar a configurar una especie de “derecho a la intimidad para delinquir” que no parece que deba tener amparo constitucional.

El Centro de Estudios Garrigues acoge a los alumnos de la Pontificia Universidad Católica de Chile

La Pontificia Universidad Católica de Chile y el Centro de Estudios Garrigues han llegado a un acuerdo para el desarrollo de un programa internacional sobre derecho de los negocios.

Los alumnos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuya facultad de derecho ha sido reconocida como la mejor Facultad de Sudamérica por séptimo año consecutivo en el prestigioso ranking QS World University, asisten en el Centro de Estudios Garrigues a un programa que se centrará en el estudio de diversas materias relacionadas con la Práctica Internacional del Derecho de los Negocios.

De la mano de los mejores profesionales en cada campo jurídico, los estudiantes podrán disfrutar de diversas clases y actividades que les permitirán profundizar en los desafíos del asesoramiento jurídico internacional o los fundamentos del Derecho Europeo.  La formación continuará en días sucesivos con el estudio, tanto práctico como teórico, de materias como International M&A, arbitraje internacional, legislación corporativa internacional o fiscalidad internacional. A través de las diferentes sesiones, los participantes analizarán las cuestiones más controvertidas que afectan a las operaciones corporativas internacionales de mayor relevancia (fijación de precio en operaciones, fijación de garantías financieras, cláusulas contractuales, implicaciones fiscales, etc.).

Además, los alumnos de la universidad chilena verán enriquecida su estancia en Madrid con la visita a las instituciones más destacadas en las que se lleva a cabo la práctica jurídica en España (Tribunal Constitucional, la Corte Arbitral, la sede de La Bolsa y el Despacho Garrigues, entre otras).

El Centro de Estudios Garrigues, para hacer frente a las nuevas exigencias de la sociedad global,  mantiene un conjunto de relaciones académicas e institucionales con algunas de las más reconocidas instituciones internacionales, a las que ahora tiene el placer de sumar a la prestigiosa Pontificia Universidad Católica de Chile.

La Ministra de Justicia, Dolores Delgado, preside el acto de entrega de la XVIII edición del Premio Jóvenes Juristas

Copresidieron el acto el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso y el presidente ejecutivo de Garrigues, Fernando Vives

Juan Antonio Mancilla Álvarez, de la Universidad de Deusto, recibió el primer premio

El prestigioso premio Jóvenes Juristas promovido por el Centro de Estudios Garrigues, con la colaboración de Thompson Reuters y la Fundación Garrigues, celebró el pasado día 5 de septiembre el acto de entrega de premios de su XVIII edición.

El acto contó con la participación destacada de la Ministra de Justicia, Dolores Delgado, del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, del presidente ejecutivo de Garrigues, Fernando Vives, del presidente del consejo de redacción de Thomson Reuters, Javier Moscoso y del director del Centro de Estudios Garrigues, Félix Plaza,

Juan Antonio Mancilla Álvarez

Los tres primeros galardones recayeron sobre Juan Antonio Mancilla Álvarez (primer premio),  Marta Ramos Gómez (segundo premio) y Sandra Vila Holgado (tercer premio).

Gema Tomás Martínez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, universidad de procedencia del ganador del primer premio, recibió asimismo la correspondiente distinción, de manos de la ministra.

También fueron distinguidos los finalistas: Javier de Diego de Mingo,  Ignacio Felipe Rode, José Luis Fuentes Alcaide, Ander Gutiérrez Gárate, Jaume Hernández Hernández,  Ana Jiménez-Tuset Bernat, Paola Hidalgo Herrero, Paula Ortega Elena y José Ignacio Soto Trujillo.

Durante la ceremonia, que contó con la presencia de Antonio Garrigues Walker, Presidente de Honor de Garrigues, la Ministra de Justicia definió este premio como “el máximo reconocimiento que se puede hacer a los jóvenes juristas en España”; algo que, sin duda, supondrá un impulso importante a sus carreras profesionales. Además, instó a los jóvenes a seguir trabajando en la búsqueda de la excelencia.

