Así fue el examen de la abogacía

Deontología, colegios profesionales, Jura de Cuentas, tasación de cuentas e incompatibilidades son sólo algunos de los temas de las 50 preguntas de la parte general del examen de acceso a la abogacía que puedes consultar en Diario Jurídico.

El pasado sábado 28 de junio unos 300 aspirantes realizaron el primer examen de acceso a la abogacía de España. ¿Qué debían saber los futuros abogados para aprobar? Reglas de funcionamiento de la profesión, derecho constitucional, deontología, derecho comunitario, y muchos más. Consulta las 50 preguntas de la parte general y las 25 de cada parte especial, de las que los aspirantes sólo debían elegir una.

Algunos estudiantes se han quejado de las diferencias entre el examen y la prueba piloto que había facilitado el ministerio

Detalles de la convocatoria a la primera prueba de acceso a la abogacía

El Boletín Oficial del Estado (BOE) trae todos los detalles de la primera prueba de acceso a la abogacía, que se celebrará en la Universidad Complutense de Madrid el próximo día 28 de junio, a las 9.30 horas. El texto contiene también al relación definitiva de admitidos y excluidos a la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado, convocada por Orden PRE/404/2014, de 14 de marzo, que se adjunta como anexo a la Resolución. La Resolución de 3 de junio de 2014, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, fija también que, de conformidad con lo dispuesto en el punto 10 de la Orden de convocatoria, la evaluación consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples cuya duración será de 4 horas. (BOE, 05-06-2014)

El BOE publica los componentes de la Comisión Evaluadora del examen de Acceso a la Abogacía

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes 9 de mayo los miembros titulares y suplentes de la Comisión que evaluará la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.2 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales.

Para su nombramiento se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El consejero del Consejo General de la Abogacía, José Arturo Pérez Moreno figura como vocal titular, mientras que la decana del Colegio de Abogados de Soria, Soledad Borque Borque, es vocal suplente.

Los miembros del Tribunal podrán ser recusados de acuerdo con lo dispuesto con el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Orden, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante la titular de este departamento.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia y de Educación, Cultura y Deporte, dispongo que la Comisión evaluadora de la prueba de acceso al ejercicio de la profesión de Abogado, estará formada por los siguientes miembros:

Presidente:

Titular: Doña Isabel Vizcaíno Fernández de Casadevante. Abogada del Estado del Ministerio de Justicia.

Suplente: Don Miguel Pardo González. Abogado del Estado del Ministerio de Justicia.

Secretario:

Titular: Don Óscar Sáenz de Santamaría Gómez-Mampaso. Abogado del Estado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Suplente: Doña María del Carmen Acedo Grande. Abogada del Estado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Vocal representante de las Comunidades Autónomas:

Titular: Doña María González Fuentes. Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid.

Suplente: Don Carles Miquel García i Rojo. Cuerpo de Abogacía de la Generalitat de Catalunya.

Así serán las 75 preguntas del examen para ser abogado

En 2014 se llevará a cabo la primera convocatoria de examen de acceso desde que se aprobó la ley.

Aunque aún no hay oficialmente una fecha para la primera convocatoria del examen de acceso a la abogacía, -probablemente se desarrollará en Madrid en la segunda quincena de junio-, el Ministerio de Justicia ha publicado en su web la prueba piloto, en cumplimiento con lo fijado en el reglamento de la ley de acceso, aprobado en 2011.

La prueba cuenta con 50 preguntas relacionadas con las materias comunes (apartado A) y 25 cuestiones de materias específicas (apartado B). El examen ficticio que ha publicado Justicia tiene 150 preguntas, cada una de ellas con sus cuatro respuestas posibles. Hay disponible otra versión de la prueba piloto que incluye de forma bien visible cada una de las respuestas correctas.

