Las nuevas tecnologías y los derechos laborales

La ya generalizada utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el mundo laboral ha hecho surgir nuevos problemas en el ámbito de las relaciones laborales, sobre todo derivados del juego que los derechos fundamentales de los trabajadores (derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones) hayan de tener en los procedimientos empresariales establecidos para la vigilancia y control del uso de los medios informáticos puestos a disposición del trabajador (ordenadores, teléfonos celulares, tabletas), así como en supuestos de utilización de medios de vídeovigilancia aunque no estén relacionados directamente con la actividad laboral (medios que, establecidos para garantizar la seguridad de las instalaciones o para evitar hurtos de los productos comercializados por la misma, pueden sin embargo captar casualmente incumplimientos laborales  de los trabajadores).

Esta nueva realidad pone en cuestión, con mucha más intensidad que antes, la vigencia de los derechos fundamentales de los trabajadores en el seno de las empresas y en el desarrollo de sus actividades productivas. Derechos que les corresponden como ciudadanos (derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, al respeto de su dignidad) y no específicamente como trabajadores (como es el caso, sobre todo, de la libertad sindical y de sus diversas manifestaciones). Y hace reverdecer el debate, ya antiguo, sobre la vigencia de los derechos fundamentales en el seno de las organizaciones productivas. En la década de los setenta del pasado siglo, en el apogeo de ese debate, se acuñó una máxima que hizo fortuna, conforme a la cual la Constitución no puede pararse a la puerta de las fábricas, sino que debe garantizarse que los trabajadores conservan íntegros sus derechos fundamentales de ciudadanía aunque se integren en una organización empresarial que, lógicamente, tiene también sus exigencias de disciplina y de control.

La mayor parte de los ordenamientos ha dado hasta ahora una respuesta insuficiente, o no ha dado, como en el caso español, respuesta en absoluto a estos nuevos problemas. El uso de las redes corporativas de la empresa para comunicaciones sindicales, por ejemplo, o la utilización para fines particulares de los medios tecnológicos facilitados por la empresa (correo electrónico, internet, teléfono) y sus límites, no encuentran respuesta en nuestros textos legales. Piénsese que la norma básica ordenadora de las relaciones laborales en España, el Estatuto de los Trabajadores, sigue regulando como medio principal de comunicación sindical en la empresa, junto a las asambleas de trabajadores, ¡el tablón de anuncios! Tampoco la negociación colectiva, aunque más atenta a estas cuestiones y con ejemplos de regulación detallada de las mismas (sobre todo en convenios de grandes empresas), ha dado respuesta suficiente a la nueva problemática. Ha sido sobre todo la doctrina judicial la que, si bien de forma casuística, ha ido sentando una doctrina acerca de la compatibilización de los derechos de los trabajadores con las exigencias empresariales de ordenación de las actividades productivas y de control y vigilancia tanto del uso de los medios empresariales puestos a disposición de los trabajadores, como del cumplimiento de las instrucciones de la empresa.

¿Cuáles son los puntos fundamentales de esa doctrina (bien sintetizada en la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2018, que recoge también las construcciones al respecto del Tribunal Constitucional y comprueba su armonía, en este punto, con la jurisprudencia del TEDH, en particular en su reciente sentencia Barbulescu, de 5 de septiembre de 2017)? Ante todo, como principio general, hay que tener en cuenta que la utilización del ordenador en la empresa, aunque esté personalizada (incluso aunque se entregue un ordenador portátil a cada trabajador) queda dentro del ámbito del poder de vigilancia del empresario, que puede ejercer, en relación con el uso del ordenador, sus facultades de vigilancia y control de la actividad laboral. Las facultades empresariales, legalmente reconocidas y con fundamento constitucional en el artículo 38 CE, pueden pues ejercerse en estos ámbitos, si bien con respeto de la dignidad de los trabajadores. Ello implica el derecho empresarial a fijar las condiciones de uso de los medios informáticos facilitados por la empresa y a vigilar que esas condiciones se respetan por los trabajadores.