El tribunal de esta exigente edición, a cuya fase final han accedido de 30 jóvenes, ha estado formado por los siguientes prestigiosos juristas: José Maria Alonso Puig (Presidente), Jorge Jaime de Fuentes Corripio, Alberto de Martín Muñoz, Jacobo Barja de Quiroga López, Eduardo María Valpuesta Gastaminza y José Ramón Martinez Jiménez (que ejerció las funciones de secretario).

Al acto también acudieron distinguidos representantes de las más prestigiosas universidades españolas.

La comprobación de valores en el Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha sentado recientemente jurisprudencia sobre un tema tradicionalmente controvertido como es el de los requisitos de la comprobación de valores. Y lo ha hecho a partir de dos sentencias de 23 de mayo de 2018, dictadas en los recursos de casación 1880/2017 y 4202/2017, seguidas de otras sentencias sobre el mismo asunto en las que el Alto tribunal se remite a aquellas dos iniciales, como las de 5 de junio de 2018 (recursos de casación núms. 1881/2017 y 2867/2017) y la sentencia de 13 junio de 2018 (recurso de casación núm. 2232/2017).

Aunque las controversias en torno a la comprobación de valores han dado lugar a una extensa jurisprudencia del Tribunal Supremo y a numerosas sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, las sentencias de 23 de mayo de 2018 se refieren a un aspecto más concreto, aunque no por ello menos trascendente, como lo es el sentido del método de comprobación a que se refiere el artículo 57 de la LGT, en la letra b) de su apartado 1. Como es sabido, este precepto admite que la comprobación del valor se lleve a cabo por estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal. Tal y como prevé a continuación el precepto, esa estimación puede consistir en la aplicación de coeficientes multiplicadores publicados por la Administración tributaria en los términos de los artículos 158.1 y 160 del Reglamento General de Gestión e Inspección Tributaria. Como en el caso de bienes inmuebles ese valor fiscal debe ser el valor catastral, distintas Comunidades Autónomas habían seguido el criterio de publicar normas de las Consejerías competentes dando publicidad a estos coeficientes por municipios sobre los valores catastrales y soportando en ellos la rectificación de los valores declarados por los contribuyentes en relación bien con el ITP-AJD o con ISD.

El Tribunal Supremo en las sentencias comentadas interpreta el artículo 57.1.b) de la LGT en un sentido tal vez ajeno a las razones que llevaron al legislador estatal a su reforma con ocasión de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal. Para el Alto Tribunal, hallándonos en el ámbito del ITP-AJD, cualquier actuación de comprobación del valor debe estar presidida por la búsqueda del valor real del bien inmueble transmitido. Ese valor real “[n]o arroja-no puede hacerlo-un guarismo exacto, único y necesario, sino una franja admisible entre un máximo y un mínimo”, pero, con este margen de incertidumbre, ese valor real sólo puede alcanzarse, a juicio de la Sala, teniendo en cuenta las circunstancias singulares y las características propias del bien, lo cual sería de por sí incompatible con el empleo de tablas, coeficientes o estimaciones globales. Sobre esta premisa, la Sala trata de conciliar lo que dispone una norma con rango de ley con su concepción de la comprobación de valores lo cual conduce a una interpretación conforme a la Constitución de los requisitos de estas actuaciones. La Sala, con el argumento de hallarnos en un impuesto concreto como el ITP-AJD, reprocha en realidad a la norma que haya tratado de soslayar la jurisprudencia histórica del  Tribunal Supremo sobre los requisitos de una comprobación de valores pericial, lo que a su juicio equivaldría a dejar en manos de la Administración “[l]a decisión sobre qué grado de cumplimiento de la jurisprudencia está dispuesta a aceptar”. Aunque el Alto Tribunal asume que la norma persigue la seguridad jurídica y la reducción de la litigiosidad, añade que estos “[b]uenos deseos es dudoso que puedan ser constitucionalmente legítimos cuando en su plasmación jurídica vienen a sustituir un sistema de comprobación individual, ad casum, por parte de funcionario experto y neutral, que la jurisprudencia exigía que fuera singular, motivada y basada en la observación directa de los bienes, por otro método de establecimiento universal e indistinto de valores para todo el municipio, desatento a las singularidades de tales bienes…”. De esta forma, el Tribunal Supremo no cuestiona solo la idoneidad de la concreta orden autonómica, por incumplir el deber de explicar la metodología seguida para llegar a los coeficientes. El Alto Tribunal cuestiona el acierto de la opción legal para servir como método de una verdadera comprobación del valor y exige de ésta que, cuando pretenda alcanzar el valor real de un bien, es decir conceptualmente siempre, complete la comprobación del valor una actividad comprobadora “directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo”.

