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Félix Plaza participa en la Jornada de Derecho Deportivo organizada por Lawyerpress y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

El director del Centro de Estudios Garrigues asistió como ponente a la jornada sobre Derecho Deportivo que se celebró en el salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid con motivo de la presentación del libro “Derecho Deportivo. Una radiografía en sus aspectos más cruciales”.

El volumen, prologado por José María Alonso, decano del Ilustre Colegio Abogados de Madrid, recoge 25 artículos de los principales despachos y profesionales del Derecho Deportivo, entre los que se incluye el artículo de Félix Plaza, socio de Garrigues, “Los derechos de traspaso y la tributación por la adquisición de jugadores a clubes extranjeros, una cuestión controvertida”.

Durante la jornada, que contó con la participación de los principales juristas especializados en esta área del derecho, se celebraron diversas mesas redondas como la titulada “La fiscalidad en el deporte, en la picota” en la que participó Félix Plaza, director MBA in Sports Business & Law y del Programa Executive en Gestión Deportiva SBA Sport Business Administration.

La nueva obligación de comunicación de los intermediarios fiscales

La Unión Europea ha aprobado finalmente y tras una tramitación especialmente rápida la Directiva por la que se obliga a los llamados intermediarios fiscales a suministrar determinada información sobre operaciones transnacionales con trascendencia fiscal. Nos referimos a la Directiva 2018/822, de 25 de mayo de 2018 (DOUE de 5 de junio), que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.

1.- Antecedentes de la Directiva

Algunos países habían ensayado fórmulas de comunicación de transacciones que podrían suponer una planificación fiscal agresiva. Fue el caso de Estados Unidos con su sistema de “tax shelter disclosure” o del Reino Unido con el llamado DOTAS o “disclosure of tax avoidance schemes”. Estas experiencias se  extendieron a otros países e inspiraron  la Acción 12 del proyecto BEPS, sobre las “mandatory disclosure rules”. En el informe final correspondiente, la OCDE invitaba al uso de estas fórmulas de comunicación de información, en relación con los “promotores” de esquemas estándar identificados mediante “hallmarks” o características listadas. La comunicación tendría la doble finalidad de proporcionar información inmediata a las Administraciones y de disuadir de la oferta de esquemas de planificación fiscal abusiva.

Recogiendo estas ideas del proyecto BEPS, la Comisión europea presentó una Propuesta de directiva el 21 de junio de 2017 y, tras el acuerdo político del ECOFIN de 13 de marzo de 2018, se llega al texto de la Directiva 2018/822 que presenta notables diferencias respecto del texto de la propuesta inicial especialmente a la hora de ampliar el ámbito subjetivo de la propia obligación de comunicación. La Directica supone una modificación de la Directiva 2011/16, sobre intercambio automático de información entre los Estados miembros en el ámbito de la fiscalidad y de ahí la denominación de aquélla como DAC6.

2.- Contenido de la Directiva.

El contenido de la Directiva puede resumirse fácilmente. Los llamados intermediarios fiscales deberán comunicar a su Administración tributaria determinada información sobre los mecanismos transfronterizos en los que intervengan, cuando tales mecanismos reúnan alguna de las características entre las listadas en la propia Directiva. Luego,  los Estados miembros intercambiarán esa información automáticamente y así conocerán pronto planificaciones abusivas o con riesgo de serlo.

La información ha de referirse a un mecanismo transfronterizo (“dispositifs” o “arrangements” en las versiones en lengua francesa o inglesa). Los mecanismos puramente domésticos, que no afectan a otro Estado, no están sujetos a un deber de comunicación, aunque un Estado miembro puede incluir unilateralmente tales operaciones en el ámbito de la comunicación obligatoria.

El concepto “mecanismo” no se define. Hay que entender que se trata de cualquier negocio u operación o conjunto de negocios. Y ese mecanismo estará sujeto a comunicación obligatoria cuando reúna alguna de las características o señas distintivas del nuevo Anexo IV en la Directiva 2011/16.  Estos “hallmarks” o señas distintivas parecen responder a diferentes objetivos. Las dos primeras de las cinco categorías de señas distintivas afectan a típicos esquemas de planificación fiscal estándar en los que suele mediar un propósito fiscal combinado con una retribución a la parte del promotor y una cláusula de confidencialidad. La tercera de las categorías apunta a mecanismos que conducen a una no imposición aprovechando ciertos regímenes fiscales incluida la ausencia de impuesto sobre sociedades en otro Estado o la aplicación por éste de un tipo cero “o casi cero”. La cuarta categoría trata de disuadir esquemas que afecten al intercambio internacional de información y la titularidad real. Y la última categoría pueda ser la más controvertida al referirse a cuestiones de precios de transferencia incluyendo mecanismos ligados a la transmisión de intangibles difíciles de valorar y a ciertas reorganizaciones entre sociedades del mismo grupo con transferencia de funciones, riesgos o activos, si el resultado de explotación (EBIT) anual previsto, durante los tres años posteriores, del ordenante o los ordenantes es inferior al 50 por 100 del EBIT anual previsto de no haberse realizado la transferencia.

