Sobre el origen intelectual de blockchain (III). Más precursores próximos

Terminé el post anterior ocupándome de la figura de David Chaum y de cómo su proyecto DigiCash no suponía una verdadera ruptura con el dinero de curso legal tradicional. El salto disruptivo al respecto, aunque fuera en un plano todavía meramente teórico o especulativo, es atribuible a los siguientes dos personajes de esta historia.

El primero de ellos colaboró precisamente con David Chaum en la malograda empresa DigiCash. Se trata de un estadounidense con apellido de origen húngaro: Nick Szabo. Personaje polifacético: graduado en 1989 en ciencias de computación por la Universidad de Washington, criptógrafo y jurista. Además de trabajar en DigiCash, fue el diseñador de Bit Gold, un proyecto de divisa digital antecesora de Bitcoin y blockchain. De hecho, muchos han afirmado que la identidad real tras el seudónimo “Satoshi Nakamoto” –el creador de Bitcoin- es Szabo, algo que él siempre ha negado. Así, el escritor y periodista financiero británico Dominic Frisby afirma: “I’ve concluded there is only one person in the whole world that has the sheer breadth but also the specificity of knowledge and it is this chap…”. Incluso una subunidad de la criptomoneda Ether (la moneda de la plataforma Ethereum) ha sido bautizada con su nombre (el “szabo”).

La primera gran aportación de Szabo a nuestro tema fue un artículo publicado en una revista futurista y transhumanista californiana denominada Extropy en el año 1996 con el título “Smart contracts: building blocks for digital free markets”. En este visionario artículo Szabo, como informático, criptógrafo y a la vez jurista, se plantea cómo la combinación de Internet con los modernos protocolos criptográficos (criptografía asimétrica o de doble clave, sistemas de firma ciega como los ideados por Chaum, o de firma múltiple, protocolos de mixing) podría revolucionar el derecho tradicional de contratos, permitiendo que esa pieza jurídica básica que es el contrato y que es la base de toda nuestra economía de mercado pudiera estar a la altura de las exigencias del comercio on line. En este artículo se crea el concepto y la terminología –ahora mismo en boca de todos- “smart contract” o contrato inteligente: un programa informático mediante el cual se ejecutan de forma automática unas prestaciones que no sólo son convenidas sino además programadas, lo que da lugar a un contrato que se autoejecuta con la ayuda de la tecnología informática. Algo ideal precisamente para una contratación no sólo entre ausentes sino entre desconocidos, que no tienen ningún motivo para confiar entre sí. También encontramos por primera vez el término “smart property” o propiedad inteligente, que es el resultado de integrar un contrato inteligente en un objeto físico (un automóvil, la cerradura de una vivienda), de manera que la disposibilidad física de ese objeto también sea programable según los términos de un determinado acuerdo.

Este primer artículo sobre los smart contracts fue revisado y ampliado en una publicación del año 1997 con el título “Formalizing and securing relationships on public networks”. En este texto encontramos ya una alusión a la idea de una confianza distribuida, es decir, a cómo la intervención de varios agentes en el control y registro de una transacción es una garantía de seguridad y de protección contra el fraude.

Esta idea se desarrolla y empieza a ganar entidad en publicaciones posteriores como “Secure Property Titles with Owner Authority” del año 1998, un artículo en el que, ante los problemas de inseguridad y de discrecionalidad política que -sobre todo en países poco desarrollados- suscitan los sistemas de registro de propiedad centralizados, propone una base de datos de títulos de propiedad distribuida o replicada a través de una red pública (un sistema de registro que –nos dice- sería capaz de sobrevivir a una guerra nuclear). Se trata de la creación de una especie de club de propietarios por medio de Internet, que se conciertan para llevar el rastro de la propiedad de algún tipo de activo. El título de propiedad de cada uno sobre un objeto estaría autenticado con la firma electrónica del titular anterior y así sucesivamente formando una cadena. Y el registro de la cadena de títulos de la que resulta quién es el propietario actual de cada objeto se basa en un consenso de la mayoría de los participantes, dado que es improbable que todos se pongan de acuerdo para cometer un fraude. Como veremos, aquí está ya in nuce el sistema de registro de titularidad de Bitcoin.

Otro importante artículo en que estas ideas se desarrollan es “Advances in distributed security” del año 2003, donde Szabo nos propone desechar la pretensión de una seguridad absoluta imposible de alcanzar, para conformarnos con sistemas con una alta probabilidad de seguridad como la que proporciona la criptografía. En este contexto, plantea cuestiones como un time stamping o sellado de tiempo distribuido, el empleo de los hashes como forma de identificar los mensajes o archivos objeto del sellado de tiempo, la creación de redes de replicación “bizantino-resilientes”, etc.

Además de la preocupación por sistemas alternativos para asegurar el cumplimiento de contratos y el tracto de las propiedades haciendo uso de Internet, la programación informática y la criptografía, Szabo puso también su atención en el tema específico del dinero, yendo mucho más allá del planteamiento de David Chaum. Lo que preocupaba a éste, como vimos, era el tema de la privacidad: cómo la intermediación de las entidades financieras en nuestros pagos electrónicos proporciona a éstas el conocimiento de datos esenciales de nuestras vidas. Szabo se enfrenta a otra cuestión: el sometimiento del valor del dinero que usamos a la discrecionalidad de las autoridades políticas, es decir, el problema de la inflación discrecional. Aquí es donde incide su propuesta Bit Gold del año 1998, que es coetánea de una idea muy similar: b-money de Wei Dai.

Este Wei Dai es un criptógrafo graduado también en ciencias de la computación por la Universidad de Washington, que en el año 1998 publicó un texto muy breve con el título “B-money: an anonymous, distributed electronic cash system” en la Cypherpunks mailing-list y que sería citado como referencia en el whitepaper de Satoshi Nakamoto (no así obra alguna de Szabo). La motivación de este Dai, como buen criptoanarquista, era básicamente la opacidad de las transacciones dinerarias y la terminología resulta quizá excesivamente elocuente al respecto: “dinero b”. Como curiosidad, indicaré que la fracción mínima de la criptomoneda Ether se denomina “wei”, como homenaje a este precursor.

Lo que se plantean estas propuestas (que enlazan con las visiones más radicales del criptoanarquismo de Tim May al que Dai cita explícitamente en el comienzo de su artículo) no es representar en un nuevo formato electrónico el dinero de curso legal ya existente para facilitar o conseguir el anonimato de los pagos electrónicos, sino de reemplazar ese dinero de origen estatal por un nuevo dinero creado por los propios usuarios asistidos por la red y la criptografía. Esta pretensión –como vemos, de significado político mucho más radical, pues viene a cuestionar uno de los atributos claves de la soberanía estatal, la acuñación de moneda- plantea un problema que va más allá de lo que es un simple problema de registro contable para controlar la circulación del dinero, es decir, para evitar la doble disposición de un activo digital: la cuestión de cómo se controla la creación de este dinero, para evitar la discrecionalidad y para asegurar su escasez y que de alguna manera sea reflejo de una actividad o valor económico.

Wei Dai propuso una especie de subasta on line periódica entre los participantes en el sistema para fijar el monto de nuevas monedas digitales puestas en circulación.

El planteamiento de Szabo era diferente. Éste llevaba tiempo dándole vueltas a la idea de cómo conseguir que una simple cadena o string de bits (una determinada sucesión de ceros y unos) fuera algo en sí mismo valioso. Estaba buscando un objeto digital que pudiera funcionar como el oro. El instrumento que concibió para ello –que es, a su vez, una aplicación del algoritmo hashcash creado por Adam Back para prevenir el spam de correo electrónico, citado también por Nakamoto- fue una prueba de trabajo computacional (lo que se conoce como una proof-of-work) a cuya solución se le pudiera atribuir un significado económico similar al oro, por el esfuerzo y aplicación de recursos que requiere su extracción, en este caso, el empleo de ciclos de computación. Así, este dinero electrónico ideado por Szabo se gestiona mediante un programa en la red que propone a los participantes en el sistema un determinado reto o problema matemático. Este problema o puzzle matemático está relacionado con la función criptográfica conocida como hashing y sólo se puede resolver aplicando “fuerza bruta computacional”, es decir, probando con distintas cifras hasta obtener un resultado que cuadre. El resultado así obtenido, que tiene la forma de una determinada serie o string de bits, se convierte en la primera unidad monetaria del sistema, con la que el programa premia al participante que ha sido el primero en encontrarla, y que éste puede emplear para hacer pagos a otros usuarios y así esta unidad monetaria o sus fracciones empiezan a circular. Y, a su vez, esta primera string de bits que se obtiene como resolución del problema constituye el punto de partida del siguiente reto que el programa plantea a continuación. De esta manera, de forma periódica y programada, se van introduciendo nuevas unidades monetarias en el sistema.