Las sentencias comentadas merecen algunos comentarios adicionales. En primer lugar, estas sentencias contienen unos pronunciamientos adicionales de gran interés sobre la tasación pericial contradictoria. Por un lado, en contra de lo que suele sostener la Administración, parece sostenerse que esa tasación es siempre potestativa para el contribuyente. Por otro, desde luego, se afirma que en el proceso judicial contra la liquidación derivada de la comprobación el interesado puede valerse de cualesquiera medios de prueba admisibles en Derecho, hayan sido o no propuestos en la vía administrativa impugnatoria previa.

En segundo lugar, las sentencias de 23 de mayo de 2018 suponen, como en ellas se reconoce expresamente, un cambio de criterio y de jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así lo resalta el voto particular que acompaña a las sentencias que especialmente expresa su parecer contrario al apartamiento del criterio anterior sentado en las Sentencias de 6 de abril de 2017 (recursos de casación núms. 888/2016 y 1183/2016). En realidad, el voto particular que acompañaba a las sentencias de 2017 se convierte ahora en criterio de la mayoría. En el debate entre respeto a la doctrina sentada y cambio de la misma, el Alto Tribunal opta por esto último aprovechando unos recursos de casación en unos casos en los que más allá del debate doctrinal resaltan las limitaciones de la comprobación de valores ante trasmisiones con precios totalmente fiables que tienen lugar en 2012 en un municipio, Seseña, especialmente afectado por la crisis inmobiliaria entonces.

Tercero y por último: como en el cuento, después de todo la comprobación de valores todavía está ahí, con un grado de litigiosidad injustificado entre otras razones por las dificultades que entraña esta labor encomendada sobre todo a las Administraciones de las Comunidades Autónomas. El Tribunal Supremo rechaza ahora una pretendida solución, que seguirá en forma de tablas orientativas de valores en espera de que el legislador reforme la normativa de los impuestos afectados.

El Centro de Estudios Garrigues clausura el curso 2017/2018

El viernes 29 de junio, el Centro de Estudios Garrigues puso la guinda final a un curso repleto de novedades con la celebración del acto de clausura de la promoción 2017/2018 que tuvo lugar en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid.

El evento contó con la presencia de Álvaro Rengifo, presidente de AMREF España, además de Ricardo Gómez Barrera, Fernando Vives y Félix Plaza.

Después tuvo lugar la entrega de premios deportivos que corrió a cargo de Damián Quintero, campeón de España y del Mundo de kárate  y alumno del SBA, que hizo un emotivo discurso. El acto se cubrió minuto a minuto en las redes sociales dejando algunos mensajes para el recuerdo:

El centro comenzó el curso con la llegada de su nuevo director, Félix Plaza, y con la creación de nuevos títulos como el Curso Executive en Blockchain e Inteligencia Artificial, el Curso Executive Fintech, el Programa Executive en Corporate Compliance o el MBA en Fashion Business & Law.