Los problemas más delicados surgen cuando se permite el uso para fines particulares de tales medios. O cuando simplemente se tolera un uso “razonable” de los mismos con fines particulares. En estos casos, las medidas de vigilancia y de control, que siempre han de ser razonables, han de tener especial cuidado de salvaguardar la esfera personal del trabajador y la intimidad de sus comunicaciones. Habrá que tener muy en cuenta las circunstancias concretas de cada caso y atender a las “expectativas razonables” que el trabajador pueda tener, en función de esas circunstancias, de encontrarse “al resguardo de la observación o del escrutinio ajeno”. Y habrá que distinguir si se trata de un control rutinario o general o si, por el contrario, viene determinado por indicios o sospechas concretas de actuación  desleal o contraria a la disciplina laboral o a los intereses empresariales del trabajador.

Por regla general, los controles empresariales han de superar un triple juicio de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad. La medida de control ha der idónea para la consecución de los fines legítimos perseguidos, ha de ser necesaria, en el sentido de que no exista otra menos intrusiva en la esfera del trabajador y proporcional a las circunstancias que la motivan. Los problemas se simplifican bastante cuando existe un protocolo empresarial (negociado con la representación laboral o establecido unilateralmente por la empresa), regulador del uso de los medios informáticos y de los instrumentos susceptibles de emplearse para controlar dicho uso. Aun así, se pone en cuestión, en estos casos, si, en atención a la realidad social imperante, una medida empresarial de prohibición absoluta de utilización con fines particulares puede considerarse proporcionada con independencia de las circunstancias que la motivan.

Las medidas empresariales de vigilancia y control que no respeten los principios indicados, pueden provocar que las pruebas de los incumplimientos laborales verificados a través de ellas, se consideren pruebas ilícitamente obtenidas y se consideren por tanto nulas. La doctrina judicial recurre con frecuencia a esta doctrina de los “frutos del árbol empozoñado” para anular las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales. Ahora bien, el TS, en la sentencia que hemos citado, si bien mantiene la nulidad de las pruebas ilícitamente obtenidas avala la figura del “hallazgo casual”, que legitima posteriores medidas de comprobación. Ese hallazgo casual invalida la aplicación de la doctrina de los frutos del árbol envenenado, máxime cuando las actividades posteriores de comprobación son selectivas y proporcionadas. Ahora bien, el hallazgo casual tropieza con más dificultades cuando el incumplimiento laboral se detecta a través de cámaras de videovigilancia cuyo uso a efectos de control laboral no estaba fijado o no se había comunicado a los trabajadores.  Estos son supuestos delicados; si bien puede sostenerse que los trabajadores tienen derecho a conocer la instalación de cámaras de grabación y su posible uso a efectos de control de las actividades laborales, existen casos (cámaras de seguridad con fines no laborales, que captan un hurto de mercancías o de efectivo por parte de trabajadores) en los que un hipergarantismo puede llegar a configurar una especie de “derecho a la intimidad para delinquir” que no parece que deba tener amparo constitucional.

Sobre el origen intelectual de blockchain (III). Más precursores próximos

Terminé el post anterior ocupándome de la figura de David Chaum y de cómo su proyecto DigiCash no suponía una verdadera ruptura con el dinero de curso legal tradicional. El salto disruptivo al respecto, aunque fuera en un plano todavía meramente teórico o especulativo, es atribuible a los siguientes dos personajes de esta historia.

El primero de ellos colaboró precisamente con David Chaum en la malograda empresa DigiCash. Se trata de un estadounidense con apellido de origen húngaro: Nick Szabo. Personaje polifacético: graduado en 1989 en ciencias de computación por la Universidad de Washington, criptógrafo y jurista. Además de trabajar en DigiCash, fue el diseñador de Bit Gold, un proyecto de divisa digital antecesora de Bitcoin y blockchain. De hecho, muchos han afirmado que la identidad real tras el seudónimo “Satoshi Nakamoto” –el creador de Bitcoin- es Szabo, algo que él siempre ha negado. Así, el escritor y periodista financiero británico Dominic Frisby afirma: “I’ve concluded there is only one person in the whole world that has the sheer breadth but also the specificity of knowledge and it is this chap…”. Incluso una subunidad de la criptomoneda Ether (la moneda de la plataforma Ethereum) ha sido bautizada con su nombre (el “szabo”).