Quizá este planteamiento fuera un tanto primitivo –deudor de una concepción metalista y por tanto materialista del dinero, como cosa que debe estar dotada de valor intrínseco y no como un simple símbolo de valor-, y también desacertado, porque el valor intrínseco que atribuimos al oro no deriva sólo de su escasez y dificultad de obtención, sino de sus cualidades intrínsecas como sustancia, lo que nunca se podrá decir de una ristra de ceros y unos por compleja que sea su obtención.

Esta idea de Bit Gold, como el b-money de Dai, nunca se llegarían a poner en práctica, pero constituyen los antecedentes más directos de Bitcoin.

Sobre el origen intelectual de blockchain (II). Los precursores próximos

En la primera parte de este post por entregas sobre los antecedentes intelectuales de blockchain recordé dos personajes a los que califiqué como precursores remotos: Alan Turing y John von Neumann. En esta segunda parte me ocuparé de dos precursores más próximos: Tim May y David Chaum (y dejaré para una tercera a Nick Szabo y Wei Dai).

De los ominosos años de la segunda guerra mundial y la guerra fría nos trasladamos ahora a la década de los ochenta y noventa: un contexto político, socio-económico y tecnológico muy diferente. Tras la caída del muro y la descomposición del bloque del Este, de lo que se habla es de “fin de la historia” (en el sentido de abandono de las utopías marxistas) y de globalización; y en el ámbito tecnológico, de microprocesadores cada vez más potentes, de Internet, y de telefonía móvil.

Como recordarán, en los primeros años de la irrupción de Internet en nuestra sociedad se concibió por muchos la expectativa de grandes cambios culturales, sociales y políticos. La realización de los grandes sueños de la Ilustración parecía más cerca que nunca: un mundo compartimentado en agresivos Estados nacionales y controlado por las grandes multinacionales podía dar paso, gracias a esta nueva tecnología, a una verdadera comunidad humana universal, unida por la comunicación, la circulación de la información sin intermediarios y el fácil acceso al conocimiento. Por supuesto, esta comunidad en el ciberespacio tendría su faceta económica: un comercio universal, que vendría a difundir la prosperidad por todo el planeta.

Sin embargo, aunque el cambio en los hábitos sociales que ha traído consigo Internet y la telefonía sin hilos ha sido muy intenso, pronto se constató que la difusión de las nuevas tecnologías no llevaba consigo los cambios políticos que algunos esperaban. Los Estados nacionales no han desaparecido, sino que, precisamente, han encontrado en la tecnología digital una nueva arma de control de la ciudadanía con la excusa de un radicalismo y terrorismo globalizado que también ha sabido aprovecharse de la tecnología para sus propios fines, completamente ajenos a esa difusión de la ilustración que se suponía iba a traer consigo Internet. También en lo económico se ha podido constatar que globalización no es sinónimo de prosperidad general. Unas multinacionales han sucedido a otras, pero la concentración del poder económico no ha disminuido, sino que más bien se ha incrementado. En nuestros días, unas pocas empresas nacidas de las nuevas tecnologías como Apple, Microsoft, Google, Facebook o Amazon gozan de una penetración social y de una capacidad de influencia y de control como nunca habían existido antes.

Esto, que empezaba a gestarse ya en los años noventa, ha dado lugar a que ese pensamiento un tanto visionario y utópico propio de los primeros tiempos de Internet haya pasado –por así decirlo- a la resistencia, transformado en un activismo y una ideología contestataria y antisistema, pero desde dentro y con herramientas propias del universo digital. Aparecen así los hackers –rodeados, como todos los piratas y rebeldes, de una aureola de romanticismo-, los cyberpunks y, por lo que ahora nos interesa, los cypherpunks o criptoanarquistas, una corriente ideológica que reinvindica el acceso de los particulares a la criptografía, a las técnicas de cifrado o encriptación de la información, frente a las pretensiones de monopolizar el uso de esta tecnología por las agencias de seguridad nacionales.

La criptografía a que me estoy refiriendo es la criptografía de base matemática, que es la criptografía moderna, propia del mundo de la tecnología informática, de la aplicación de la electrónica a la computación, es decir, algo que empieza a desarrollarse sólo a partir de la mitad del siglo pasado. Anteriormente, las técnicas de cifrado eran mucho más rudimentarias: desde los códigos elementales consistentes en un simple algoritmo de sustitución de letras que empleaba Julio César en sus comunicaciones en campaña, hasta la encriptación electromecánica de los mensajes de telegrafía o de radio mediante la máquina Enigma de la inteligencia militar alemana durante la Segunda Guerra Mundial, que se basaba en el juego con las posiciones variables de los rotores de una máquina fabricada en serie que convertían unos caracteres alfabéticos en otros. La colocación de los rotores de la máquina de la que dispone el destinatario del mensaje en la misma posición en que se colocaron los rotores en la máquina del emisor es lo que permite el descifrado. Por tanto, se trataba de un sistema de cifrado de clave única o simétrica de naturaleza mecánica, que se iba cambiando cada cierto tiempo y que planteaba el problema de que dependía de la existencia de una información previa compartida por emisor y receptor acerca de la clave que se emplea en cada momento –es decir, la concreta disposición de los rotores que se está empleando en un momento dado-, información que podía ser interceptada por el enemigo y aprovechable por éste si disponía de un ejemplar del mismo modelo de máquina. La criptografía matemática se basa, por el contrario, en operaciones aritméticas o de cómputo o cálculo matemático que se aplican sobre mensajes digitalizados o numerizados, es decir, que se han convertido previamente en números. Gracias a los ordenadores –máquinas que operan a velocidad electrónica, es decir, a una velocidad próxima a la de la luz- es posible el uso práctico de estas técnicas de encriptación y desencriptación cuyo empleo requiere la realización veloz de estas muy complejas operaciones de cómputo numérico (que suelen tener por objeto grandes números primos, cuyo producto es muy difícil de factorizar).

En un primer momento, los gobiernos, en particular el estadounidense a través de la NSA (National Security Agency), trataron de reservarse el conocimiento y uso de esta tecnología que tan vital había resultado durante la guerra, evitando su difusión para el uso comercial y por el público en general. Sin embargo, a mediados de los años setenta, tras una complicada pugna con la NSA, la compañía IBM registró en la oficina nacional de estándares estadounidense un algoritmo estándar de cifrado conocido como DES (Data Encryption Standard), que sería puesto a disposición de las empresas del sector financiero (que lo requerían para el desarrollo de su red de cajeros automáticos), y cuyo conocimiento y difusión pública generó un creciente interés por la moderna criptografía matemática más allá del coto cerrado de los servicios de seguridad. En esa misma década, accedió también al conocimiento público el revolucionario descubrimiento de la criptografía asimétrica o de clave pública (primero el algoritmo de Diffie-Hellman, y luego el algoritmo RSA, de Rivest, Shamir y Adleman, que lo desarrollaron por primera vez en 1977), que resuelve el grave problema de vulnerabilidad al que me he referido que conlleva la distribución de las claves en los tradicionales sistemas de criptografía simétrica, una técnica que es precisamente vital para permitir las comunicaciones seguras entre desconocidos, lo que a su vez es imprescindible para el desarrollo de transacciones económicas en Internet.

Ya en los años noventa, nos encontramos en la vanguardia de este movimiento criptolibertario con un personaje llamado Timothy C. May –más conocido como Tim May-. Este hippie tecnológico californiano, que en su día fue un reputado ingeniero electrónico y científico que trabajó para Intel, publicó en una fecha tan temprana digitalmente hablando como el año 1992 el “Manifiesto Criptoanarquista”, un breve texto en el que anunciaba que la informática estaba al borde de proporcionar la capacidad a individuos y grupos de comunicarse e interactuar entre ellos de forma totalmente anónima. Dos personas pueden intercambiar mensajes, hacer negocios y concertar contratos electrónicos, sin saber nunca el nombre auténtico, o la identidad legal, de la otra. Las interacciones sobre las redes serán intrazables, gracias al uso extendido de re-enrutado de paquetes encriptados en máquinas a prueba de manipulación que implementen protocolos criptográficos con garantías casi perfectas contra cualquier intento de alteración. Las reputaciones tendrán una importancia crucial, mucho más importante en los tratos que las calificaciones crediticias de hoy en día. Estos progresos alterarán completamente la naturaleza de la regulación del gobierno, la capacidad de gravar y de controlar las interacciones económicas, la capacidad de mantener la información secreta, e incluso alterarán la naturaleza de la confianza y de la reputación.(…) Los métodos están basados en el cifrado de clave pública, sistemas interactivos de prueba de cero-conocimiento, y varios protocolos de software para la interacción, autenticación y verificación. El foco hasta ahora ha estado en conferencias académicas en Europa y EE.UU., conferencias monitorizadas de cerca por la Agencia de Seguridad Nacional. Pero solo recientemente las redes de computadores y ordenadores personales han alcanzado la velocidad suficiente para hacer las ideas realizables en la práctica…”.