Sobre el origen intelectual de blockchain (III). Más precursores próximos

Terminé el post anterior ocupándome de la figura de David Chaum y de cómo su proyecto DigiCash no suponía una verdadera ruptura con el dinero de curso legal tradicional. El salto disruptivo al respecto, aunque fuera en un plano todavía meramente teórico o especulativo, es atribuible a los siguientes dos personajes de esta historia.

El primero de ellos colaboró precisamente con David Chaum en la malograda empresa DigiCash. Se trata de un estadounidense con apellido de origen húngaro: Nick Szabo. Personaje polifacético: graduado en 1989 en ciencias de computación por la Universidad de Washington, criptógrafo y jurista. Además de trabajar en DigiCash, fue el diseñador de Bit Gold, un proyecto de divisa digital antecesora de Bitcoin y blockchain. De hecho, muchos han afirmado que la identidad real tras el seudónimo “Satoshi Nakamoto” –el creador de Bitcoin- es Szabo, algo que él siempre ha negado. Así, el escritor y periodista financiero británico Dominic Frisby afirma: “I’ve concluded there is only one person in the whole world that has the sheer breadth but also the specificity of knowledge and it is this chap…”. Incluso una subunidad de la criptomoneda Ether (la moneda de la plataforma Ethereum) ha sido bautizada con su nombre (el “szabo”).

La primera gran aportación de Szabo a nuestro tema fue un artículo publicado en una revista futurista y transhumanista californiana denominada Extropy en el año 1996 con el título “Smart contracts: building blocks for digital free markets”. En este visionario artículo Szabo, como informático, criptógrafo y a la vez jurista, se plantea cómo la combinación de Internet con los modernos protocolos criptográficos (criptografía asimétrica o de doble clave, sistemas de firma ciega como los ideados por Chaum, o de firma múltiple, protocolos de mixing) podría revolucionar el derecho tradicional de contratos, permitiendo que esa pieza jurídica básica que es el contrato y que es la base de toda nuestra economía de mercado pudiera estar a la altura de las exigencias del comercio on line. En este artículo se crea el concepto y la terminología –ahora mismo en boca de todos- “smart contract” o contrato inteligente: un programa informático mediante el cual se ejecutan de forma automática unas prestaciones que no sólo son convenidas sino además programadas, lo que da lugar a un contrato que se autoejecuta con la ayuda de la tecnología informática. Algo ideal precisamente para una contratación no sólo entre ausentes sino entre desconocidos, que no tienen ningún motivo para confiar entre sí. También encontramos por primera vez el término “smart property” o propiedad inteligente, que es el resultado de integrar un contrato inteligente en un objeto físico (un automóvil, la cerradura de una vivienda), de manera que la disposibilidad física de ese objeto también sea programable según los términos de un determinado acuerdo.

Este primer artículo sobre los smart contracts fue revisado y ampliado en una publicación del año 1997 con el título “Formalizing and securing relationships on public networks”. En este texto encontramos ya una alusión a la idea de una confianza distribuida, es decir, a cómo la intervención de varios agentes en el control y registro de una transacción es una garantía de seguridad y de protección contra el fraude.

Esta idea se desarrolla y empieza a ganar entidad en publicaciones posteriores como “Secure Property Titles with Owner Authority” del año 1998, un artículo en el que, ante los problemas de inseguridad y de discrecionalidad política que -sobre todo en países poco desarrollados- suscitan los sistemas de registro de propiedad centralizados, propone una base de datos de títulos de propiedad distribuida o replicada a través de una red pública (un sistema de registro que –nos dice- sería capaz de sobrevivir a una guerra nuclear). Se trata de la creación de una especie de club de propietarios por medio de Internet, que se conciertan para llevar el rastro de la propiedad de algún tipo de activo. El título de propiedad de cada uno sobre un objeto estaría autenticado con la firma electrónica del titular anterior y así sucesivamente formando una cadena. Y el registro de la cadena de títulos de la que resulta quién es el propietario actual de cada objeto se basa en un consenso de la mayoría de los participantes, dado que es improbable que todos se pongan de acuerdo para cometer un fraude. Como veremos, aquí está ya in nuce el sistema de registro de titularidad de Bitcoin.

