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Dinero publico

¿Existe el dinero público?

Hace años hizo fortuna la afirmación, atribuida a una alta autoridad política, de que “el dinero público no es de nadie”. No se sabe con certeza si la cita es real y se produjo en esos términos, o si es apócrifa. El caso es que se vuelve con frecuencia sobre ella para criticar el planteamiento subyacente a una afirmación de ese tipo (la plena discrecionalidad de las autoridades que han de gestionarlo).

En contraste, se suele contraponer la idea de que el dinero público es de todos, y por tanto de su uso hay que rendir cuentas a todos, con las necesarias transparencia y diligencia. Recuerdo, de mi experiencia de gestión pública, que en ocasiones, cuando ponía reparos a un gasto cuya autorización se me proponía, mis interlocutores insistían en dos puntos: el primero, que el gasto de que se trataba era legal, esto es venía permitido por la ley, frente a lo cual les indicaba que no cuestionaba la legalidad (en caso contrario no habría ni que comentar el asunto) sino la oportunidad o la procedencia.

Esto es que el gasto aparte de resultar conforme a la ley tenía que tener una justificación, tenía que resultar procedente o adecuado. Entonces venía el segundo punto: ¿es que el dinero es tuyo? O lo que es lo mismo: que no se trata de tu dinero. La respuesta era fácil: claro que es mío, y de todos los ciudadanos, razón por la cual queda no solo excluida la arbitrariedad sino también muy severamente limitada la discrecionalidad en su uso.

Ahora quiero llevar la reflexión un poco más allá. La consideración del dinero público como res nullius no merece ya más que comentarios jocosos, y la idea de que los fondos públicos pertenecen a todos y han de ser objeto de un uso cuidadoso y de un severo control puede considerarse sólidamente asentada. Pero creo que hay que ir más allá y poner en cuestión el propio concepto de “dinero público”.

¿Existe el dinero público?

Para decirlo pronto y claro: no creo que exista el dinero público. Lo que existe es una gestión pública del dinero, que es cosa muy distinta. Todo el dinero es privado y proviene de los individuos y de las entidades que crean riqueza. Todavía en ocasiones se oye argumentar, en situaciones de crisis económica, que el dinero lo fabrica una máquina y que basta por tanto, ante crisis de liquidez, por ejemplo, fabricar más.

Un sindicalista francés consiguió cierta notoriedad hace algunos años defendiendo abiertamente que había que acabar con la crisis económica, y que si para ello hacía falta más dinero pues se imprimía más y asunto concluido. Pero la ortodoxia económica y fiscal, mal que bien, sigue funcionando y evitando derivas que conducen directamente a la ruina, como hemos visto en tantos casos.

Los responsables políticos no tienen una máquina para crear dinero; el dinero lo crea la sociedad, a través del desarrollo de las actividades económicas creadoras de riqueza. Una parte de la riqueza o del dinero creado por la sociedad se detrae de los ciudadanos y de las empresas (por medio de los mecanismos fiscales correspondientes) y se pone a disposición de los poderes públicos, a los que se les encomienda su gestión para asegurar los servicios que resultan necesarios para la vida en sociedad (incluyendo, con mayor o menor intensidad, un propósito redistributivo de la riqueza).

Gestión pública del dinero, que no dinero público

La cuestión no es baladí y las consecuencias prácticas de una u otra visión del tema pueden ser muy importantes. Pensemos, por ejemplo, en la Seguridad Social. En esencia, y perdón por la simplificación, la Seguridad Social consiste en el establecimiento por los poderes públicos de un conjunto de prestaciones que se aseguran a los ciudadanos que puedan verse en situación de necesidad. La pérdida de rentas, sobre todo, provisional (desempleo, incapacidad temporal) o definitiva (jubilación) se afronta mediante la garantía, a través de un sistema público, de prestaciones sustitutorias. Prestaciones, y sistema, que se financian por medio de las aportaciones de empresarios y trabajadores (a veces, como en el caso de los riesgos profesionales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, solo de los empresarios).