En los años siguientes, Tim May fue el impulsor y principal contribuyente de textos a varios foros de Internet dedicados a la criptografía y a la ideología criptoanarquista (Cypherpunks electronic mailing links y Cyphernomicon), y es uno de los referentes intelectuales explícitos en el círculo de sujetos involucrados en el diseño de las primeras criptomonedas (como Nick Szabo o Wei Dai).

Con un enfoque no tan político sino más técnico y también de negocio nos encontramos al siguiente personaje, también californiano: David Lee Chaum, un brillante matemático e informático que ya desde los años ochenta fue creando novedosos protocolos criptográficos susceptibles de aplicación en el ámbito del comercio, los pagos e incluso la votaciones on line. En concreto, a él se debe el protocolo conocido como de “firma ciega”, que es el equivalente digital a esas votaciones que se hacen introduciendo un sobre anónimo con la papeleta dentro de otro sobre donde se identifica al votante.

La motivación de Chaum para la creación de este tipo de protocolos fue su preocupación por la privacidad de las transacciones económicas, algo que se estaba perdiendo a medida que se generalizaban los medios electrónicos de pago. Así, una de las propiedades esenciales del tradicional dinero efectivo en forma de monedas metálicas o billetes de papel es su carácter anónimo, de dinero al portador. Por el contrario, todas las nuevas formas de movilizar el dinero representado en cuentas bancarias, mediante transferencias, tarjetas de crédito, pasarelas de pago en Internet, etc. permiten el seguimiento de quién paga qué cantidad a quién y por qué. Y ello hace que un número creciente de datos que pueden revelar mucho sobre mis preferencias y hábitos de consumo y en definitiva sobre mi personalidad, quedan registrados y terminan en una base de datos digital que escapa completamente a mi control.

No voy a detenerme en explicar pormenorizadamente en qué consiste técnicamente el protocolo de firma ciega ideado por Chaum y que éste expuso en una conferencia del año 1982 con el título Blind signatures for untraceable payments. En definitiva, se trata de que un determinado sujeto o autoridad marque con su firma electrónica un concreto ítem digital generado por otro sujeto sin que el primero conozca el contenido del ítem marcado, pero sí de quién procede y de qué tipo de ítem se trata. ¿Y esto para qué sirve? Pues en actuaciones en que interesa que intervenga un tercero verificador o validador, por ejemplo, una autoridad electoral que verifique que quien va a emitir un voto on line está legitimado para votar y sólo vota una vez, pero de manera que esa autoridad verificadora no conozca el contenido del voto validado, dada la necesidad de preservar el secreto de la votación. Tratándose de dinero electrónico, el tercero verificador es el banco que lleva la cuenta del sujeto que pretende generar un ítem o token dinerario digital, porque ese banco es el que verifica si el sujeto emisor tiene saldo suficiente y debe dar de baja el importe correspondiente en su cuenta para evitar la doble disposición. ¿Y en este ámbito para qué sirve un protocolo de firma ciega? Pues para que el banco, una vez realizada la indicada verificación de la legitimación dispositiva del emisor, pueda marcar como válido el token dinerario emitido sin conocer el concreto número de serie que identifica individualmente a éste y permite su control. De esta manera, cuando el sujeto que ha recibido el pago presente un determinado token con su concreto número de serie a este mismo banco para su canje por dinero ordinario, el banco no sabe cuál de sus clientes fue el emisor de ese token y por tanto quién realizó ese concreto pago.

¿Y cómo se consigue que el banco firme un determinado ítem dinerario sin conocer el número de serie que lo individualiza? Aquí es donde interviene el ingenio matemático de Chaum: el emisor, es decir, el cliente del banco que quiere hacer un pago con efectivo electrónico, genera aleatoriamente un número de serie x y antes de remitirlo con su solicitud al banco lo envuelve o disfraza multiplicándolo por un factor C que sólo él conoce. O dicho de otra forma, el emisor envía al banco un número de serie encriptado mediante una función o algoritmo conmutativo C(x), que es reversible realizando la operación aritmética inversa, en este caso, la división C’ por el mismo factor. El banco validador, una vez verificada la legitimación dispositiva del emisor, aplica su firma electrónica con su clave privada S’ a ese número de serie encriptado y remite el resultado, S’(C(x)), al emisor. Éste aplica ahora la división inversa a la multiplicación mediante la que encriptó el número de serie, C’(S’(C(x))), y obtiene S’(x), es decir, el número de serie original con la firma electrónica del banco, o lo que es lo mismo un billete de banco electrónico que se puede emplear para realizar un pago sin que el banco conozca quién ha sido el generador de ese concreto billete. Por tanto, algo absolutamente análogo a la emisión de billetes de banco contra depósitos en efectivo metálico, pero en un entorno digital.

El propio David Chaum intentó llevar a la práctica esta idea con la creación de la empresa DigiCash, con sede en Amsterdam, en el año 1989, un negocio que no llegó a ir bien (de hecho, sólo dos bancos se adhirieron al proyecto: un banco de Missouri llamado Mark Twain Bank, y el Deutsche Bank, no hubo más de 5.000 clientes y el volumen total de pagos no pasó de los 250.000 $). Según explicaría su creador, fue difícil conseguir que un número suficiente de comerciantes aceptasen este medio de pago, de manera que hubiese un número suficiente de consumidores que lo utilizasen, o viceversa. David Chaum se convirtió en un héroe para los criptoanarquistas o cryptoliberterians, pero el problema fue que al consumidor medio no le termina de preocupar demasiado el tema de la privacidad de sus transacciones. Al final, DigiCash quebró y tuvo que vender todos sus activos en el año 1998.

En cualquier caso, lo que me interesa de esta experiencia es que el dinero efectivo electrónico que ideó David Chaum sigue dependiendo del dinero de curso legal ordinario (porque siempre se parte de y se termina en una cuenta bancaria en dólares, euros o cualquier otra divisa estatal); y que el control contable que evita el doble gasto sigue encomendado al sistema bancario tradicional, pues es un banco el que comprueba la legitimación del emisor y da de baja en cuenta la cantidad emitida de cash electrónico.

La futura criptomoneda Bitcoin supondrá un cambio absolutamente radical de modelo.

(La obra pionera sobre criptografía matemática es un artículo de Claude Shannon “Communication Theory of Secrecy Systems”, publicado en el año 1949 en el Bell System Technical Journal, y el libro de Shannon y Warren Weaver “Mathematical Theory of Communication”.

Una explicación del funcionamiento de la máquina Enigma y una narración de las curiosas peripecias de la lucha criptográfica durante la Segunda Guerra Mundial en una obra que ya cité en el anterior post: “Alan Turing. El pionero de la era de la información”, de B. Jack Copeland, Turner Noema, Madrid, 2012, págs. 51 y ss.

Sobre la lucha de los primeros criptoanarquistas contra la NSA: “Cripto. Cómo los informáticos libertarios vencieron al gobierno y salvaguardaron la intimidad en la era digital”, de Steven Levy, Alianza Editorial, 2001.)

El anarco-dinero y la superación del problema del doble gasto

Bitcoin es la primera y más popular criptomoneda. Se trata de moneda electrónica anónima (al portador) y descentralizada. Lo disruptivo no es la condición electrónica del dinero-la mayoría de las transacciones dinerarias en los países desarrollados ya lo son-sino la descentralización del procedimiento. Se trata de un sistema que aspira a garantizar robustez en el flujo dinerario sin el concurso de terceros interpuestos. Sin que la transacción precise la consolidación contable entre los bancos del deudor y del acreedor.

Bitcoin es sólo uno de los fenómenos tras una corriente de pensamiento que emerge con fuerza. Para entenderlo hay que reflexionar sobre la filosofía que hay detrás, intercambio de ficheros, el código libre o Blockchain.

Uno de los anhelos anarco-capitalistas es contar con dinero que permita transacciones al margen del control de los Estados y sus bancos centrales. Dinero de adopción voluntaria que pueda ser aceptado como medio de pago universal permitiendo el anonimato que en la actualidad proporciona el dinero al portador. Algo que permita un flujo dinerario descentralizado, ágil, anónimo y eficaz.