Otro importante artículo en que estas ideas se desarrollan es “Advances in distributed security” del año 2003, donde Szabo nos propone desechar la pretensión de una seguridad absoluta imposible de alcanzar, para conformarnos con sistemas con una alta probabilidad de seguridad como la que proporciona la criptografía. En este contexto, plantea cuestiones como un time stamping o sellado de tiempo distribuido, el empleo de los hashes como forma de identificar los mensajes o archivos objeto del sellado de tiempo, la creación de redes de replicación “bizantino-resilientes”, etc.

Además de la preocupación por sistemas alternativos para asegurar el cumplimiento de contratos y el tracto de las propiedades haciendo uso de Internet, la programación informática y la criptografía, Szabo puso también su atención en el tema específico del dinero, yendo mucho más allá del planteamiento de David Chaum. Lo que preocupaba a éste, como vimos, era el tema de la privacidad: cómo la intermediación de las entidades financieras en nuestros pagos electrónicos proporciona a éstas el conocimiento de datos esenciales de nuestras vidas. Szabo se enfrenta a otra cuestión: el sometimiento del valor del dinero que usamos a la discrecionalidad de las autoridades políticas, es decir, el problema de la inflación discrecional. Aquí es donde incide su propuesta Bit Gold del año 1998, que es coetánea de una idea muy similar: b-money de Wei Dai.

Este Wei Dai es un criptógrafo graduado también en ciencias de la computación por la Universidad de Washington, que en el año 1998 publicó un texto muy breve con el título “B-money: an anonymous, distributed electronic cash system” en la Cypherpunks mailing-list y que sería citado como referencia en el whitepaper de Satoshi Nakamoto (no así obra alguna de Szabo). La motivación de este Dai, como buen criptoanarquista, era básicamente la opacidad de las transacciones dinerarias y la terminología resulta quizá excesivamente elocuente al respecto: “dinero b”. Como curiosidad, indicaré que la fracción mínima de la criptomoneda Ether se denomina “wei”, como homenaje a este precursor.

Lo que se plantean estas propuestas (que enlazan con las visiones más radicales del criptoanarquismo de Tim May al que Dai cita explícitamente en el comienzo de su artículo) no es representar en un nuevo formato electrónico el dinero de curso legal ya existente para facilitar o conseguir el anonimato de los pagos electrónicos, sino de reemplazar ese dinero de origen estatal por un nuevo dinero creado por los propios usuarios asistidos por la red y la criptografía. Esta pretensión –como vemos, de significado político mucho más radical, pues viene a cuestionar uno de los atributos claves de la soberanía estatal, la acuñación de moneda- plantea un problema que va más allá de lo que es un simple problema de registro contable para controlar la circulación del dinero, es decir, para evitar la doble disposición de un activo digital: la cuestión de cómo se controla la creación de este dinero, para evitar la discrecionalidad y para asegurar su escasez y que de alguna manera sea reflejo de una actividad o valor económico.

Wei Dai propuso una especie de subasta on line periódica entre los participantes en el sistema para fijar el monto de nuevas monedas digitales puestas en circulación.