Esas aportaciones, obligatorias, son detraídas por los mecanismos correspondientes y puestas a disposición de las entidades gestoras del sistema. Con mucha frecuencia se habla (incluso por los organismos interventores y por el Tribunal de Cuentas) de fondos públicos o de fondos de la Seguridad Social, olvidando que son fondos que provienen de empresas y trabajadores y cuya gestión se encomienda, para el cumplimiento de los fines públicos establecidos, a la Seguridad Social. El matiz puede ser decisivo, como vamos a ver.

La colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de la Seguridad Social

Piénsese en la colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de la Seguridad Social. La normativa legal prevé que, para determinadas contingencias, como es el caso de los riesgos profesionales, las empresas que cumplan determinados requisitos pueden asumir por sí mismas el aseguramiento, de tal forma que se hacen responsables directamente de las prestaciones, a cambio de lo cual vienen eximidas de realizar las cotizaciones correspondientes. La lógica del sistema sería que la empresa asume el pago de las prestaciones (incluso directamente, con sus propios fondos, si se da una situación de  insuficiencia de las cotizaciones retenidas).A cambio de lo cual deja de cotizar por las mismas (si bien no retiene el 100% de las cotizaciones correspondientes, sino solo el 69%, siendo el 31% restante de necesaria aportación a la Seguridad Social para “el sostenimiento de los servicios comunes” y de “contribución a los demás gastos generales y a las exigencias de la solidaridad nacional”), y se beneficia de la eficiencia de la gestión.

Gestión eficiente frente a gestión ineficiente

Si esta es ineficiente o por cualquier causa las prestaciones superan el importe de las cotizaciones retenidas, la empresa debe hacer frente con sus propios fondos a dichas prestaciones, que en todo caso han de quedar aseguradas. Si la gestión es eficiente y la empresa (que ya ha aportado un 31%, no se olvide, a la Seguridad Social para sostenimiento de servicios comunes y gastos generales) obtiene ahorros una vez cubiertas todas las prestaciones (y alimentado el fondo de estabilización que viene exigido), debe poder beneficiarse de dicho ahorro.

Quienes piensan que el dinero manejado por las empresas autoaseguradoras es dinero de la Seguridad Social, que esta pone a su disposición para que colaboren en la gestión de los riesgos profesionales, sostendrán que los excedentes que puedan generarse son de la Seguridad Social. Si se sostiene que los fondos no son originariamente, por así decirlo, de la Seguridad Social sino que se le confía la gestión de los mismos, una vez aportados por las empresas, para el cumplimiento de los fines públicos establecidos, podrán aceptar que si parte de esos fondos aportados por las empresas no se aporta, asumiendo ellas la responsabilidad por las prestaciones (total, ya que han de quedar garantizadas sean o no suficientes los fondos retenidos), los posibles excedentes que se produzcan como consecuencia de la eficiencia en la gestión, deben ser atribuidos a esas mismas empresas (que ya han aportado un 31% de las cotizaciones correspondientes a las prestaciones cuya gestión se asume, a la Seguridad Social y que han de constituir una reserva de estabilización).

Este es un debate al que asistiremos más pronto o más tarde, y que depende, en última instancia, de si aceptamos que el dinero es público o defendemos que solo hay una gestión pública del dinero (siempre privado y no público).

La nueva fiscalidad en la economía digital

El  pasado 8 de mayo el Centro de Estudios Garrigues celebró el workshop La nueva fiscalidad en la economía digital en el que destacados profesionales abordaron los nuevos aspectos tributarios que afectan y afectarán a las empresas que operan en modelos de negocio, o a través de canales, basados en la nueva economía digital.

 La jornada contó con la participación, entre otros, de Jaime Mas Hernández, Coordinador de área de la Subdirección General de Fiscalidad Internacional de la Dirección General de Tributos, quien disertó sobre la situación actual de los trabajos de la Unión Europea sobre economía digital y Felipe Rubio, Inspector Coordinador de Fiscalidad Internacional de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI), sobre economía digital y relación cooperativa.

Ricardo Gómez, Socio de Garrigues especialista en asesoría tributaria a entidades financieras y grupos multinacionales y en fusiones y adquisiciones, cerró la jornada con una ponencia sobre: La función del asesor fiscal en el nuevo entorno de la Economía Digital, antes de dar paso a la mesa redonda, moderada por Luis Manuel Viñuales (socio de Garrigues experto en fiscalidad internacional), en la que participaron Ricardo Gómez, Felipe Rubio y Mario Ortega (socio de Garrigues experto en precios de transferencia).