La primera gran aportación de Szabo a nuestro tema fue un artículo publicado en una revista futurista y transhumanista californiana denominada Extropy en el año 1996 con el título “Smart contracts: building blocks for digital free markets”. En este visionario artículo Szabo, como informático, criptógrafo y a la vez jurista, se plantea cómo la combinación de Internet con los modernos protocolos criptográficos (criptografía asimétrica o de doble clave, sistemas de firma ciega como los ideados por Chaum, o de firma múltiple, protocolos de mixing) podría revolucionar el derecho tradicional de contratos, permitiendo que esa pieza jurídica básica que es el contrato y que es la base de toda nuestra economía de mercado pudiera estar a la altura de las exigencias del comercio on line. En este artículo se crea el concepto y la terminología –ahora mismo en boca de todos- “smart contract” o contrato inteligente: un programa informático mediante el cual se ejecutan de forma automática unas prestaciones que no sólo son convenidas sino además programadas, lo que da lugar a un contrato que se autoejecuta con la ayuda de la tecnología informática. Algo ideal precisamente para una contratación no sólo entre ausentes sino entre desconocidos, que no tienen ningún motivo para confiar entre sí. También encontramos por primera vez el término “smart property” o propiedad inteligente, que es el resultado de integrar un contrato inteligente en un objeto físico (un automóvil, la cerradura de una vivienda), de manera que la disposibilidad física de ese objeto también sea programable según los términos de un determinado acuerdo.

Este primer artículo sobre los smart contracts fue revisado y ampliado en una publicación del año 1997 con el título “Formalizing and securing relationships on public networks”. En este texto encontramos ya una alusión a la idea de una confianza distribuida, es decir, a cómo la intervención de varios agentes en el control y registro de una transacción es una garantía de seguridad y de protección contra el fraude.

Esta idea se desarrolla y empieza a ganar entidad en publicaciones posteriores como “Secure Property Titles with Owner Authority” del año 1998, un artículo en el que, ante los problemas de inseguridad y de discrecionalidad política que -sobre todo en países poco desarrollados- suscitan los sistemas de registro de propiedad centralizados, propone una base de datos de títulos de propiedad distribuida o replicada a través de una red pública (un sistema de registro que –nos dice- sería capaz de sobrevivir a una guerra nuclear). Se trata de la creación de una especie de club de propietarios por medio de Internet, que se conciertan para llevar el rastro de la propiedad de algún tipo de activo. El título de propiedad de cada uno sobre un objeto estaría autenticado con la firma electrónica del titular anterior y así sucesivamente formando una cadena. Y el registro de la cadena de títulos de la que resulta quién es el propietario actual de cada objeto se basa en un consenso de la mayoría de los participantes, dado que es improbable que todos se pongan de acuerdo para cometer un fraude. Como veremos, aquí está ya in nuce el sistema de registro de titularidad de Bitcoin.

Otro importante artículo en que estas ideas se desarrollan es “Advances in distributed security” del año 2003, donde Szabo nos propone desechar la pretensión de una seguridad absoluta imposible de alcanzar, para conformarnos con sistemas con una alta probabilidad de seguridad como la que proporciona la criptografía. En este contexto, plantea cuestiones como un time stamping o sellado de tiempo distribuido, el empleo de los hashes como forma de identificar los mensajes o archivos objeto del sellado de tiempo, la creación de redes de replicación “bizantino-resilientes”, etc.

Además de la preocupación por sistemas alternativos para asegurar el cumplimiento de contratos y el tracto de las propiedades haciendo uso de Internet, la programación informática y la criptografía, Szabo puso también su atención en el tema específico del dinero, yendo mucho más allá del planteamiento de David Chaum. Lo que preocupaba a éste, como vimos, era el tema de la privacidad: cómo la intermediación de las entidades financieras en nuestros pagos electrónicos proporciona a éstas el conocimiento de datos esenciales de nuestras vidas. Szabo se enfrenta a otra cuestión: el sometimiento del valor del dinero que usamos a la discrecionalidad de las autoridades políticas, es decir, el problema de la inflación discrecional. Aquí es donde incide su propuesta Bit Gold del año 1998, que es coetánea de una idea muy similar: b-money de Wei Dai.