Entre las 50 preguntas comunes se encuentran algunas cuestiones teóricas: “¿Quiénes pueden recurrir las providencias de inadmisión de las secciones o salas del Tribunal Constitucional ante la imposición de un recurso de amparo constitucional?” o “si tras someter un asunto a arbitraje, usted quisiera interponer una acción de anulación del laudo arbitral, ¿qué instancia tendría la competencia?”. También se trata de verificar si el alumno sabe cómo se organiza territorialmente el Estado a efectos judiciales, qué es la comisión rogatoria o qué es el Tribunal de Función Pública de la Unión Europea. Pero la mayoría de esa primera parte común son simulaciones de situaciones de la vida real en el ejercicio de la profesión. En cuanto a las cuatro áreas especializadas: civil y mercantil; penal; administrativo y contencioso-administrativo; y laboral, todas las preguntas se formulan sobre la base de posibles casos reales o hipótesis, a pesar de que las respuestas siguen siendo excluyentes tipo test, y el alumno no puede desarrollar ni argumentar ninguna respuesta.

Resulta significativo que el documento que incluye las respuestas ofrece las distintas soluciones dependiendo de si se aplica la ley española o las normas de aplicación de las distintas autonomías en la especialidad civil y mercantil.

Todas las preguntas del examen en www.expansion.com/juridico

Sobre la realización de la prueba, el Consell de l’Advocacia Catalana, que representa a los catorce colegios de abogados de Cataluña, califica de “agravio” que se centralice en Madrid. Ha anunciado que estudiarán acciones a emprender. Además, el presidente del Consell, Miguel Samper, ve “ilógico” que aspirantes vascos catalanes y gallegos no puedan tener el formulario en su lengua.

Habrá que contestar a 50 preguntas comunes y 25 de una de las cuatro áreas de práctica

El Ministerio de Justicia publica en su web la prueba piloto de evaluación con el tipo de cuestionario y sus respectivas respuestas que tendrán que superar los primeros aspirantes para ejercer la abogacía.

75 preguntas en 4 horas: así será el examen para ser abogado

Los futuros abogados ya tienen prueba de acceso, aunque aún no hay fecha exacta ni lugar. Tras varios meses de espera, ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria -aprobada el pasado viernes por el Ministerio de la Presidencia a instancias de Justicia y Educación- de la prueba de evaluación de aptitud profesional para ser abogado en su edición de 2014, la primera que se celebrará.

El examen estatal, obligatorio según establece la Ley 34/2006 de Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, no contiene limitación en el número de plazas y se desarrollará a partir de tres meses a contar desde el día de ayer, fecha de su publicación en el BOE. El día y el lugar exacto se conocerá en la primera semana de mayo, pero todo apunta a que el examen será a finales del mes de junio, según fuentes de Justicia. Es probable que en esta primera ocasión, debido al número de alumnos que deben presentarse a la prueba, ésta se lleve a cabo únicamente en una ciudad, según se desprende de la redacción del texto publicado ayer en el BOE.

Antes, los aspirantes a realizar la prueba de acceso tendrán, a partir de hoy, veinte días para presentar ante el secretario de Estado de Justicia una solicitud de participación en la evaluación, que será gratuita. Una vez finalice el plazo de presentación de candidatos, habrá diez días para subsanar posibles errores.

El examen, que tendrá una duración máxima de cuatro horas, estará compuesto por 75 preguntas, de las cuales, 50 serán de materias comunes y 25 corresponderán a un aspecto jurídico específico a elegir entre cuatro posibles: civil y mercantil; penal; administrativo y contencioso-administrativo; y laboral. Cada pregunta tendrá cuatro alternativas de respuestas, pero sólo una será la correcta. Según subraya el texto publicado ayer en el BOE, “la finalidad de la prueba es medir los conocimientos teórico-prácticos de los participantes acerca del ejercicio de la profesión de abogado”.