 

 

 

 

Fiscalidad de la economía digital: el paquete europeo.

El 21 de marzo pasado la Comisión Europea ha publicado un conjunto de propuestas normativas y medidas sobre la fiscalidad de la economía digital, mediante el que trata de fijar una posición de partida en la negociación internacional esperada sobre esta cuestión, cuando la OCDE ha preferido reconocer la ausencia de un consenso suficiente.

Este paquete incluye fundamentalmente dos propuestas de directiva. Por un lado, encontramos una propuesta de Directiva por la que se establecen normas relativas a la fiscalidad de las empresas con una presencia digital significativa. Por otro, se anuncia una propuesta de Directiva relativa al sistema común del impuesto sobre los servicios digitales que grava los ingresos procedentes de la prestación de determinados servicios digitales. Es decir, hallamos una propuesta de Directiva por la que se prevé la creación de un nuevo impuesto en cada Estado miembro que grave los ingresos procedentes de tales servicios, como solución transitoria mientras no sea posible la aprobación de la Directiva sobre la presencia digital significativa, por falta de consenso a nivel europeo o a nivel internacional. El paquete se completa con una Recomendación de la Comisión aprobada el mismo 21 de marzo, por la que se sugiere a los Estados que incorporen a sus convenios de doble imposición con terceros Estados los principios y criterios que guían a nivel de la Unión la idea de presencia digital significativa. Y todo ello se cierra con una Comunicación de la Comisión al Parlamento de la Unión y al Consejo acerca de los antecedentes y razones de la reforma propuesta.

De esta manera, la Comisión Europea da un paso más en su objetivo político de lograr una armonización del impuesto sobre sociedades y se anticipa en este debate global al proponer un plan en dos etapas. Ante la falta de un consenso sobre la tributación de estas rentas, la Comisión propone la aplicación en un primer momento de un impuesto que grava en realidad ingresos a un tipo del 3 por 100. Este nuevo Impuesto sobre los servicios digitales (ISD) gravaría los ingresos procedentes de la prestación de ciertos servicios digitales y sólo cuando son prestados por ciertas entidades con un volumen de negocio relevante. En concreto, son servicios imponibles, en la terminología de la Directiva, los prestados a través de un interfaz digital que tengan carácter publicitario o que permitan localizar a otros usuarios o interactuar con ellos, así como la transmisión de los datos recopilados acerca de los usuarios que hayan sido generados por actividades desarrolladas por dichos usuarios en los interfaces digitales. Tales servicios son imponibles cuando el proveedor es una entidad con un total de ingresos mundiales que supere los 750 millones de euros y con unos ingresos imponibles en la Unión que excedan de 50 millones de euros.

Sin embargo, la Comisión reconoce que este impuesto constituye una solución provisional y propone al mismo tiempo una Directiva sobre la tributación en el impuesto sobre sociedades de aquellas empresas con una presencia digital significativa, una noción que supone una reconfiguración ad hoc de la vieja noción de establecimiento permanente.

Esta propuesta de Directiva asume que la aplicación de las actuales normas del impuesto sobre sociedades a la economía digital “ha dado lugar a un desajuste entre el lugar donde tributan los beneficios y el lugar en el que se crea el valor”. En consecuencia, se reconoce con claridad que sería necesaria una reforma de los principios de la fiscalidad internacional para adaptarlos a una economía en la que son fundamentales los activos intangibles y el valor de los datos y siempre con el objetivo de gravar la renta donde se genera la riqueza. Se admite que los esquemas tradicionales impiden gravar la renta de un no residente en ausencia de una presencia física de éste y se reconoce que los principios por los que se rige el sistema de precios de transferencia conducen a una infravaloración de las funciones y riesgos asociados a la economía digital. Ni siquiera los criterios de la BICC servirían para lograr que los Estados donde se hallan los usuarios de la economía digital puedan ver reconocida una participación mayor en el gravamen de las rentas derivadas de esta nueva economía.