Este Wei Dai es un criptógrafo graduado también en ciencias de la computación por la Universidad de Washington, que en el año 1998 publicó un texto muy breve con el título “B-money: an anonymous, distributed electronic cash system” en la Cypherpunks mailing-list y que sería citado como referencia en el whitepaper de Satoshi Nakamoto (no así obra alguna de Szabo). La motivación de este Dai, como buen criptoanarquista, era básicamente la opacidad de las transacciones dinerarias y la terminología resulta quizá excesivamente elocuente al respecto: “dinero b”. Como curiosidad, indicaré que la fracción mínima de la criptomoneda Ether se denomina “wei”, como homenaje a este precursor.

Lo que se plantean estas propuestas (que enlazan con las visiones más radicales del criptoanarquismo de Tim May al que Dai cita explícitamente en el comienzo de su artículo) no es representar en un nuevo formato electrónico el dinero de curso legal ya existente para facilitar o conseguir el anonimato de los pagos electrónicos, sino de reemplazar ese dinero de origen estatal por un nuevo dinero creado por los propios usuarios asistidos por la red y la criptografía. Esta pretensión –como vemos, de significado político mucho más radical, pues viene a cuestionar uno de los atributos claves de la soberanía estatal, la acuñación de moneda- plantea un problema que va más allá de lo que es un simple problema de registro contable para controlar la circulación del dinero, es decir, para evitar la doble disposición de un activo digital: la cuestión de cómo se controla la creación de este dinero, para evitar la discrecionalidad y para asegurar su escasez y que de alguna manera sea reflejo de una actividad o valor económico.

Wei Dai propuso una especie de subasta on line periódica entre los participantes en el sistema para fijar el monto de nuevas monedas digitales puestas en circulación.

El planteamiento de Szabo era diferente. Éste llevaba tiempo dándole vueltas a la idea de cómo conseguir que una simple cadena o string de bits (una determinada sucesión de ceros y unos) fuera algo en sí mismo valioso. Estaba buscando un objeto digital que pudiera funcionar como el oro. El instrumento que concibió para ello –que es, a su vez, una aplicación del algoritmo hashcash creado por Adam Back para prevenir el spam de correo electrónico, citado también por Nakamoto- fue una prueba de trabajo computacional (lo que se conoce como una proof-of-work) a cuya solución se le pudiera atribuir un significado económico similar al oro, por el esfuerzo y aplicación de recursos que requiere su extracción, en este caso, el empleo de ciclos de computación. Así, este dinero electrónico ideado por Szabo se gestiona mediante un programa en la red que propone a los participantes en el sistema un determinado reto o problema matemático. Este problema o puzzle matemático está relacionado con la función criptográfica conocida como hashing y sólo se puede resolver aplicando “fuerza bruta computacional”, es decir, probando con distintas cifras hasta obtener un resultado que cuadre. El resultado así obtenido, que tiene la forma de una determinada serie o string de bits, se convierte en la primera unidad monetaria del sistema, con la que el programa premia al participante que ha sido el primero en encontrarla, y que éste puede emplear para hacer pagos a otros usuarios y así esta unidad monetaria o sus fracciones empiezan a circular. Y, a su vez, esta primera string de bits que se obtiene como resolución del problema constituye el punto de partida del siguiente reto que el programa plantea a continuación. De esta manera, de forma periódica y programada, se van introduciendo nuevas unidades monetarias en el sistema.

Quizá este planteamiento fuera un tanto primitivo –deudor de una concepción metalista y por tanto materialista del dinero, como cosa que debe estar dotada de valor intrínseco y no como un simple símbolo de valor-, y también desacertado, porque el valor intrínseco que atribuimos al oro no deriva sólo de su escasez y dificultad de obtención, sino de sus cualidades intrínsecas como sustancia, lo que nunca se podrá decir de una ristra de ceros y unos por compleja que sea su obtención.

Esta idea de Bit Gold, como el b-money de Dai, nunca se llegarían a poner en práctica, pero constituyen los antecedentes más directos de Bitcoin.