Materias La primera parte del examen -denominada A-, compuesta por 50 preguntas generales, está subdividida a su vez en dos apartados. El primero de ellos se referirá a 28 materias relacionadas con la deontología profesional, organización y ejercicio de la profesión de abogado. Por ejemplo, los alumnos podrían tener que responder cuestiones referentes a los conflictos de intereses, el código deontológio español, la organización colegial, los honorarios o la fiscalidad del abogado.

El otro apartado de la parte A del examen se basará en 15 materias relacionadas con cuestiones generales del derecho, el proceso y la asistencia letrada, como, por ejemplo, el sistema jurisdiccional de la Unión Europea, el poder judicial y la Administración de Justicia, el derecho a la tutela judicial efectiva o el turno de oficio.

Además, la prueba tendrá doce preguntas reserva para la sección A y dos por especialidad jurídica del apartado B, por si la comisión evaluadora anula alguna de las preguntas titulares, para garantizar que el cuestionario tenga siempre 75 preguntas.

Puntuaciones A la hora de la corrección, que llevará a cabo una comisión evaluadora que se formará dentro de los próximos 30 días, cada pregunta tendrá un valor de un punto, descontándose 0,33 puntos por cada respuesta incorrecta y no obteniendo ninguna puntuación negativa por las cuestiones no contestadas. El test se valorará sobre una escala de 0 a 75 puntos. Cinco días después de celebrarse el examen, el portal web del Ministerio de Justicia hará públicas las respuestas correctas.

La calificación final resultará de la media ponderada entre el 70% de la prueba y el 30% del curso de formación. La nota será de apto o no apto, y para aprobar habrá que conseguir un 5 de un total de 10 puntos. Cada aspirante recibirá sus resultados de forma individualizada y anónima. Los alumnos que no superen la prueba podrán presentarse a futuras ediciones.

Carlos García-León. Madrid

Los alumnos podrán elegir 25 preguntas del examen entre cuatro grandes prácticas jurídicas La fecha de examen no se fijará hasta mayo, una vez que se presenten todas las solicitudes

No se ha convocado el examen para los procuradores porque, según Justicia, en la actualidad aún no hay alumnos que hayan acabado el máster y cumplan todos los requisitos para presentarse a una prueba para el acceso a la procura

Los abogados y procuradores tendrán que superar un examen

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que regula el nuevo examen obligatorio de acceso a la
abogacía y la procura.
El real decreto reforma otro de 2011 que establecía que para comprobar si se poseía la formación necesaria para el ejercicio de ambas profesiones se debía realizar una prueba compuesta por dos partes: una de preguntas múltiples y otra consistente en la resolución de un caso práctico.
El nuevo real decreto fija que la prueba conste únicamente de una parte escrita de contestaciones o respuestas múltiples con preguntas teóricas y supuestos prácticos sobre situaciones reales a las que van a enfrentarse los futuros abogados y procuradores.
Según el Ministerio de Justicia, “de esta forma se garantiza un sistema coherente de evaluación de aptitud profesional que permitirá valorar con absoluta objetividad la formación obligatoria teóricopráctica, lo que beneficiará a los aspirantes al permitir una mayor agilidad en la calificación final y, por tanto, en la obtención de los títulos necesarios para ejercer la profesión para la que se han preparado”.
El real decreto que acaba de aprobar el Gobierno también reconsidera los porcentajes de ponderación entre la calificación obtenida en el curso de formación y la obtenida en la evaluación final, de tal forma que ésta no sea el único medio de evaluación, sino que forme parte de un conjunto de evaluaciones sucesivas.
El texto establece que la calificación final resultará de la media ponderada entre el 70% de la obtenida en la evaluación y del 30% de la obtenida en el curso de formación recibido –con anterioridad a esta reforma la nota del periodo lectivo representaba el 20% del total de la evaluación del primer ejercicio, la parte teórica-.
La convocatoria de la primera prueba se dará a conocer en próximos días, según confirma el Ministerio de Justicia, y según lo anunciado todo indica que la prueba tendrá lugar en torno al mes de junio.
El Gobierno también ha aprobado un paquete de medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial (P. 15). Además, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 (P. 10).
Por otra parte, el Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto por el que se pondrá en marcha el nuevo Plan PIMA Tierra 2014 que recoge incentivos a la compra de tractores nuevos a cambio de achatarrar uno antiguo y que contará con una dotación presupuestaria de 5,4 millones de euros.
Esta medida, impulsada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tiene el objetivo de renovar el parque de tractores en España por otros nuevos mas eficientes energéticamente y con menores emisiones