Son los intermediarios de un Estado miembro, y no en principio los contribuyentes, los obligados a declarar. Y la Directiva recoge una noción muy amplia de intermediario. Lo es cualquier persona que diseñe, comercialice, organice, ponga a disposición para su ejecución un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información, o que gestione su ejecución. Pero también cualquier persona que sabe o cabe suponer que sabe que presta, directamente o por medio de otras personas, ayuda, asistencia o asesoramiento con respecto al diseño, comercialización, organización, puesta a disposición para su ejecución o gestión de la ejecución de un mecanismo transfronterizo. Cuando intervengan varios intermediarios, todos deben comunicar salvo prueba de que la misma información ya ha sido comunicada por otro de aquellos. El contribuyente interesado es el obligado a comunicar únicamente cuando no hay ningún intermediario pues el mecanismo se ha gestado y ejecutado en el seno de la empresa o cuando todos los intermediarios han quedado dispensados de esta obligación por las normas nacionales sobre secreto profesional.

La información a comunicar parece ceñirse a la identificación de las operaciones, sus características y el valor de las mismas.

3.- Conclusiones

Nos hallamos ante una Directiva trascendente en la corriente de revisión de las prácticas de planificación fiscal, pero que adolece de una imprecisión de partida pues mezcla la información, la prevención y la lucha contra el fraude fiscal sin aclarar los límites entre estas categorías y renunciando a cualquier intento de que el sistema que establece sirva para proporcionar mayor seguridad jurídica. A contrario, se advierte que la comunicación de esta información no sirve para obtener un grado de confianza previa sobre la validez que la Administración tributaria otorga a estos mecanismos. De esta manera, la Directiva puede tener una implantación confusa en los distintos Estados y curiosamente podría ayudar a la competencia fiscal entre éstos y suponer un obstáculo en el funcionamiento del mercado interior al dejar aparte los mecanismos puramente domésticos.

En el caso de España, la trasposición de la Directiva reavivará sin duda dos viejos problemas nunca resueltos: la noción de asesor fiscal y cuál es el sentido y el ámbito de su secreto profesional. Por otro parte, al diferenciar en cierto modo la llamada planificación fiscal afectará a la propia organización interna de la profesión.

La difícil deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de la remuneración de los consejeros ejecutivos de sociedades mercantiles

Desde que el Tribunal Supremo patrocinó la llamada “teoría del vínculo” mediante la denominada “sentencia Huarte” (STS, Sala 4ª – de lo Social- de 29 de septiembre de 1988) y, en particular, desde las sentencias posteriores que matizaron y confirmaron esta primera decisión (SSTS Sala 4ª, de 3 de junio de 1991 y 27 de enero de 1992), en nuestro sistema jurídico se entiende que el vínculo mercantil —que une a los consejeros ejecutivos que desarrollan a la vez funciones de alta dirección— absorbe al vínculo laboral que el alto directivo pudiera haber formalizado con la misma empresa. Así, a partir de ese momento los tribunales del orden social se manifestaron incompetentes para entender de las controversias planteadas por los administradores ejecutivos, pese a que formalmente hubieran sido contratados como altos directivos.

Con fundamento en dicha doctrina jurisprudencial, la Sala 3ª -de lo Contencioso-Administrativo- del Tribunal Supremo, en sus denominadas “Sentencias Mahou”, de 13 de noviembre de 2008 (números 7.057/2008 y 7.068/2008), fijó el criterio de no deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de las remuneraciones de los administradores de las sociedades que no cumplieran los requisitos establecidos por la normativa mercantil, tales como la obligatoriedad, la fijación en los estatutos del carácter retribuido del cargo y el sistema concreto de retribución indicando su cuantía.

Con posterioridad, las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 21 de febrero de 2013, 26 de septiembre de 2013, y 5 de febrero de 2015, entre otras, confirmaron este criterio considerando que a falta de previsión estatutaria, la retribución percibida por un administrador es una liberalidad y por ende, no procede su deducibilidad fiscal.