Para que el flujo dinerario sea eficaz es imprescindible que el anarco-dinero utilizado como cualquier otro, solucione lo que se ha dado en denominar “el problema del doble gasto”. Es consustancial con el funcionamiento del dinero, en cualquier formato, que quien lo utiliza para pagar a un tercero agote el ulterior derecho de disposición sobre este, otorgándoselo al acreedor al que ha pagado, y así sucesivamente. De no ser así, el anarco-dinero estaría en una  espiral inflacionista que supondría su desaparición.

Cuando se usa efectivo (monedas y billetes) la traslación de su posesión evita ulteriores disposiciones por parte de quien paga. El problema del doble gasto se soluciona por pérdida de la posesión de algo tangible. La entrega del metal o papel impide el doble gasto.

La utilización del dinero efectivo permite que la identidad de acreedor y deudor sea sólo conocida, en su caso, por ellos mismos. Es opaca para cualquiera que no haya presenciado el pago. Presenta abundantes inconvenientes como los pagos a distancia, los robos, la intrínseca limitación de la condición metálica de la moneda en cuanto a peso y volumen, etc. Por estos y otros motivos el formato y naturaleza del dinero ha ido evolucionando. Sin embargo, siempre ha existido el objetivo común de evitar su doble gasto. Así por ejemplo, los billetes no son sino títulos al portador cuya entrega agota el derecho de disposición de su inicial poseedor.

Si queremos que el anarco-dinero funcione, también tiene que ser ágil. Como el presupuesto necesario para la eficacia de cualquier dinero es evitar su múltiple disposición, habrá de llevarse una contabilidad única de todas las transacciones de los adheridos a la anarco-moneda. La exigencia en la llevanza de esta contabilidad será creciente, en función del número de adhesiones y del de transacciones. Es evidente que, la recepción de órdenes de transferencias, la verificación de la identidad del pagador, la verificación de la existencia de saldo y la consolidación contable del dinero transmitido, es una labor de difícil asunción universal y solitaria.

Además la llevanza solitaria de la contabilidad invita a cuestionar la incondicional honorabilidad de quien la lleva. Desde una perspectiva anarquista, la posibilidad de manipulación de la matriz permanece en la medida en que el control de esa contabilidad recaiga en concretas personas, que serán igualmente corruptibles.

La solución pasa por una llevanza colaborativa de la contabilidad. Los intervinientes en el tráfico dinerario llevan coordinada o recurrentemente su contabilización. Sin embargo, lo inconvenientes de orden práctico de esta llevanza colaborativa son fácilmente imaginables. Alcanzar consensos en un entorno analógico requiere tiempo y esfuerzo que rápidamente comprometerían la agilidad del anarco-dinero.

Pero, teniendo en cuenta la condición eminentemente electrónica del dinero ¿es posible con ayuda de ingenieros informáticos y algoritmos matemáticos, emular el funcionamiento del dinero al portador en un entorno ágil y fiable? Para ello, insisto, habrá que recepcionar todas las órdenes de pago, verificar la identidad del deudor, actualizar el saldo y registrar el asiento contable que acredita la transacción y todo eso hacerlo de forma descentralizada.

Cuando el dinero es electrónico, el problema del doble gasto se soluciona por interposición; mediante la consolidación de las contabilidades de los interpuestos entre acreedor y deudor. Se interponen en su concepción de mandatarios de una orden de recepción o pago. Si la transferencia electrónica del dinero fuese directa, sin terceros interpuestos que verificasen la existencia de saldo y consolidasen los asientos contables, el deudor siempre podría cuestionar la existencia de las previas transacciones que le habrían despojado de su derecho de disposición. Los interpuestos actúan como testigos de la transacción. Como su testimonio es electrónico, cuentan con un registro informático que acredita la existencia del mandato de pago y su cumplimiento. La interposición bancaria es sin embargo, centralizada, con lo que no cumple con el presupuesto esencial del anarco- dinero. Ni las transacciones son anónimas, ni la contabilización de éstas se produce de forma descentralizada o colaborativa. Para lograrlo, debemos contar con un registro informático único en el que se anoten las transacciones de forma colaborativa, que se consigue con lo que se ha dado en denominar Registros Distribuidos, que es en definitiva la tecnología tras Blockchain

(Para profundizar sobre Bockchain véase: “Blockchain; perspectiva jurídica. De la confianza al consenso”,  de José María Anguiano)

Los sindicatos en la encrucijada: ¿nacionales o internacionales?

Llama la atención, en la evolución sindical de los últimos años, el alejamiento progresivo de los iniciales planteamientos internacionalistas y la asunción, cada vez mayor, de puntos de vista meramente locales o nacionales. La vieja enseña del internacionalismo proletario, la aspiración a la defensa de los intereses de los trabajadores en un ámbito mundial, o cuanto menos supranacional, deja paso a políticas sindicales muy condicionadas por los intereses territoriales más inmediatos que, en muchas ocasiones, entran en colisión con los defendidos por las organizaciones sindicales implantadas en otros territorios. De las grandes manifestaciones sindicales que predicaban la lucha obrera en el marco de la solidaridad internacional, de los impulsos organizativos en el ámbito europeo y mundial, que tratan de estar presentes en los más relevantes debates globales, hemos pasado a una defensa de intereses centrada preferentemente en el territorio en que cada organización sindical opera.

¿Qué hay en el trasfondo de esta evolución? Por supuesto, desconcierto, perplejidad y falta de análisis, y comprensión, de los nuevos fenómenos económicos y sociales asociados a la globalización y a las nuevas relaciones laborales. Pero hay algo más: la evolución de las relaciones laborales, en un mundo cada vez más abierto y globalizado, ha provocado que los sindicatos sean organizaciones cada vez más nacionales, mientras que las empresas se sitúan, cada vez más, en una perspectiva supranacional. Las empresas son cada vez más internacionales, el juego de las fuerzas económicas es cada vez más global, mientras que los sindicatos tienen cada vez más dificultades para llevar adelante propuestas y planteamientos que superen las fronteras nacionales.

En la actual dinámica económica, en muchos conflictos empresariales los sindicatos tienen cada vez más difícil asumir un papel de jugador global y se ven constreñidos a limitarse a la defensa de intereses locales, que entran frecuentemente en contradicción con los de los trabajadores y las organizaciones sindicales de otros territorios. En los procesos de reestructuraciones industriales y de deslocalización de la producción, la única arma sindical de presión que podría resultar eficaz sería la de la movilización laboral que superase fronteras y constituyera un frente de presión y de negociación coordinado en el ámbito internacional. Solo la presión concertada de las distintas unidades productivas permitiría mantener una interlocución con verdadera capacidad de influencia sobre las decisiones empresariales. Pero eso tropieza con un obstáculo insalvable: los intereses de los trabajadores, y de sus sindicatos, en los distintos territorios no son en la mayor parte de los casos coincidentes. La deslocalización de la producción perjudica al territorio afectado por ella, pero beneficia a los trabajadores del país al que la producción se deslocaliza. El problema se agudiza en los supuestos de unidad de mercado, en los que ni siquiera es correcto hablar de “deslocalización” para hacer referencia al traslado de la producción a otro de los países integrados en el mercado único.

Tenemos ejemplos recientes de todo ello. Ha habido casos de cierre de unidades productivas, por parte de empresas transnacionales, con instalaciones en varios países de la Unión Europea, en los que el primer objetivo de los sindicatos ha sido obtener la solidaridad de los de esos otros países, pidiéndoles acciones de presión para conseguir un replanteamiento por parte de la empresa de sus intenciones. Y la respuesta obtenida no ha podido ser más desilusionante: el cierre de la factoría iba a suponer el aumento de la producción y la consolidación de otras fábricas, por lo que los trabajadores de estas no iban a sumarse a acciones que podían redundar en perjuicio de sus intereses.

Y esta situación se reproduce, con aristas más llamativas, en el seno de los propios grupos empresariales. Basta ver lo que sucede en el sector del automóvil, en el que el anuncio por parte de una firma de la fabricación de un nuevo modelo o del lanzamiento de una nueva producción genera una auténtica carrera competitiva entre las fábricas de los distintos países para conseguir hacerse con el encargo. Lógicamente, en esa carrera influyen, y mucho, las condiciones laborales ofrecidas por los sindicatos para asegurarse la producción y, en muchas ocasiones, la propia supervivencia de la planta. En esas condiciones, es ilusorio plantear posicionamientos sindicales comunes y cada sindicato se ve compelido a la estricta defensa de los intereses de sus respectivos trabajadores, en claro contraste con los de los trabajadores de otros territorios. El sindicato se ve así forzado a “pensar” en términos nacionales o regionales mientras que la empresa plantea y desarrolla sus estrategias a un nivel global. A eso es a lo que me refiero cuando digo que los sindicatos son cada vez más nacionales y que las empresas son cada vez más internacionales o transnacionales. Más globales en definitiva.