Los Ministerios de Justicia y Educación incumplen su previsión de convocar el examen de acceso a la Abogacía poniendo a unos 700 graduados en “un bloqueo profesional sin precedentes”

El acceso a la profesión de Abogado a través de examen en España, para equilibrar conocimientos a la salida de las diferentes universidades, especializar a los graduados y equipararnos a los demás países de la Unión Europea sigue su errático periplo con un nuevo patinazo de la coordinación entre Ministerio de Justicia, de Educación, Abogacía y Estudiantes al fallar el cumplimiento de la única referencia segura de calendario de convocatoria: una respuesta parlamentaria, firmada por el Gobierno, donde se informaba de la “previsión” de que el examen se convocase en febrero para celebrarlo en mayo.

Quienes cayeron en la tentación de pensar que el colectivo “Abogados sin Toga” exageraba al poner de manifiesto su “limbo jurídico” por reunir los requisitos para acceder al examen de la abogacía, no tener noticia de su convocatoria, y por ello estar imposibilitados para acceder al mercado de trabajo de la profesión ahora tienen que reconocer que las peores previsiones de estos jóvenes se han cumplido.

Tal y como recordaba el Consejo General de la Abogacía Española a mediados de febrero, la evaluación de aptitud profesional debe ser convocada por los Ministerios de Justicia y Educación con periodicidad mínima anual, publicándose en el BOE con una antelación de tres meses a su celebración. “El retraso en publicar la convocatoria está frustrando las expectativas de cientos de graduados en Derecho que han superado el máster de acceso y que están pendientes de realizar la evaluación final para poder ejercer la Abogacía” decía en aquel momento, a la vez que pedía la convocatoria inmediata de la prueba. Dicha convocatoria sigue sin hacerse, provocando un daño a las expectativas de un consistente grupo de graduados en derecho, que han realizado el máster y las prácticas; amén del descrédito que sigue acumulando el nuevo acceso a la profesión, aún con numerosos puntos que clarificar más allá de la fecha de convocatoria en sí.

“Abogados sin Toga”

La iniciativa “Abogados Sin Toga”, que está congregando sostenedores conforme pasan las semanas está integrada por un grupo de tituladosen estudios de postgrado de acceso al ejercicio de la abogacía provenientes de la Universidad Carlos III, Autónoma de Madrid, Alcalá de Henares, San Pablo CEU, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Complutense y Pompeu Fabra que tienen las condiciones para hacer el examen de la abogacía, cuya ausencia de convocatoria y en este momento ya

completa incertodumbre les impide poder no sólo acceder al mercado del trabajo de la abogacía, sino programar su vida laboral. “En estos momentos no hay forma de acceder a la abogacía, después casi 6 años de estudio”, según afirman desde la plataforma.

La principal petición de “Abogados Sin Toga” es la eliminación del examen de acceso a la abogacía, “pero no por pereza o vagancia”, tal y como subrayan, sino por las siguientes circunstancias:
¦ a abundante formación obtenida con el Grado, Máster y Prácticas, y que antes de la entrada en vigor de la Ley (30 de octubre de 2011) se exigía para ejercer la abogacía 4-5 años de estudios, inferior a lo que han recibido los afectados que ahora mismo se encuentran imposibilitados para ejercer como abogados.
¦ La ausencia de información acerca del temario y fecha de examen.
¦ El incumplimiento de las previsiones del Gobierno a través del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; que documentaron en una respuesta parlamentaria del 16 de enero que en febrero se convocaría la prueba, con tres meses de antelación a su celebración (que sería en junio). ¿Quiere ver el documento que especifica la fecha?

El Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho pide paciencia

La semana pasada Alejandro Soto, presidente del CONEDE(Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho) afirmaba que “me consta que el Ministerio de Justicia está haciendo todo lo que está en su mano para acelerar la publicación de la reforma del Real Decreto que desarrolla la Ley 34/2006, de acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. El nuevo Reglamento debería estar publicado entre finales de febrero y principios de marzo. Se dará a conocer, igualmente, la estructura concreta del examen, que desde el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho propusimos en su momento y que gracias al apoyo de todos los agentes implicados en la reforma (CGAE, CGPE y Universidades) así como de la voluntad negociadora del propio Ministerio de Justicia, ha sido finalmente aprobada”

El Proyecto de Real Decreto que modifica al anterior Reglamento que desarrollaba la Ley 34/2006 está únicamente a la espera del informe del Consejo de Estado, que deberá emitirse en los primeros días del mes de marzo. Una vez publicado dicho Real Decreto, la primera convocatoria del examen debería

producirse inmediatamente después, a los efectos de poder celebrar la prueba en junio.

La reforma estructural de la nueva prueba nacional de acceso a la abogacía propuesta por el CONEDE supondría, en consonancia con el espíritu de especialización contenido en la Ley 34/2006, que la segunda parte del examen -tras la resolución de 40 preguntas tipo test- consista en la contestación a una batería de preguntas tipo test sobre una de las disciplinas jurídicas previamente seleccionadas por el graduado entre las correspondientes a los cuatros órdenes jurisdiccionales: civil, penal, administrativo o laboral.

El Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho anuncia la inminente convocatoria del examen de acceso a la abogacía

Habrá reforma del Real Decreto que desarrolla la Ley de Acceso a la Abogacía que modificará ligeramente la estructura del examen.
El presidente de la plataforma que reúne a los representantes de los estudiantes de derecho de España, Alejandro Soto Carbajal, ha respondido a las recientes movilizaciones de un sector de los egresados de los primeros Máster de Acceso a la Abogacía, agrupados bajo la denominación “Abogados Sin Toga”.
“Me consta que el Ministerio de Justicia está haciendo todo lo que está en su mano para acelerar la publicación de la reforma del Real Decreto que desarrolla la Ley 34/2006, de acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. El nuevo Reglamento debería estar publicado entre finales de febrero y principios de marzo. Se dará a conocer, igualmente, la estructura concreta del examen, que desde el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho propusimos en su momento y que gracias al apoyo de todos los agentes implicados en la reforma (CGAE, CGPE y Universidades) así como de la voluntad negociadora del propio Ministerio de Justicia, ha sido finalmente aprobada”, ha declarado Alejandro Soto, presidente del CONEDE.

Para el presidente del Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho (CONEDE), entidad que representa a los más de 120.000 estudiantes de derecho de nuestro país, las recientes movilizaciones pertenecen a un momento anterior en el desarrollo de la negociación con el Ministerio de Justicia. “Los estudiantes de derecho ya expresamos nuestro escepticismo en relación a la necesidad de una prueba nacional de acceso a la colegiación como abogado o procurador de los tribunales. Sin embargo, la supresión de dicha prueba se encuentra absolutamente descartada por parte del Ministerio de Justicia. Lo que toca ahora (y así lo hemos hecho) es tratar de dotar a la prueba de un contenido y una estructura útil para el estudiante, dirigida a la verificación de la adquisición definitiva de unos conocimientos deontológicos, procesales, y de organización de los colegios profesionales, que al mismo tiempo impulse la especialización de nuestros graduados”.