El planteamiento de Szabo era diferente. Éste llevaba tiempo dándole vueltas a la idea de cómo conseguir que una simple cadena o string de bits (una determinada sucesión de ceros y unos) fuera algo en sí mismo valioso. Estaba buscando un objeto digital que pudiera funcionar como el oro. El instrumento que concibió para ello –que es, a su vez, una aplicación del algoritmo hashcash creado por Adam Back para prevenir el spam de correo electrónico, citado también por Nakamoto- fue una prueba de trabajo computacional (lo que se conoce como una proof-of-work) a cuya solución se le pudiera atribuir un significado económico similar al oro, por el esfuerzo y aplicación de recursos que requiere su extracción, en este caso, el empleo de ciclos de computación. Así, este dinero electrónico ideado por Szabo se gestiona mediante un programa en la red que propone a los participantes en el sistema un determinado reto o problema matemático. Este problema o puzzle matemático está relacionado con la función criptográfica conocida como hashing y sólo se puede resolver aplicando “fuerza bruta computacional”, es decir, probando con distintas cifras hasta obtener un resultado que cuadre. El resultado así obtenido, que tiene la forma de una determinada serie o string de bits, se convierte en la primera unidad monetaria del sistema, con la que el programa premia al participante que ha sido el primero en encontrarla, y que éste puede emplear para hacer pagos a otros usuarios y así esta unidad monetaria o sus fracciones empiezan a circular. Y, a su vez, esta primera string de bits que se obtiene como resolución del problema constituye el punto de partida del siguiente reto que el programa plantea a continuación. De esta manera, de forma periódica y programada, se van introduciendo nuevas unidades monetarias en el sistema.

Quizá este planteamiento fuera un tanto primitivo –deudor de una concepción metalista y por tanto materialista del dinero, como cosa que debe estar dotada de valor intrínseco y no como un simple símbolo de valor-, y también desacertado, porque el valor intrínseco que atribuimos al oro no deriva sólo de su escasez y dificultad de obtención, sino de sus cualidades intrínsecas como sustancia, lo que nunca se podrá decir de una ristra de ceros y unos por compleja que sea su obtención.

Esta idea de Bit Gold, como el b-money de Dai, nunca se llegarían a poner en práctica, pero constituyen los antecedentes más directos de Bitcoin.

Nº 1 en el Ranking El Mundo

De nuevo números 1 en el Ránking de El Mundo y Expansión 2018-2019

Los másteres del Centro de Estudios Garrigues ocupan el Nº 1 en este prestigioso Ránking en las categorías: Derecho Empresarial, Derecho Fiscal y Tributario, Práctica Jurídica Laboral,  Banca y Finanzas y Recursos Humanos.

La oferta formativa de posgrado del Centro de Estudios Garrigues se consolida así como la mejor opción del mercado para el estudio de las especialidades de Práctica Jurídica Empresarial, Práctica Jurídica Tributaria Práctica Jurídica Laboral, Banca y Finanzas y Recursos Humanos.

Esta rigurosa guía, elaborada anualmente por los diarios El Mundo y Expansión con la ayuda y opinión de más de 800 expertos, personal docente, estudiantes, antiguos alumnos y empresas, recoge, por especialidades, los 250 mejores programas de master, que han sido seleccionados entre más de 1000 opciones. Los resultados del ranking se obtienen tras el análisis pormenorizado de 25 criterios diferenciados entre los que se encuentran la calidad del personal docente, la adaptación de los contenidos del master a la realidad profesional, o la inserción laboral de los alumnos tras la culminación del master.

Es un orgullo para nosotros obtener un año más el reconocimiento que supone alzarse con el número uno en todas las categorías en las que nos presentamos en este ránking, éxito que queremos compartir con todas las personas que lo hacen posible y en especial con nuestros alumnos por la confianza que depositan en el Centro de Estudios Garrigues para la proyección de su carrera profesional.

Vanessa Izquierdo, directora académica del Centro de Estudios Garrigues, participa en el evento pionero Legal Millennials

Enfrentarse al mercado laboral y a la decisión de cómo orientar la carrera profesional al finalizar los estudios son problemas que atañen a cualquier estudiante. Debido a la gran variedad de posibilidades que ofrece el sector, este momento resulta más difícil si cabe si lo que se ha estudiado es Derecho.

Con el objetivo de ayudar a despejar todas las incógnitas, de la mano de la plataforma de conocimiento Bbrainers y del portal jurídico TodoJuristas.com, el pasado viernes 22 de junio tuvo lugar Legal Millenials, una novedosa feria orientada a los jóvenes y centrada en el talento.