Sobre el origen intelectual de blockchain (II). Los precursores próximos

En la primera parte de este post por entregas sobre los antecedentes intelectuales de blockchain recordé dos personajes a los que califiqué como precursores remotos: Alan Turing y John von Neumann. En esta segunda parte me ocuparé de dos precursores más próximos: Tim May y David Chaum (y dejaré para una tercera a Nick Szabo y Wei Dai).

De los ominosos años de la segunda guerra mundial y la guerra fría nos trasladamos ahora a la década de los ochenta y noventa: un contexto político, socio-económico y tecnológico muy diferente. Tras la caída del muro y la descomposición del bloque del Este, de lo que se habla es de “fin de la historia” (en el sentido de abandono de las utopías marxistas) y de globalización; y en el ámbito tecnológico, de microprocesadores cada vez más potentes, de Internet, y de telefonía móvil.

Como recordarán, en los primeros años de la irrupción de Internet en nuestra sociedad se concibió por muchos la expectativa de grandes cambios culturales, sociales y políticos. La realización de los grandes sueños de la Ilustración parecía más cerca que nunca: un mundo compartimentado en agresivos Estados nacionales y controlado por las grandes multinacionales podía dar paso, gracias a esta nueva tecnología, a una verdadera comunidad humana universal, unida por la comunicación, la circulación de la información sin intermediarios y el fácil acceso al conocimiento. Por supuesto, esta comunidad en el ciberespacio tendría su faceta económica: un comercio universal, que vendría a difundir la prosperidad por todo el planeta.

Sin embargo, aunque el cambio en los hábitos sociales que ha traído consigo Internet y la telefonía sin hilos ha sido muy intenso, pronto se constató que la difusión de las nuevas tecnologías no llevaba consigo los cambios políticos que algunos esperaban. Los Estados nacionales no han desaparecido, sino que, precisamente, han encontrado en la tecnología digital una nueva arma de control de la ciudadanía con la excusa de un radicalismo y terrorismo globalizado que también ha sabido aprovecharse de la tecnología para sus propios fines, completamente ajenos a esa difusión de la ilustración que se suponía iba a traer consigo Internet. También en lo económico se ha podido constatar que globalización no es sinónimo de prosperidad general. Unas multinacionales han sucedido a otras, pero la concentración del poder económico no ha disminuido, sino que más bien se ha incrementado. En nuestros días, unas pocas empresas nacidas de las nuevas tecnologías como Apple, Microsoft, Google, Facebook o Amazon gozan de una penetración social y de una capacidad de influencia y de control como nunca habían existido antes.

Esto, que empezaba a gestarse ya en los años noventa, ha dado lugar a que ese pensamiento un tanto visionario y utópico propio de los primeros tiempos de Internet haya pasado –por así decirlo- a la resistencia, transformado en un activismo y una ideología contestataria y antisistema, pero desde dentro y con herramientas propias del universo digital. Aparecen así los hackers –rodeados, como todos los piratas y rebeldes, de una aureola de romanticismo-, los cyberpunks y, por lo que ahora nos interesa, los cypherpunks o criptoanarquistas, una corriente ideológica que reinvindica el acceso de los particulares a la criptografía, a las técnicas de cifrado o encriptación de la información, frente a las pretensiones de monopolizar el uso de esta tecnología por las agencias de seguridad nacionales.