Según fuentes de la propia organización, el Proyecto de Real Decreto que modifica al anterior Reglamento que desarrollaba la Ley 34/2006 está únicamente a la espera del informe del Consejo de Estado, que deberá emitirse en los próximos días. Una vez publicado dicho Real Decreto, la primera convocatoria del examen debería producirse inmediatamente después, a los efectos de poder celebrar la prueba en el mes de mayo o, a más tardar, en junio.

La reforma estructural de la nueva prueba nacional de acceso a la abogacía propuesta por el CONEDE supondría, en consonancia con el espíritu de especialización contenido en la Ley 34/2006, que la segunda parte del examen -tras la resolución de 40 preguntas tipo test- consista en la contestación a una batería de preguntas tipo test sobre una de las disciplinas jurídicas previamente seleccionadas por el graduado entre las correspondientes a los cuatros órdenes jurisdiccionales: civil, penal, administrativo o laboral.

Graduados en Graduados en Derecho se manifiestan en Madrid para denunciar la inactividad del Gobierno ante el limbo en el están

Más de un centenar de estudiantes y graduados en Derecho se han manifestado este sábado en el centro de Madrid en una marcha convocada por la plataforma ‘Abogados sin Toga’ a través de las redes sociales, para denunciar la “inactividad del Gobierno” ante el “limbo” en el que se encuentran por no poder ejercer ya que el Gobierno no ha convocado aún el examen de acceso a la Abogacía y la Procura necesario para colegiarse.

La manifestación ha comenzado a las 12:00 horas en Banco de España y ha discurrido por las calles del centro de la capital hasta llegar a la sede del Ministerio de Justicia, ubicada en el número 45 de la calle San Bernardo, lugar en el que se ha simulado un juicio en el que se ha “declarado culpable” a la Administración.

La marcha ha estado presidida por una pancarta con el lema ‘No al examen de acceso’, y, durante su desarrollo bajo vigilancia policial, los asistentes han coreado consignas como ‘somos abogados, ya hemos estudiado’, ‘queremos soluciones no evasiones’. “Somos ‘ninis’ por obligación”, decían las pancartas que portaban muchos de los asistentes.

El examen de acceso necesario para poder colegiarse, se contempló por primera vez en la Ley 34/2006 y prevé ahora su primera convocatoria. La norma obliga a estar en posesión del título universitario de licenciado o graduado en Derecho, realizar cursos de formación, desarrollar un periodo formativo de prácticas en instituciones y despachos, y además, superar una prueba de evaluación final acreditativa de la capacitación profesional para poder ejercer como abogado a procurador.

EL EXAMEN ES “INNECESARIO”

En declaraciones a Europa Press, una de las asistentes y miembro de la plataforma, Alba Cosmen, ha criticado la “inactividad” del Gobierno ante la situación que atraviesan. “En España estamos así alrededor de 400 graduados. No somos ni estudiantes ni colegiados, estamos en el limbo”, ha explicado, aludiendo a la “dejadez” de los Ministerios de Justicia y Educación por no regular ni acordar la convocatoria de este examen.

Dicho esto, ha subrayado además que el examen es “absolutamente innecesario” porque aparte de la carrera universitaria, los graduados ya tienen la obligación de superar un Máster que incluye prácticas profesionales: “¿A cuento de qué viene el examen? Decimos un rotundo no a la prueba final, y mucho más si no saben si quiera cómo desarrollarlo”, ha zanjado, expresando además que en muchos países europeos se “elige entre un examen o un máster”, y no ambos.

En esta misma línea se han pronunciado la mayoría de los presentes en la manifestación, en concreto, otro miembro de ‘Abogados por la Toga’, Gonzalo Bello, ha denunciado que la prueba supone una “privatización de la profesión” y cree que ya están “lo suficientemente cualificados”.