Ante este reto, la propuesta de Directiva ofrece la idea de esta “presencia digital significativa”, como nuevo supuesto que amplía el concepto de establecimiento permanente. Sin embargo, éste sólo atrae las rentas derivadas, no de la economía digital, sino de la prestación de ciertos servicios digitales, los prestados a través de Internet o de una red electrónica y que, por su naturaleza, están esencialmente automatizados y requieren una intervención humana mínima, y que no puedan prestarse sin tecnología de la información. La propuesta detalla una serie de servicios incluidos en esta noción como el suministro de productos digitalizados en general, los que permitan o apoyen la presencia de particulares o empresas en una red electrónica o los generados automáticamente desde un ordenador, a través de Internet o de una red electrónica, en respuesta a una introducción de datos específicos efectuada por el cliente, así como los enumerados en el anexo II. En cambio, los servicios digitales no incluirán los enumerados en el anexo III, que afecta esencialmente a servicios prestados a través de Internet, o la venta de bienes u otros servicios facilitados por el uso de Internet.

Esta presencia digital significativa exige también que se alcancen unos umbrales cuantitativos, destacando un número de usuarios superior a 100.000 o un número de contratos entre empresas para la prestación de tales servicios digitales superior a 3.000, en ese Estado miembro.

La propuesta de Directiva no sólo altera la noción de establecimiento permanente sino que reconoce que el problema se halla también, o sobre todo, en las reglas de atribución de rentas y por ello, establece reglas propias para tal atribución en este caso, incluyendo entre los riesgos y funciones las actividades significativas desde el punto de vista económico a través del interfaz digital, sobre todo en relación con datos o usuarios o que sean relevantes para la explotación de los activos intangibles de la empresa.  El beneficio imputable se calculará aplicando preferentemente el método de distribución del beneficio.

En suma, uno de los principales problemas de este paquete fiscal no es otro que la falta de consenso o acuerdo internacional que hace muy difícil aplicar estos principios y conceptos en las relaciones de los Estados Miembros con terceros países. En este sentido, la Recomendación de la Comisión resulta muy voluntarista al pretender incorporar esta solución en tales relaciones con terceros países a través de la negociación de los convenios de doble imposición que, por otra parte, se admite que en otro caso prevalecerían impidiendo aplicar una solución global armónica. Y para alcanzar esa solución en el marco de la OCDE o en otro al efecto, nos hallaremos con los obstáculos derivados de los diferentes intereses de los países afectados, según la tipología de sus empresas.

Economía Digital y Fiscalidad

Recientemente ha resurgido el debate en torno a las consecuencias de la economía digital en la fiscalidad o, tal vez mejor, en cuanto a la forma de adaptar la fiscalidad internacional a la digitalización de la economía. De esta manera, el Comisario Moscovici ha declarado que la Comisión europea presentará en marzo sus nuevas propuestas al respecto, en línea con declaraciones similares realizadas desde la Administración francesa.

Esta preocupación por las consecuencias de la digitalización de la economía no es nueva. Prescindiendo de precedentes anteriores, como los trabajos de la OCDE sobre el establecimiento permanente digital y, luego, el informe francés Collin/Colin de 2013, los hitos más relevantes en este debate serían los siguientes:

  1. En primer lugar, el proyecto BEPS de la OCDE dedica la acción 1 a estos retos de la economía digital. El informe final de octubre de 2015 no fue especialmente preciso a la hora de ofrecer soluciones, pero introdujo ya el marco del debate en la medida en que asumió esta necesidad de responder a las consecuencias de la digitalización bien en el terreno de la noción de establecimiento permanente, aceptando la idea de “significant economic presence” o bien mediante la creación de figuras tributarias novedosas, en forma de nuevos supuestos de “withholding tax” o de impuestos sobre determinadas operaciones para compensar la menor tributación de las compañías especialmente volcadas hacia la economía digital.

En 2017, la OCDE la lanzado una nueva fase de esta reflexión a partir del documento publicado el 22 de septiembre que debe dar lugar a un informe especifico próximamente.