A través de mesas redondas y otras actividades, el acto, que contó con la participación de los más destacados centros formativos del sector jurídico, asociaciones jurídicas, firmas de servicios y despachos, así como de profesores, catedráticos, abogados, opositores y otras figuras representativas del mundo de la abogacía, ofreció consejo para guiar los pasos de los casi doscientos jóvenes licenciados en Derecho que asistieron al evento en búsqueda de orientación para su recién estrenada carrera profesional.

“Queremos que el encuentro sea una alternativa complementaria a la formación habitual que refresque, inspire y motive a quienes empiezan a abrirse camino”, afirmó Delia Rodríguez, abogada emprendedora y creadora de la iniciativa BBrainers. Por su parte, Andrés Ruíz, creador del portal jurídico TodoJuristas.com señaló: “Legal Millennials sin duda supone un punto de encuentro para aquellas personas que tienen hambre de conocimiento y ganas de conectar con profesionales que puedan orientarles y guiarles desde su propia experiencia personal”

Más de 20 ponentes de gran prestigio en el sector, entre los que estuvo Vanessa Izquierdo, directora académica del Centro de Estudios Garrigues quien formó parte del panel En busca de mi primera oportunidad laboral, compartieron sus vivencias profesionales y ofrecieron su asesoramiento a los jóvenes asistentes, ayudándoles así a dar un paso certero y preciso en la construcción de su futuro profesional.

La nueva obligación de comunicación de los intermediarios fiscales

La Unión Europea ha aprobado finalmente y tras una tramitación especialmente rápida la Directiva por la que se obliga a los llamados intermediarios fiscales a suministrar determinada información sobre operaciones transnacionales con trascendencia fiscal. Nos referimos a la Directiva 2018/822, de 25 de mayo de 2018 (DOUE de 5 de junio), que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.

1.- Antecedentes de la Directiva

Algunos países habían ensayado fórmulas de comunicación de transacciones que podrían suponer una planificación fiscal agresiva. Fue el caso de Estados Unidos con su sistema de “tax shelter disclosure” o del Reino Unido con el llamado DOTAS o “disclosure of tax avoidance schemes”. Estas experiencias se  extendieron a otros países e inspiraron  la Acción 12 del proyecto BEPS, sobre las “mandatory disclosure rules”. En el informe final correspondiente, la OCDE invitaba al uso de estas fórmulas de comunicación de información, en relación con los “promotores” de esquemas estándar identificados mediante “hallmarks” o características listadas. La comunicación tendría la doble finalidad de proporcionar información inmediata a las Administraciones y de disuadir de la oferta de esquemas de planificación fiscal abusiva.

Recogiendo estas ideas del proyecto BEPS, la Comisión europea presentó una Propuesta de directiva el 21 de junio de 2017 y, tras el acuerdo político del ECOFIN de 13 de marzo de 2018, se llega al texto de la Directiva 2018/822 que presenta notables diferencias respecto del texto de la propuesta inicial especialmente a la hora de ampliar el ámbito subjetivo de la propia obligación de comunicación. La Directica supone una modificación de la Directiva 2011/16, sobre intercambio automático de información entre los Estados miembros en el ámbito de la fiscalidad y de ahí la denominación de aquélla como DAC6.

2.- Contenido de la Directiva.

El contenido de la Directiva puede resumirse fácilmente. Los llamados intermediarios fiscales deberán comunicar a su Administración tributaria determinada información sobre los mecanismos transfronterizos en los que intervengan, cuando tales mecanismos reúnan alguna de las características entre las listadas en la propia Directiva. Luego,  los Estados miembros intercambiarán esa información automáticamente y así conocerán pronto planificaciones abusivas o con riesgo de serlo.