“Entiendo que quieran mejorar la cualificación de los abogados, pero no así. No es cuestión de un examen”, ha dicho, ironizando sobre si los letrados actuales lo aprobaría y apostando por que sea el modelo educativo lo que sea revisado.

Asimismo, lamentan que a día de hoy el examen siga sin estar convocado y que el Gobierno lo lleve “posponiendo desde noviembre”, y se muestran incrédulos ante la reciente promesa de que se convocará en febrero. “Son tres meses más de incertidumbre”, reprochan, puesto que, además de no poder ejercer, no pueden realizar prácticas al haber culminado su formación universitaria. ‘No me han renovado, por no estar colegiado’, versaba otra de las consignas pronunciadas durante la marcha.

Varios padres de algunos de los afectados han estado presentes en la marcha, ya que se consideran también “afectados” y “engañados”. En su opinión, desde la Administración “se han inventado este examen”: “Lo lógico sería aprobar el Máster y ya poderte licenciar, ¿qué se van a inventar después?”, han apuntado, criticando que hayan “dejado en la nada” a los graduados así como los altos precios invertidos para su formación.

El Gobierno concretará este mes la fecha del primer examen de acceso a la abogacía

Ya queda menos para que la primera promoción de graduados en Derecho que han cursado el master de acceso a la abogacía puedan iniciar su carrera profesional. Así lo puso de manifiesto el Ejecutivo ante la pregunta de una diputada socialista, al explicar que el Gobierno convocará este mes de febrero las bases del examen de ámbito estatal, necesario para poder colegiarse como abogado desde la entrada en vigor de la polémica Ley 34/2006, de acceso a la profesión.

Lo hará con un retraso considerable, criticado por estudiantes y por el Consejo General de la Abogacía (CGAE), que ha reclamado la convocatoria urgente de la prueba y ha asegurado que el retraso “está frustrando las expectativas de cientos de graduados en Derecho que han superado el master de acceso y que están pendientes de realizar la evaluación final para poder ejercer la profesión”.

Estos estudiantes, cifrados en un grupo de unas 400 personas, actualmente no pueden ejercer como abogados ya que no tienen permiso para colegiarse y tampoco tienen la posibilidad de realizar prácticas, ya que su periodo formativo ha terminado.

La situación seguirá así por lo menos durante tres meses más, dado que la evaluación de aptitud profesional –única e idéntica en todo el territorio nacional- debe ser convocada por los Ministerios de Justicia y Educación “con periodicidad mínima anual, publicándose en el BOE con una antelación de tres meses a su celebración”. De este modo, tras una vacatio legis de cinco años y tres más de cambios sucesivos en la normativa de desarrollo, la ley aprobada en el año 2006 sigue todavía sin desplegar todos sus efectos.

Abogados sin toga, en el limbo legal

El retraso en publicar la convocatoria ha llevado a un centenar de antiguos alumnos de Derecho a unirse bajo la plataforma ‘Abogados sin Toga‘ para denunciar el “desamparo” de cerca de 400 graduados que no pueden ejercer su profesión porque Justicia y Educación no han convocado el examen final necesario para colegiarse.

La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, exige estar en posesión del título de licenciado o graduado en Derecho, realizar cursos de formación, desarrollar un periodo formativo de prácticas en instituciones o despachos y superar una prueba de evaluación final acreditativa de la capacitación profesional.

‘Abogados sin Toga’ ha lanzado una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma Change.org en la que critica el estado actual de “incertidumbre”. Sus miembros aseguran: ”las autoridades competentes no nos proporcionan información de ningún tipo: no existe una convocatoria oficial del examen, no se sabe la fecha exacta, tampoco se sabe el temario concreto ni mucho menos, la estructura del mismo”, por lo que solicitan su supresión.

Asimismo, la plataforma ha convocado una manifestación para el próximo sábado 22 de febrero, en Madrid, con el lema “No al examen de acceso a la abogacía”.