  1. La Comisión Europea, por su parte, publicó el 21 de septiembre de 2017 su Comunicación sobre un sistema tributario justo y eficaz en la Unión Europea para el Mercado Único Digital.

Esta Comunicación guarda relación con el paquete IVA lanzado en 2017 que ha incluido el anuncio en diciembre de 2017 de un nuevo sistema en IVA para las ventas transfronterizas on line.

  1. Finalmente, distintos países de la Unión Europea han aprobado medidas o publicado documentos relevantes. Así, la reforma de la legislación italiana, con efectos 1 de enero de 2018, ha significado la ampliación de la noción de establecimiento permanente, con el fin de que alcance presencias económicas sin respaldo físico, y el gravamen de ciertos servicios prestados digitalmente. Por último, el Tesoro del Reino Unido publicó en noviembre de 2017 un detallado “position paper” que reviste un especial interés.

Ahora bien, ¿qué significa a grandes rasgos este movimiento hacia una adaptación de la fiscalidad a la economía digital? Si atendemos a las razones de la Comisión Europea, las reglas actuales no responden a la realidad económica presente y dan lugar a que ciertas grandes compañías tecnológicas no paguen los impuestos que debieran. En consecuencia, la fiscalidad internacional debe permitir gravar la renta allí donde se genera. Esta perspectiva ha permitido centrar el debate en la fiscalidad directa, aunque siempre se ha pensado que el tratamiento de la económica digital exige una visión global que tenga en cuenta tanto los impuestos directos sobre la renta de las compañías como los indirectos y, en particular, el IVA sobre el consumo de bienes o servicios digitales o prestados digitalmente. Por otra parte, aquel enfoque ha ocultado la mayor complejidad que encierra el problema.

Cuando la Comisión Europea acepta en su citada Comunicación que la digitalización afecta a todas las empresas, pero en diversos grados, admite que en realidad sus propuestas se dirigirán a ciertos modelos empresariales en particular que la propia Comunicación enumera: básicamente plataformas de intermediación en ventas minoristas, medios sociales, servicios digitales audiovisuales y la llamada economía colaborativa. Ante estos sectores, se pretende alterar las reglas que determinan la potestad tributaria de cada Estado introduciendo la noción de presencia comercial significativa, aun sin presencia física, y sobre todo las reglas para calcular la tributación que corresponde a cada Estado. Más allá de aprovechar la ocasión para ofrecer la Base Imponible Consolidada Común como solución global, la Comisión acepta las dificultades de la tarea, los inconvenientes de las soluciones unilaterales y la conveniencia de ofrecer soluciones alternativas a la ampliación de la noción de establecimiento permanente, soluciones tales como un impuesto compensatorio sobre ingresos insuficientemente gravados, una retención sobre los ingresos de ciertas transacciones o un impuesto específico.

Ciertamente, como reconoce el documento o “position paper” del Gobierno británico, el debate actual cuestiona en realidad la validez de las reglas establecidas hace un siglo, pero lo hace sólo en cierta medida o en la medida en la que tales reglas producen ahora efectos rechazados por injustos para ciertos países. Frente a lo que se dice a veces no se trata de que las compañías tributen donde venden, pues ahora, como entonces, la mayoría de los Estados sostiene que una compañía debe tributar donde diseña, produce y comercializa sus productos con independencia de donde se hallen sus clientes o consumidores. Lo que sucede es que este principio, que sigue estando en el núcleo del consenso, se ve injusto o inadecuado cuando se trata de la fiscalidad de ciertas actividades basadas, y aquí las posiciones varían según cada país,  en el aprovechamiento de datos de sus usuarios, en servicios de publicidad digital dirigidos a esos usuarios desde otra jurisdicción o en ciertas plataformas digitales de intermediación. Y, además, las cuestiones anteriores han de verse a la luz de aquellos otros problemas derivados de la aplicación de los viejos principios sobre precios de transferencia, cuando se trata de determinar qué parte de la renta corresponde a ciertos intangibles, sobre todo cuando estos se hallan en jurisdicciones de baja tributación.

En suma, la dificultad estriba ahora en cómo justificar esta diferenciación de la fiscalidad de ciertas actividades y cómo hacerlo al gusto de las distintas posiciones de los Estados afectados.