Esta evolución, a su vez, ha modificado sustancialmente la dinámica de las relaciones laborales y la relación de fuerzas entre sus protagonistas. Por una parte, dadas las características del nuevo sistema productivo, los sindicatos tienen una capacidad de presión cada vez mayor  en el ámbito local y en el corto plazo. Muchas empresas no soportan un paro, ni siquiera de corta duración, de la producción. En particular ello sucede en empresas suministradoras de otras, que deben operar just in time y que deben afrontar una competencia encarnizada. En todos estos casos, las batallas las suelen ganar los sindicatos y eso explica la deriva de la negociación colectiva, con convenios con cada vez más concesiones. En muchas ocasiones nos encontramos con contenidos de convenios que suscitan, ante todo, la pregunta de cómo pudieron concederse  por las empresas. Y la respuesta no es otra que esa imposibilidad de afrontar un paro de la producción. Pero si las batallas las ganan los sindicatos, las guerras las ganan las empresas. La ventaja sindical en el corto plazo se transforma en prevalencia empresarial en el medio y largo plazo. Si los sindicatos no saben administrar adecuadamente esa capacidad de presión en el corto plazo, corren el riesgo de provocar una situación en la que la empresa, que no es un jugador local sino global, debe reorganizar la producción y recurrir a procesos de deslocalización o de asignación de la carga de trabajo a otras unidades productivas. En España hemos tenido ejemplos de actuaciones sindicales que han ido, como diría Groucho Marx, de victoria en victoria hasta la derrota final, habiendo conducido las brillantes y reiteradas victorias negociadoras al cierre de la factoría y a la deslocalización de la producción.

Los sindicatos deberían buscar la manera de romper esa dinámica y tratar de encontrar un nuevo papel en el ámbito global en el que se toman las decisiones más relevantes. Enrocarse en posturas localistas es el camino más seguro hacia la irrelevancia y condenaría a los sindicatos a un papel estrictamente corporativo, de defensa de intereses profesionales de determinados núcleos de trabajadores, en ocasiones no ya frente a las empresas sino frente a otros núcleos de trabajadores, y alejado de la interlocución en los niveles realmente relevantes para la toma de decisiones y de la más mínima influencia en la ordenación de las relaciones sociales (ese papel político, más allá de lo estrictamente corporativo, que siempre han pretendido los sindicatos).

Sobre el origen intelectual de blockchain (I). Los precursores remotos

En mi anterior aportación a este blog aludí a ciertos obstáculos intelectuales con los que podemos tropezar los juristas a la hora de enfrentarnos al concepto de smart contract y al fenómeno blockchain en general, siendo el primero de ellos un déficit de formación tecnológica. Precisamente, una de las peculiaridades de esta tecnología, de cuyas múltiples aplicaciones y potencial disruptivo habla todo el mundo, es que presenta un considerable umbral intelectual de acceso: es algo que cuesta explicar y comprender.

En este post y en el siguiente voy a intentar aportar un poco de perspectiva sobre el asunto, lo que quizá pueda ayudar a discernir la señal –lo significativo- de todo el ruido mediático que ahora mismo está provocando tantas interferencias.

En concreto, en el par de posts que he previsto voy a hacer referencia a algunos personajes cuyas aportaciones intelectuales han sido importantes en el camino que ha llevado tanto a las criptomonedas como a blockchain. Al respecto, distinguiré uno precursores remotos y unos precursores próximos.

Como precursor remoto podría aludir al filósofo alemán Leibniz, que a finales del siglo XVII, además de fabricar una calculadora universal mecánica, concibió la idea de una máquina que almacenaba y manejaba información codificada en código digital binario. Pero me voy a centrar en dos personajes más cercanos, que vienen siendo considerados como los padres fundadores de la informática: el británico Alan Turing y el húngaro nacionalizado estadounidense John von Neumann. ¿Y por qué los traigo a colación? Pues no sólo porque en los años treinta y cuarenta del pasado siglo sentaron las bases intelectuales, de naturaleza lógico-matemática, que dieron lugar al desarrollo de la informática y con ella del universo digital en que ahora habitamos, sino porque, además, algunas de sus ideas y visiones anticiparon gran parte de la transformación que justo ahora estamos viviendo.

Alan Turing es conocido en nuestros días por el gran público sobre todo por una película reciente (The Imitation Game -“Descifrando enigma”, en España-, del año 2014) dedicada a su actividad durante la Segunda Guerra Mundial en el servicio de inteligencia de la Marina británica, donde contribuyó a descifrar los códigos de la célebre máquina de encriptación Enigma que empleaban en sus comunicaciones la armada y el ejército alemán. Esto ya nos resulta interesante por su relación con el tema de la criptografía. Pero, sobre todo, quiero hacer referencia al trabajo que le hizo célebre, publicado en el año 1936 en la prestigiosa revista Proceedings of the London Mathematical Society: “Sobre los números computables, con una aplicación al Entscheidungsproblem”.

El Entscheidungsproblem o problema de la decidibilidad es una ardua cuestión lógico-matemática que tuvo ocupados a algunos lógicos y filósofos a principios del siglo XX desde que el matemático alemán David Hilbert la plantease en un escrito programático del año 1900 como uno de los retos pendientes para la centuria que entonces comenzaba: ¿es posible que la matemática dé una respuesta de tipo demostrativo a todos los problemas que ella misma plantea? O dicho de otra forma, ¿es posible la axiomatización plena de la matemática para reconstruirla como un sistema completo y autoconsistente? Hilbert, adalid de lo que se conoce como formalismo lógico, pensaba que sí, y Russell y Whitehead creyeron haberlo logrado con su obra Principia Mathematica. Sin embargo, un ensimismado profesor de lógica austriaco llamado Kurt Gödel demostró que no era posible en un difícil y revolucionario artículo publicado en el año 1931, donde formuló lo que se conoce como el teorema de incompletitud de Gödel.

En la estela de Gödel, en el citado trabajo Turing –como una simple estrategia discursiva en relación con el problema de los límites de la computabilidad- concibió la primera máquina –que sería conocida como la “máquina universal de Turing” y que por entonces era sólo una construcción teórica- de “programa almacenado”, es decir, dotada de una memoria que no sólo conservaría datos, sino también el propio programa para el manejo o cómputo de esos datos, una máquina que sería reprogramable y capaz de computar todo lo computable (es decir, lo que hoy entendemos por un ordenador). Tampoco puedo dejar de mencionar su temprano interés por la inteligencia artificial, hasta el punto de que hoy se sigue empleando el llamado “test de Turing” para evaluar la mayor o menor inteligencia de un dispositivo.

Pues bien, cuando en el año 2014 ese niño prodigio ruso-canadiense llamado Vitalik Buterin, con tan solo 19 años, pone en marcha esa blockchain de segunda generación llamada Ethereum, nos va a decir que se trata de una blockchain que utiliza un lenguaje de programación Turing-completo, y que aspira a convertirse en la máquina universal de programación, the World Computer. Esto supone precisamente llevar la idea originaria de Turing a una nueva dimensión: no se trata de crear una máquina individual reprogramable de objeto de cómputo universal, sino de la existencia de una red tendencialmente universal de ordenadores que no sólo registran de forma simultánea esos mensajes sencillos que son las transacciones de bitcoins, sino que en ellos se puede ejecutar a la vez cualquier operación que sea programable, conservándose todos los pasos del proceso y su resultado en un registro distribuido, transparente, no manipulable y de acceso universal. O dicho de otra forma, no sólo universalidad en cuanto al objeto programable –como la máquina virtual de Turing y nuestros actuales ordenadores-, sino también universalidad en cuanto a los agentes o dispositivos que operan, ya que el programa se ejecuta y su resultado se registra simultáneamente por una infinidad de ordenadores repartidos por todo el mundo.

En cuanto a John von Neumann, se trata de uno de los grandes genios científicos del siglo XX, de un nivel comparable al de un Einstein. En lo que concierne a nuestro tema, von Neumann fue el creador de la estructura lógica de una de las primeras computadoras digitales electrónicas de alta velocidad y memoria almacenada con la que se hizo realidad la imaginada máquina universal de Turing. Esa computadora, conocida por las siglas EDVAC, fue fabricada a finales de los años cuarenta en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton (USA), como instrumento para la realización de los complejos y laboriosísimos cálculos matemáticos que requería el diseño y control de las primeras bombas atómicas. De hecho, todavía hoy la estructura de todos los ordenadores que utilizamos obedece a lo que se conoce como “arquitectura von Neumann”, que distingue la memoria, el procesador, la unidad central de control y los elementos de comunicación con el exterior para la entrada y salida de datos.