La criptografía a que me estoy refiriendo es la criptografía de base matemática, que es la criptografía moderna, propia del mundo de la tecnología informática, de la aplicación de la electrónica a la computación, es decir, algo que empieza a desarrollarse sólo a partir de la mitad del siglo pasado. Anteriormente, las técnicas de cifrado eran mucho más rudimentarias: desde los códigos elementales consistentes en un simple algoritmo de sustitución de letras que empleaba Julio César en sus comunicaciones en campaña, hasta la encriptación electromecánica de los mensajes de telegrafía o de radio mediante la máquina Enigma de la inteligencia militar alemana durante la Segunda Guerra Mundial, que se basaba en el juego con las posiciones variables de los rotores de una máquina fabricada en serie que convertían unos caracteres alfabéticos en otros. La colocación de los rotores de la máquina de la que dispone el destinatario del mensaje en la misma posición en que se colocaron los rotores en la máquina del emisor es lo que permite el descifrado. Por tanto, se trataba de un sistema de cifrado de clave única o simétrica de naturaleza mecánica, que se iba cambiando cada cierto tiempo y que planteaba el problema de que dependía de la existencia de una información previa compartida por emisor y receptor acerca de la clave que se emplea en cada momento –es decir, la concreta disposición de los rotores que se está empleando en un momento dado-, información que podía ser interceptada por el enemigo y aprovechable por éste si disponía de un ejemplar del mismo modelo de máquina. La criptografía matemática se basa, por el contrario, en operaciones aritméticas o de cómputo o cálculo matemático que se aplican sobre mensajes digitalizados o numerizados, es decir, que se han convertido previamente en números. Gracias a los ordenadores –máquinas que operan a velocidad electrónica, es decir, a una velocidad próxima a la de la luz- es posible el uso práctico de estas técnicas de encriptación y desencriptación cuyo empleo requiere la realización veloz de estas muy complejas operaciones de cómputo numérico (que suelen tener por objeto grandes números primos, cuyo producto es muy difícil de factorizar).

En un primer momento, los gobiernos, en particular el estadounidense a través de la NSA (National Security Agency), trataron de reservarse el conocimiento y uso de esta tecnología que tan vital había resultado durante la guerra, evitando su difusión para el uso comercial y por el público en general. Sin embargo, a mediados de los años setenta, tras una complicada pugna con la NSA, la compañía IBM registró en la oficina nacional de estándares estadounidense un algoritmo estándar de cifrado conocido como DES (Data Encryption Standard), que sería puesto a disposición de las empresas del sector financiero (que lo requerían para el desarrollo de su red de cajeros automáticos), y cuyo conocimiento y difusión pública generó un creciente interés por la moderna criptografía matemática más allá del coto cerrado de los servicios de seguridad. En esa misma década, accedió también al conocimiento público el revolucionario descubrimiento de la criptografía asimétrica o de clave pública (primero el algoritmo de Diffie-Hellman, y luego el algoritmo RSA, de Rivest, Shamir y Adleman, que lo desarrollaron por primera vez en 1977), que resuelve el grave problema de vulnerabilidad al que me he referido que conlleva la distribución de las claves en los tradicionales sistemas de criptografía simétrica, una técnica que es precisamente vital para permitir las comunicaciones seguras entre desconocidos, lo que a su vez es imprescindible para el desarrollo de transacciones económicas en Internet.

Ya en los años noventa, nos encontramos en la vanguardia de este movimiento criptolibertario con un personaje llamado Timothy C. May –más conocido como Tim May-. Este hippie tecnológico californiano, que en su día fue un reputado ingeniero electrónico y científico que trabajó para Intel, publicó en una fecha tan temprana digitalmente hablando como el año 1992 el “Manifiesto Criptoanarquista”, un breve texto en el que anunciaba que la informática estaba al borde de proporcionar la capacidad a individuos y grupos de comunicarse e interactuar entre ellos de forma totalmente anónima. Dos personas pueden intercambiar mensajes, hacer negocios y concertar contratos electrónicos, sin saber nunca el nombre auténtico, o la identidad legal, de la otra. Las interacciones sobre las redes serán intrazables, gracias al uso extendido de re-enrutado de paquetes encriptados en máquinas a prueba de manipulación que implementen protocolos criptográficos con garantías casi perfectas contra cualquier intento de alteración. Las reputaciones tendrán una importancia crucial, mucho más importante en los tratos que las calificaciones crediticias de hoy en día. Estos progresos alterarán completamente la naturaleza de la regulación del gobierno, la capacidad de gravar y de controlar las interacciones económicas, la capacidad de mantener la información secreta, e incluso alterarán la naturaleza de la confianza y de la reputación.(…) Los métodos están basados en el cifrado de clave pública, sistemas interactivos de prueba de cero-conocimiento, y varios protocolos de software para la interacción, autenticación y verificación. El foco hasta ahora ha estado en conferencias académicas en Europa y EE.UU., conferencias monitorizadas de cerca por la Agencia de Seguridad Nacional. Pero solo recientemente las redes de computadores y ordenadores personales han alcanzado la velocidad suficiente para hacer las ideas realizables en la práctica…”.