Dicho criterio reiterado del Tribunal Supremo ha sido plenamente asumido por la Administración Tributaria y por el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC). Como muestra de ello, se recoge a continuación el criterio seguido por el TEAC, entre otras, en dos de sus Resoluciones:

TEAC 06-02-2014 (Unificación de criterio):

En el supuesto de que se satisfagan retribuciones a los administradores, cuyo cargo sea gratuito según las disposiciones estatutarias, por la prestación de servicios de dirección, dichas cuantías tienen la consideración de gastos no deducibles con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14.1.e) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, siendo sólo compatible la relación de carácter laboral por las funciones de gerencia o dirección con la de carácter mercantil del cargo de administrador, cuando las funciones que se realizan por razón de la primera sean distintas de las que llevan a cabo por razón del último cargo y se trate de una actividad específica diversa; en otro caso, ambas relaciones (la mercantil y la laboral) son incompatibles, debiendo prevalecer la calificación mercantil, y sólo se podrán percibir remuneraciones por dicha función cuando esté previsto en los estatutos sociales el carácter remunerado del cargo.

TEAC 05-07-2016:

Cuando resulte acreditado que las únicas funciones que realiza un administrador, además de las propias de la relación mercantil, son las tareas propias de un director gerente, debe prevalecer la calificación mercantil, no teniendo la consideración de gasto deducible la retribución que perciba por dicha función de dirección o gerencia de no estar prevista en los Estatutos Sociales remuneración del cargo de administrador.

No obstante lo hasta aquí expuesto, tanto la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modificó la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, como la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, introdujeron modificaciones relevantes en esta cuestión con efectos 1 de enero de 2015, que la doctrina interpretó que flexibilizaban los requisitos exigidos hasta el momento.

De un lado, el nuevo artículo 249 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) señala lo siguiente:

“3. Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión.

4. En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato.

El contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general.”

Por otra parte, el artículo 15 de la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) establece que:

“No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles:

a)………………………..

e) Los donativos y liberalidades.

No se entenderán comprendidos en esta letra e) los gastos por atenciones a clientes o proveedores ni los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa ni los realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios, ni los que se hallen correlacionados con los ingresos.

No obstante, los gastos por atenciones a clientes o proveedores serán deducibles con el límite del 1 por ciento del importe neto de la cifra de negocios del período impositivo.

Tampoco se entenderán comprendidos en esta letra e) las retribuciones a los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, u otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad.

f) Los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.”

Como resultado de las dos reformas (mercantil y fiscal) tanto por parte de la doctrina de forma mayoritaria, como por la Dirección General de los Registros y del Notariado en su Resolución de fecha 17 de junio de 2016, se ha interpretado que a partir de 1 de enero de 2015, cuando el órgano de administración adoptara la forma de consejo, la conformidad a Derecho de la retribución de aquellos consejeros que ejercieran funciones ejecutivas no requería su constancia en estatutos cuando existiera el contrato a que se refiere el artículo 249 de la LSC.

En consecuencia también se ha interpretado que, en el ámbito tributario, la existencia de dicho contrato resultaría suficiente para que las retribuciones del Consejero Delegado tuvieran la consideración de gastos fiscalmente deducibles en el Impuesto sobre Sociedades de la entidad, puesto que no se consideraban como liberalidades las retribuciones a los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, y ya que con el referido contrato tales retribuciones no podían constituir gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.

En esta situación de aparente estabilidad acaba de irrumpir la recientísima Sentencia de la Sala 1ª –de lo Civil- del TS de 26 de febrero de 2018 (pendiente de publicar), que señala que la reserva estatutaria establecida en el artículo 217 de la LSC, esto es la necesidad de que la existencia y sistema de remuneración conste en estatutos, afecta tanto a los administradores sin funciones ejecutivas como a los administradores ejecutivos.

Una primera conclusión de esta resolución del TS (probablemente, apresurada) podría suponer que la existencia de retribución para los administradores ejecutivos (p.ej. consejeros delegados) y su deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades requiere no solo la firma y aprobación del contrato que exige el artículo 249 de la LSC, sino asimismo cumplir las previsiones del artículo 217 de dicho texto legal, lo que hace necesario que los estatutos contengan el sistema de remuneración de las funciones ejecutivas (aunque no necesariamente su cuantía) y que el importe de dichas remuneraciones por funciones ejecutivas se encuentre incluido dentro del importe máximo anual de remuneración de los administradores establecido por la Junta General.

Sin embargo, parece más prudente suponer que este asunto, de trayectoria tan dilatada, no está agotado definitivamente, y que cualquier decisión al respecto requiere un análisis individualizado de las circunstancias concretas respecto a los servicios que en realidad presta el consejero ejecutivo y al tipo de sociedad en que desempeña su función (p.ej. sociedad no cotizada como era el caso enjuiciado en la reciente Sentencia del TS, o sociedad cotizada en la que ha de existir una la política de retribuciones que podría amparar estas situaciones).