Pues bien, aparte de que cualquier aplicación o desarrollo de la tecnología informática es deudora -pese a su prematura muerte con 53 años- de las visiones y concepciones de von Neumann (incluso la inteligencia artificial, que fue el objeto de sus últimas reflexiones en obras como la “Teoría de los autómatas autorreproductivos”), quiero referirme aquí a dos ideas de este gran pionero de la informática.

En primer lugar, en los años que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial había escasez de casi todo y para la construcción del EDVAC se tuvo que echar mano de equipos y materiales de desecho de la industria bélica. Conseguir que funcionase correctamente una máquina fabricada ensamblando ese tipo de elementos fue un verdadero reto al que se enfrentó Von Neumann con la idea de que había que construir una máquina fiable a partir de miles de componentes no fiables. Esta idea, que desarrolló teóricamente en dos artículos de los años 1951 y 1952 (“Organizaciones fiables de elementos no fiables” y “La lógica probabilística y la síntesis de organismos fiables a partir de componentes no fiables”), enlaza con la formulación, ya en los años ochenta y en relación con la fiabilidad de las redes de ordenadores creadas con fines de defensa, de lo que se conoce como el “problema de los generales bizantinos” –al que se suele aludir en las explicaciones de blockchain-. Por supuesto, tiene que ver también con un concepto que hoy está en boca de todos con el nombre de “resiliencia”; y se encuentra en el mismo núcleo del diseño de blockchain: cómo crear el sistema de registro más fiable y transparente que haya existido nunca partiendo sólo de agentes individuales particulares cualquiera de los cuales podría ser un tramposo.

En relación con el diseño de blockchain también podemos rastrear la huella de otra gran aportación intelectual de von Neumann. Como éste estaba dotado de una inteligencia universal, no sólo se interesó por y revolucionó la lógica de conjuntos, la física cuántica y la ciencia de la computación, sino que también hizo su incursión –no menos revolucionaria- en la ciencia económica, donde fue el pionero de la teoría de juegos, con una obra de la que fue coautor junto con Oskar Morgenstern en el año 1944 con el título “Teoría de juegos y comportamiento económico”. Pues bien, mucho de teoría de juegos, de análisis de la racionalidad de las decisiones estratégicas de los agentes individuales que operan en una economía teniendo en cuenta los comportamientos probables de los demás agentes, está también presente en el inteligente diseño que explicó el enigmático Satoshi Nakamoto en su paper del año 2008. En último término, una blockchain pública como la que sirve de base a Bitcoin está diseñada partiendo de la idea de que la persecución del interés individual de ganancia de unos agentes -los “mineros”- redunda en la fiabilidad general del sistema; así como en la idea de que resulta muy poco racional defraudar un sistema para obtener un activo cuyo valor económico depende directamente de la confianza general en la fiabilidad de ese sistema.

(Recomiendo a quien sienta curiosidad por estos temas la lectura de los siguientes libros, disponibles en nuestro idioma: “La catedral de Turing. Los orígenes del universo digital”, de George Dyson, Debate, Barcelona, 2015; “Alan Turing. El pionero de la era de la información”, de B. Jack Copeland, Turner Noema, Madrid, 2012; y “Gödel. Paradoja y vida”, de Rebecca Goldstein, Antoni Bosch, Barcelona, 2010.)

Problemática jurídica y financiera de las Initial Coin Offerings (ICOs)

Las nuevas tecnologías y la utilización de criptomonedas siguen irrumpiendo con fuerza en los mercados financieros. En los últimos meses, ha emergido con especial relevancia una nueva forma de financiación empresarial que se estima que en el año 2017 ha permitido captar más de 4.000 millones de dólares en Estados Unidos. Esta nueva forma de financiación empresarial que tiene preocupados a la mayoría de reguladores del mercado de valores de todo el mundo son las conocidas Initial Coin Offerings (ICOs), consistentes en la captación del público, a través de la tecnología blockchain, de monedas virtuales a cambio de otorgar como contraprestación un “token”. Estos tokens no son más que instrumentos que confieren a su titular una serie de derechos sobre la entidad que realiza la ICO. Los tokens pueden revestir distintas formas y caracteres. Los más comunes son: (i) los tokens que otorgan derechos de uso para tener acceso digital a alguna aplicación o servicio provisto por la empresa (utility tokens); (ii) los tokens que otorgan derechos a participar en las ganancias o recibir pagos de intereses por parte de la empresa (security tokens); y (iii) los tokens que sirven a sus titulares como medios de pago (payment tokens).

La emisión de tokens entraña varios desafíos desde una perspectiva jurídica, financiera y contable. Desde el punto de vista financiero y contable de los tokens emitidos al público, resultará relevante saber si formarán parte del patrimonio neto (equity) o del pasivo (debt) de la empresa, no sólo a los efectos de presentación de los estados financieros, sino también para determinar el impacto que su consideración como deuda o como equity podría tener sobre el valor de la compañía, su gobierno corporativo, sus ratios financieros y la normativa aplicable a estos instrumentos. Por su parte, desde la perspectiva de las criptomonedas recibidas en contraprestación a la entrega de los tokens, también se plantea la forma adecuada de contabilizarlas (principalmente, si serían activos corrientes o no corrientes, y si sería una divisa –como difícilmente sería el caso en tanto no se reconozcan las criptomonedas por los bancos centrales como medios oficiales de pago– o como un bien o derecho), así como los posibles riesgos asociados a estos activos, que principalmente serán: (i) el riesgo de depreciación –y las pérdidas que podría ocasionar la contabilización de esta pérdida– en caso de estallar la “burbuja” que se ha dicho que existe sobre determinadas criptomonedas (especialmente bitcoin);  y (ii) el riesgo de utilización de estos instrumentos para el lavado de dinero.

El principal desafío para los reguladores es entender la naturaleza y caracteres de la emisión, y, más concretamente, de los tokens asociados a la misma, para ver qué derechos confieren a sus titulares, ya sea de manera inmediata y/o en un momento posterior a la emisión. A tales efectos, la evaluación de los tokens y su análisis jurídico debe afrontarse con un enfoque eminentemente funcional, otorgando prevalencia al fondo sobre la forma, y prestando especial atención a los derechos y caracteres de los tokens emitidos, para ver en qué categoría jurídica podría encajar en la regulación existente del mercado de valores (valores, commodities, etc.). Esta clasificación resulta de especial trascendencia porque las estructuras de tokens pueden ser muy variadas, y algunos tokens pueden resultar totalmente irrelevantes para el regulador del mercado de valores. A modo de ejemplo, algunos utility tokens pueden terminar siendo simplemente cupones criptográficos con los cuales una persona puede acceder a un descuento en la empresa vendedora del token. Lógicamente, este token no será clasificado como “valor” (security), y también resultará irrelevante para los reguladores del mercado de valores. No obstante, ciertas estructuras donde el titular del token participa en las ganancias de una compañía parece que debieran caer en el espectro del supervisor (ya que parecería asemejarse a una emisión de acciones), como también podrían encajar aquellos que retribuyan a sus titulares mediante intereses (ya que parecería asemejarse a una emisión de deuda).

Por su parte, otros tokens, como aquéllos que sólo sirven como activos digitales o medios de pago, parece que también deberían ser excluidos del ámbito de la regulación y supervisión del mercado de valores. La aproximación a estos tokens debería ser similar que las realizas con las criptomonedas, y, por tanto, clasificar a estos tokens como commodities. En consecuencia, parecería razonable aplicar a estos tokens las reglas relativas a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, tal y como, por ejemplo, se ha hecho en Suiza.

La aparición de las ICOs recuerda a los supervisores algo que, por las lecciones aprendidas de la crisis, les debería resultar familiar: el análisis de la regulación financiera debe realizarse desde una perspectiva funcional (como recuerdan Armour et al) y, para lograr una adecuada protección de inversores y del sistema financiero, la regulación debe estar basada en principios y actividades, y no en reglas y entidades.