En los años siguientes, Tim May fue el impulsor y principal contribuyente de textos a varios foros de Internet dedicados a la criptografía y a la ideología criptoanarquista (Cypherpunks electronic mailing links y Cyphernomicon), y es uno de los referentes intelectuales explícitos en el círculo de sujetos involucrados en el diseño de las primeras criptomonedas (como Nick Szabo o Wei Dai).

Con un enfoque no tan político sino más técnico y también de negocio nos encontramos al siguiente personaje, también californiano: David Lee Chaum, un brillante matemático e informático que ya desde los años ochenta fue creando novedosos protocolos criptográficos susceptibles de aplicación en el ámbito del comercio, los pagos e incluso la votaciones on line. En concreto, a él se debe el protocolo conocido como de “firma ciega”, que es el equivalente digital a esas votaciones que se hacen introduciendo un sobre anónimo con la papeleta dentro de otro sobre donde se identifica al votante.

La motivación de Chaum para la creación de este tipo de protocolos fue su preocupación por la privacidad de las transacciones económicas, algo que se estaba perdiendo a medida que se generalizaban los medios electrónicos de pago. Así, una de las propiedades esenciales del tradicional dinero efectivo en forma de monedas metálicas o billetes de papel es su carácter anónimo, de dinero al portador. Por el contrario, todas las nuevas formas de movilizar el dinero representado en cuentas bancarias, mediante transferencias, tarjetas de crédito, pasarelas de pago en Internet, etc. permiten el seguimiento de quién paga qué cantidad a quién y por qué. Y ello hace que un número creciente de datos que pueden revelar mucho sobre mis preferencias y hábitos de consumo y en definitiva sobre mi personalidad, quedan registrados y terminan en una base de datos digital que escapa completamente a mi control.

No voy a detenerme en explicar pormenorizadamente en qué consiste técnicamente el protocolo de firma ciega ideado por Chaum y que éste expuso en una conferencia del año 1982 con el título Blind signatures for untraceable payments. En definitiva, se trata de que un determinado sujeto o autoridad marque con su firma electrónica un concreto ítem digital generado por otro sujeto sin que el primero conozca el contenido del ítem marcado, pero sí de quién procede y de qué tipo de ítem se trata. ¿Y esto para qué sirve? Pues en actuaciones en que interesa que intervenga un tercero verificador o validador, por ejemplo, una autoridad electoral que verifique que quien va a emitir un voto on line está legitimado para votar y sólo vota una vez, pero de manera que esa autoridad verificadora no conozca el contenido del voto validado, dada la necesidad de preservar el secreto de la votación. Tratándose de dinero electrónico, el tercero verificador es el banco que lleva la cuenta del sujeto que pretende generar un ítem o token dinerario digital, porque ese banco es el que verifica si el sujeto emisor tiene saldo suficiente y debe dar de baja el importe correspondiente en su cuenta para evitar la doble disposición. ¿Y en este ámbito para qué sirve un protocolo de firma ciega? Pues para que el banco, una vez realizada la indicada verificación de la legitimación dispositiva del emisor, pueda marcar como válido el token dinerario emitido sin conocer el concreto número de serie que identifica individualmente a éste y permite su control. De esta manera, cuando el sujeto que ha recibido el pago presente un determinado token con su concreto número de serie a este mismo banco para su canje por dinero ordinario, el banco no sabe cuál de sus clientes fue el emisor de ese token y por tanto quién realizó ese concreto pago.