La información ha de referirse a un mecanismo transfronterizo (“dispositifs” o “arrangements” en las versiones en lengua francesa o inglesa). Los mecanismos puramente domésticos, que no afectan a otro Estado, no están sujetos a un deber de comunicación, aunque un Estado miembro puede incluir unilateralmente tales operaciones en el ámbito de la comunicación obligatoria.

El concepto “mecanismo” no se define. Hay que entender que se trata de cualquier negocio u operación o conjunto de negocios. Y ese mecanismo estará sujeto a comunicación obligatoria cuando reúna alguna de las características o señas distintivas del nuevo Anexo IV en la Directiva 2011/16.  Estos “hallmarks” o señas distintivas parecen responder a diferentes objetivos. Las dos primeras de las cinco categorías de señas distintivas afectan a típicos esquemas de planificación fiscal estándar en los que suele mediar un propósito fiscal combinado con una retribución a la parte del promotor y una cláusula de confidencialidad. La tercera de las categorías apunta a mecanismos que conducen a una no imposición aprovechando ciertos regímenes fiscales incluida la ausencia de impuesto sobre sociedades en otro Estado o la aplicación por éste de un tipo cero “o casi cero”. La cuarta categoría trata de disuadir esquemas que afecten al intercambio internacional de información y la titularidad real. Y la última categoría pueda ser la más controvertida al referirse a cuestiones de precios de transferencia incluyendo mecanismos ligados a la transmisión de intangibles difíciles de valorar y a ciertas reorganizaciones entre sociedades del mismo grupo con transferencia de funciones, riesgos o activos, si el resultado de explotación (EBIT) anual previsto, durante los tres años posteriores, del ordenante o los ordenantes es inferior al 50 por 100 del EBIT anual previsto de no haberse realizado la transferencia.

Son los intermediarios de un Estado miembro, y no en principio los contribuyentes, los obligados a declarar. Y la Directiva recoge una noción muy amplia de intermediario. Lo es cualquier persona que diseñe, comercialice, organice, ponga a disposición para su ejecución un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información, o que gestione su ejecución. Pero también cualquier persona que sabe o cabe suponer que sabe que presta, directamente o por medio de otras personas, ayuda, asistencia o asesoramiento con respecto al diseño, comercialización, organización, puesta a disposición para su ejecución o gestión de la ejecución de un mecanismo transfronterizo. Cuando intervengan varios intermediarios, todos deben comunicar salvo prueba de que la misma información ya ha sido comunicada por otro de aquellos. El contribuyente interesado es el obligado a comunicar únicamente cuando no hay ningún intermediario pues el mecanismo se ha gestado y ejecutado en el seno de la empresa o cuando todos los intermediarios han quedado dispensados de esta obligación por las normas nacionales sobre secreto profesional.

La información a comunicar parece ceñirse a la identificación de las operaciones, sus características y el valor de las mismas.

3.- Conclusiones

Nos hallamos ante una Directiva trascendente en la corriente de revisión de las prácticas de planificación fiscal, pero que adolece de una imprecisión de partida pues mezcla la información, la prevención y la lucha contra el fraude fiscal sin aclarar los límites entre estas categorías y renunciando a cualquier intento de que el sistema que establece sirva para proporcionar mayor seguridad jurídica. A contrario, se advierte que la comunicación de esta información no sirve para obtener un grado de confianza previa sobre la validez que la Administración tributaria otorga a estos mecanismos. De esta manera, la Directiva puede tener una implantación confusa en los distintos Estados y curiosamente podría ayudar a la competencia fiscal entre éstos y suponer un obstáculo en el funcionamiento del mercado interior al dejar aparte los mecanismos puramente domésticos.

En el caso de España, la trasposición de la Directiva reavivará sin duda dos viejos problemas nunca resueltos: la noción de asesor fiscal y cuál es el sentido y el ámbito de su secreto profesional. Por otro parte, al diferenciar en cierto modo la llamada planificación fiscal afectará a la propia organización interna de la profesión.