No obstante lo anterior, el análisis sobre la naturaleza y clasificación de los tokens no puede generalizarse. Debería examinarse caso a caso, ya que cada token podría suponer consecuencias distintas desde una perspectiva contable, financiera y de gobierno corporativo. Si se trata de un token en el que se ofrece al titular el pago de unos intereses y la devolución de su principal, la naturaleza y particularidades del token parecerían asemejarse a las de un título de deuda. La misma consideración de deuda, aunque con mayores similitudes al equity (sobre todo, el equity de entidades de base mutualista, como pudieran ser las cooperativas) podrían tener aquellos token que otorguen derechos de uso o disfrute sobre ciertos activos o servicios de la compañía. Existirán más diferencias, sin embargo, con aquellos tokens que entrañen derechos políticos y económicos en la compañía. En este caso, los titulares del token se asemejarán a los accionistas de la sociedad. No obstante, sus derechos pueden diferir respecto a los que tendrán otros accionistas ordinarios, y podrán generarse nuevos costes de agencia, tal y como ocurre con las acciones con voto múltiple.

Existen varias enfoques regulatorios para afrontar el desafío de las ICOs. Quizás, los modelos más relevantes son aquellos que imponen un sistema de autorizaciones ex ante para todo tipo de tokens (con independencia de ser security tokens o no), tal y como, en cierta manera, se ha propuesto en México, y aquellos que establecen una serie de principios o recomendaciones para que sean los propios emisores quienes evalúen su producto y, en el caso de tratarse de security tokens, obtengan la correspondiente autorización del supervisor del mercado de valores (que es el enfoque que, en esencia, se sigue en Estados Unidos a través del denominado “Howey test”). A nuestro modo de ver, parecería deseable que los reguladores nacionales emitiran una serie de recomendaciones para establecer los criterios con los que, en cada país, se evaluará la naturaleza del token, y, en consecuencia, el régimen jurídico que resultará aplicable a los mismos. De esta manera, serían los propios emisores quienes, ahorrando trabajo y recursos a los supervisores, “auto-evaluaran” inicialmente su producto. No obstante, para evitar que posibles emisiones de “security tokens” puedan escapar del control del supervisor del mercado de valores, el modelo anterior debería quedar reforzado con un sistema de controles ex post a cualquier posible emisión de tokens. Así se evitarían los costes asociados a analizar y, en su caso, autorizar todas las emisiones de tokens (con independencia del tipo de tokens de que se trate), aunque garantizando el control del mercado de tokens, la protección de inversores y la estabilidad del sistema financiero.

La difícil deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de la remuneración de los consejeros ejecutivos de sociedades mercantiles

Desde que el Tribunal Supremo patrocinó la llamada “teoría del vínculo” mediante la denominada “sentencia Huarte” (STS, Sala 4ª – de lo Social- de 29 de septiembre de 1988) y, en particular, desde las sentencias posteriores que matizaron y confirmaron esta primera decisión (SSTS Sala 4ª, de 3 de junio de 1991 y 27 de enero de 1992), en nuestro sistema jurídico se entiende que el vínculo mercantil —que une a los consejeros ejecutivos que desarrollan a la vez funciones de alta dirección— absorbe al vínculo laboral que el alto directivo pudiera haber formalizado con la misma empresa. Así, a partir de ese momento los tribunales del orden social se manifestaron incompetentes para entender de las controversias planteadas por los administradores ejecutivos, pese a que formalmente hubieran sido contratados como altos directivos.

Con fundamento en dicha doctrina jurisprudencial, la Sala 3ª -de lo Contencioso-Administrativo- del Tribunal Supremo, en sus denominadas “Sentencias Mahou”, de 13 de noviembre de 2008 (números 7.057/2008 y 7.068/2008), fijó el criterio de no deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de las remuneraciones de los administradores de las sociedades que no cumplieran los requisitos establecidos por la normativa mercantil, tales como la obligatoriedad, la fijación en los estatutos del carácter retribuido del cargo y el sistema concreto de retribución indicando su cuantía.

Con posterioridad, las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 21 de febrero de 2013, 26 de septiembre de 2013, y 5 de febrero de 2015, entre otras, confirmaron este criterio considerando que a falta de previsión estatutaria, la retribución percibida por un administrador es una liberalidad y por ende, no procede su deducibilidad fiscal.

Dicho criterio reiterado del Tribunal Supremo ha sido plenamente asumido por la Administración Tributaria y por el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC). Como muestra de ello, se recoge a continuación el criterio seguido por el TEAC, entre otras, en dos de sus Resoluciones:

TEAC 06-02-2014 (Unificación de criterio):

En el supuesto de que se satisfagan retribuciones a los administradores, cuyo cargo sea gratuito según las disposiciones estatutarias, por la prestación de servicios de dirección, dichas cuantías tienen la consideración de gastos no deducibles con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14.1.e) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, siendo sólo compatible la relación de carácter laboral por las funciones de gerencia o dirección con la de carácter mercantil del cargo de administrador, cuando las funciones que se realizan por razón de la primera sean distintas de las que llevan a cabo por razón del último cargo y se trate de una actividad específica diversa; en otro caso, ambas relaciones (la mercantil y la laboral) son incompatibles, debiendo prevalecer la calificación mercantil, y sólo se podrán percibir remuneraciones por dicha función cuando esté previsto en los estatutos sociales el carácter remunerado del cargo.

TEAC 05-07-2016:

Cuando resulte acreditado que las únicas funciones que realiza un administrador, además de las propias de la relación mercantil, son las tareas propias de un director gerente, debe prevalecer la calificación mercantil, no teniendo la consideración de gasto deducible la retribución que perciba por dicha función de dirección o gerencia de no estar prevista en los Estatutos Sociales remuneración del cargo de administrador.

No obstante lo hasta aquí expuesto, tanto la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modificó la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, como la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, introdujeron modificaciones relevantes en esta cuestión con efectos 1 de enero de 2015, que la doctrina interpretó que flexibilizaban los requisitos exigidos hasta el momento.

De un lado, el nuevo artículo 249 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) señala lo siguiente:

“3. Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión.

4. En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato.

El contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general.”

Por otra parte, el artículo 15 de la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) establece que:

“No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles:

a)………………………..

e) Los donativos y liberalidades.

No se entenderán comprendidos en esta letra e) los gastos por atenciones a clientes o proveedores ni los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa ni los realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios, ni los que se hallen correlacionados con los ingresos.

No obstante, los gastos por atenciones a clientes o proveedores serán deducibles con el límite del 1 por ciento del importe neto de la cifra de negocios del período impositivo.

Tampoco se entenderán comprendidos en esta letra e) las retribuciones a los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, u otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad.

f) Los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.”

Como resultado de las dos reformas (mercantil y fiscal) tanto por parte de la doctrina de forma mayoritaria, como por la Dirección General de los Registros y del Notariado en su Resolución de fecha 17 de junio de 2016, se ha interpretado que a partir de 1 de enero de 2015, cuando el órgano de administración adoptara la forma de consejo, la conformidad a Derecho de la retribución de aquellos consejeros que ejercieran funciones ejecutivas no requería su constancia en estatutos cuando existiera el contrato a que se refiere el artículo 249 de la LSC.

En consecuencia también se ha interpretado que, en el ámbito tributario, la existencia de dicho contrato resultaría suficiente para que las retribuciones del Consejero Delegado tuvieran la consideración de gastos fiscalmente deducibles en el Impuesto sobre Sociedades de la entidad, puesto que no se consideraban como liberalidades las retribuciones a los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, y ya que con el referido contrato tales retribuciones no podían constituir gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.

En esta situación de aparente estabilidad acaba de irrumpir la recientísima Sentencia de la Sala 1ª –de lo Civil- del TS de 26 de febrero de 2018 (pendiente de publicar), que señala que la reserva estatutaria establecida en el artículo 217 de la LSC, esto es la necesidad de que la existencia y sistema de remuneración conste en estatutos, afecta tanto a los administradores sin funciones ejecutivas como a los administradores ejecutivos.

Una primera conclusión de esta resolución del TS (probablemente, apresurada) podría suponer que la existencia de retribución para los administradores ejecutivos (p.ej. consejeros delegados) y su deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades requiere no solo la firma y aprobación del contrato que exige el artículo 249 de la LSC, sino asimismo cumplir las previsiones del artículo 217 de dicho texto legal, lo que hace necesario que los estatutos contengan el sistema de remuneración de las funciones ejecutivas (aunque no necesariamente su cuantía) y que el importe de dichas remuneraciones por funciones ejecutivas se encuentre incluido dentro del importe máximo anual de remuneración de los administradores establecido por la Junta General.

Sin embargo, parece más prudente suponer que este asunto, de trayectoria tan dilatada, no está agotado definitivamente, y que cualquier decisión al respecto requiere un análisis individualizado de las circunstancias concretas respecto a los servicios que en realidad presta el consejero ejecutivo y al tipo de sociedad en que desempeña su función (p.ej. sociedad no cotizada como era el caso enjuiciado en la reciente Sentencia del TS, o sociedad cotizada en la que ha de existir una la política de retribuciones que podría amparar estas situaciones).

El jurista ante el smart contract

A la hora de enfrentarnos al fenómeno de los smart contracts los juristas tendemos a tropezar con dos grandes obstáculos:

– En primer lugar, un problema de comprensión de la tecnología, y ello tanto de la específica que está implicada en la arquitectura y funcionamiento de una blockchain, como de la genérica tecnología informática. Por un lado, qué es exactamente una red peer-to-peer, cómo funciona la criptografía asimétrica o de doble clave, qué son los hashes o la prueba de trabajo, cómo se logra el consenso de los nodos, qué es un fork, etc.; y por otro lado, qué es un algoritmo, o una string de bits, qué es programar, en qué consiste un “código” en sentido informático, qué es “compilar” un programa, o “editarlo”, o “ejecutarlo”. Sin una mínima familiaridad con todos estos conceptos cualquier esfuerzo de análisis o enjuiciamiento jurídico de los smart contracts resulta baldío, en definitiva, porque no sabemos de lo que estamos hablando.

Así, cuando definimos un smart contract como un contrato que se “autoejecuta”, ¿estamos teniendo en cuenta que un programa informático lo único que hace, en principio, es manejar información, realizar unas operaciones con unos datos siguiendo unas reglas o instrucciones determinadas para dar como resultado unos nuevos datos? Qué relación tiene esto con el cumplimiento, performación o ejecución práctica de un contrato no es algo evidente.

Precisamente, la puesta en práctica de la idea de un contrato inteligente está ligada a la creación de esos peculiares “activos” que son las criptomonedas, que no tienen más consistencia que la de ser pura información digital y por tanto son activos cuya “circulación” es programable, susceptible de ser plenamente controlada por un programa informático cuyos resultados (quién es el titular actual de una determinada suma de bitcoins) se van simplemente registrando en una base de datos digital. Tratándose de otros activos cuya consistencia es puramente digital –un archivo de sonido o de imagen que contiene una obra susceptible de propiedad intelectual-, también esa programación informática de su negociación y de la ejecución de ésta resulta fácilmente concebible (porque es posible una puesta a disposición del activo puramente digital y telemática). Pero en el caso de que nuestro contrato inteligente tenga por objeto otro tipo de bienes como la propiedad o el uso de bienes materiales, derechos de crédito contra un determinado sujeto, derechos corporativos o de participación en una empresa, necesariamente deberemos con carácter previo “tokenizar” estos bienes o derechos, es decir, representarlos mediante fichas digitales susceptibles de programación. Esto, por supuesto, plantea el problema –ya sí esencialmente jurídico- de en qué medida nuestro ordenamiento puede llegar a reconocer la validez de esa forma de circular estos bienes o derechos tokenizados cuando sea preciso obtener la efectividad práctica de esos derechos en la realidad exterior a la memoria del dispositivo o dispositivos –en su caso, en red- que ejecutan un determinado programa. O dicho de otra forma, en qué medida la “legitimación” que proporciona el código que se ejecuta sobre la cadena de bloques valdrá también como legitimación jurídica fuera de la red (problema que no suscitan las criptomonedas, en cuanto sólo existen, operan y desenvuelven toda su eficacia  en la red).

En la medida en que el desarrollo de la Internet de las Cosas lleve consigo la proliferación de objetos materiales dotados de dispositivos electrónicos que permitan tanto su conexión y comunicación con la red como su control automático programable, el contrato inteligente podrá conseguir respecto de este tipo de bienes una autoejecución más efectiva y autosuficiente, menos necesitada del apoyo de los mecanismos tradicionales de la coerción jurídica y por tanto menos dependiente –al menos a priori- del aludido reconocimiento de su legitimidad jurídica.

En cualquier caso, con esta primera observación quiero llamar la atención sobre el dato de que en esta materia de los smart contracts el conocimiento y la comprensión de la tecnología, de lo que ésta es capaz o no de hacer en la práctica, ha de preceder a cualquier enjuiciamiento jurídico.

– Esto me lleva al segundo gran problema, que no es tanto de conocimiento como de enfoque: nos enfrentamos al asunto equipados con todos nuestros prejuicios jurídicos, y esto puede perturbar gravemente nuestra visión. Fundamentalmente, nos confunde una terminología tan equívoca como la de “contrato inteligente”, que nos trae a la mente de forma inmediata nuestro concepto jurídico de contrato y todo lo que éste conlleva. Así, nos ponemos demasiado pronto a plantear cuestiones de validez o invalidez jurídica, de eficacia o ineficacia jurídica, de si se cumplen o no los requisitos para la obtención de un reconocimiento legal, incluso de prueba y de virtualidad procesal; y no nos damos cuenta de que ése no es realmente el quid de la cuestión. En el fondo del asunto hay una cuestión más radical, que nos puede pasar desapercibida por culpa de esa precomprensión jurídica nuestra. De lo que se trata no es de una nueva figura más o menos atípica que trata de encontrar acomodo en el marco de nuestro sistema jurídico, sino más bien de algo que en su planteamiento más originario pretende ser una alternativa a todo nuestro sistema jurídico.

Un smart contract, en puridad, no pretende ser un contrato jurídico, porque no necesita serlo, de la misma manera que Bitcoin –en la concepción de sus creadores- no pretende ser dinero reconocido legalmente, dinero de curso legal, sino más bien un dinero para una sociedad humana que ha dejado ya muy atrás, como innecesarias, las nociones de Estado nacional, de leyes y de jurisdicciones nacionales.

Necesitamos el apoyo de una jurisdicción, de los tribunales de un determinado país, y como presupuesto de ello el reconocimiento del significado y valor jurídico de un determinado arreglo o composición de intereses por parte de la legislación de ese país, en la medida en que, de facto, el cumplimiento o realización práctica de lo acordado depende de la voluntad de un ser humano. De manera que, cuando falle o nos sea esquiva o renuente esa voluntad, pediremos el auxilio de la fuerza de un Estado. Sin embargo, si la tecnología nos ofrece la posibilidad de que esa composición acordada de intereses se haga efectiva de una forma mecánica o automática con completa independencia de la voluntad de un sujeto “obligado”, entonces no solo la noción de contrato, sino todo el aparato tanto normativo como institucional y organizativo propio de lo que conocemos como “derecho contractual” devienen irrelevantes.

Claramente, este es el enfoque propio de los precursores intelectuales e ideológicos de todo este asunto –los criptoanarquistas-: un utopismo tecnológico según el cual determinados problemas de intercambio y cooperación económica, que hasta ahora se instrumentaban de forma muy insatisfactoria (lenta, cara, farragosa, insegura) mediante los sistemas jurídicos tradicionales, pueden ser manejados de forma mucho más eficiente mediante la simple intervención de herramientas tecnológicas que ya están a nuestro alcance.

Partiendo de ello, la verdadera cuestión que debe merecer nuestra atención como juristas es: primero, si realmente esto que se pretende es posible, en un plano meramente práctico, y con qué alcance –en todos los ámbitos de relaciones humanas que hasta ahora cubría el derecho contractual o sólo en algunos ámbitos-, y cómo es posible; y segundo, si esta forma alternativa de hacer las cosas resulta desde un punto de vista valorativo y teniendo en cuenta todos los posibles intereses que están en juego (no solo la pura eficiencia económica, la agilidad y seguridad de las transacciones, sino también la necesidad de protección de las partes más débiles de las relaciones económicas, de intereses patrimoniales o vitales especialmente delicados, de la solidaridad social que se supone sirve de fundamento a la fiscalidad, etc.) algo aceptable y conveniente, y en qué ámbitos sí y en qué ámbitos quizá no. Pero siempre siendo muy conscientes de que nos enfrentamos a un fenómeno que en gran parte supera nuestras fuerzas, las fuerzas de un Estado nacional cualquiera, que fácilmente puede verse desbordado por los acontecimientos en su intento de poner puertas al campo.

El uso de acciones con voto múltiple como estrategia regulatoria para la atracción de salidas a bolsa

Numerosas compañías como Google, Facebook o Linkedin salieron a bolsa emitiendo acciones con voto múltiple, esto es, estructuras en las que existe una tipología de acciones (“tipo A”) que tienen más derechos de votos que otras (“tipo B”), aunque todas, por lo general, supongan los mismos derechos económicos. Estas acciones permiten que los fundadores puedan retener el control a través de un porcentaje minoritario del capital. Por tanto, se convertirían en accionistas minoritarios de control o, lo que es lo mismo, socios que: (i) no han pagado por la mayoría del capital; (ii) no internalizan los costes de sus decisiones; y (iii) no obstante lo anterior, se benefician íntegramente de los beneficios privados del control.

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