¿Y cómo se consigue que el banco firme un determinado ítem dinerario sin conocer el número de serie que lo individualiza? Aquí es donde interviene el ingenio matemático de Chaum: el emisor, es decir, el cliente del banco que quiere hacer un pago con efectivo electrónico, genera aleatoriamente un número de serie x y antes de remitirlo con su solicitud al banco lo envuelve o disfraza multiplicándolo por un factor C que sólo él conoce. O dicho de otra forma, el emisor envía al banco un número de serie encriptado mediante una función o algoritmo conmutativo C(x), que es reversible realizando la operación aritmética inversa, en este caso, la división C’ por el mismo factor. El banco validador, una vez verificada la legitimación dispositiva del emisor, aplica su firma electrónica con su clave privada S’ a ese número de serie encriptado y remite el resultado, S’(C(x)), al emisor. Éste aplica ahora la división inversa a la multiplicación mediante la que encriptó el número de serie, C’(S’(C(x))), y obtiene S’(x), es decir, el número de serie original con la firma electrónica del banco, o lo que es lo mismo un billete de banco electrónico que se puede emplear para realizar un pago sin que el banco conozca quién ha sido el generador de ese concreto billete. Por tanto, algo absolutamente análogo a la emisión de billetes de banco contra depósitos en efectivo metálico, pero en un entorno digital.

El propio David Chaum intentó llevar a la práctica esta idea con la creación de la empresa DigiCash, con sede en Amsterdam, en el año 1989, un negocio que no llegó a ir bien (de hecho, sólo dos bancos se adhirieron al proyecto: un banco de Missouri llamado Mark Twain Bank, y el Deutsche Bank, no hubo más de 5.000 clientes y el volumen total de pagos no pasó de los 250.000 $). Según explicaría su creador, fue difícil conseguir que un número suficiente de comerciantes aceptasen este medio de pago, de manera que hubiese un número suficiente de consumidores que lo utilizasen, o viceversa. David Chaum se convirtió en un héroe para los criptoanarquistas o cryptoliberterians, pero el problema fue que al consumidor medio no le termina de preocupar demasiado el tema de la privacidad de sus transacciones. Al final, DigiCash quebró y tuvo que vender todos sus activos en el año 1998.

En cualquier caso, lo que me interesa de esta experiencia es que el dinero efectivo electrónico que ideó David Chaum sigue dependiendo del dinero de curso legal ordinario (porque siempre se parte de y se termina en una cuenta bancaria en dólares, euros o cualquier otra divisa estatal); y que el control contable que evita el doble gasto sigue encomendado al sistema bancario tradicional, pues es un banco el que comprueba la legitimación del emisor y da de baja en cuenta la cantidad emitida de cash electrónico.

La futura criptomoneda Bitcoin supondrá un cambio absolutamente radical de modelo.

(La obra pionera sobre criptografía matemática es un artículo de Claude Shannon “Communication Theory of Secrecy Systems”, publicado en el año 1949 en el Bell System Technical Journal, y el libro de Shannon y Warren Weaver “Mathematical Theory of Communication”.

Una explicación del funcionamiento de la máquina Enigma y una narración de las curiosas peripecias de la lucha criptográfica durante la Segunda Guerra Mundial en una obra que ya cité en el anterior post: “Alan Turing. El pionero de la era de la información”, de B. Jack Copeland, Turner Noema, Madrid, 2012, págs. 51 y ss.

Sobre la lucha de los primeros criptoanarquistas contra la NSA: “Cripto. Cómo los informáticos libertarios vencieron al gobierno y salvaguardaron la intimidad en la era digital”, de Steven Levy, Alianza Editorial, 2001.)

Los sindicatos en la encrucijada: ¿nacionales o internacionales?

Llama la atención, en la evolución sindical de los últimos años, el alejamiento progresivo de los iniciales planteamientos internacionalistas y la asunción, cada vez mayor, de puntos de vista meramente locales o nacionales. La vieja enseña del internacionalismo proletario, la aspiración a la defensa de los intereses de los trabajadores en un ámbito mundial, o cuanto menos supranacional, deja paso a políticas sindicales muy condicionadas por los intereses territoriales más inmediatos que, en muchas ocasiones, entran en colisión con los defendidos por las organizaciones sindicales implantadas en otros territorios. De las grandes manifestaciones sindicales que predicaban la lucha obrera en el marco de la solidaridad internacional, de los impulsos organizativos en el ámbito europeo y mundial, que tratan de estar presentes en los más relevantes debates globales, hemos pasado a una defensa de intereses centrada preferentemente en el territorio en que cada organización sindical opera.

¿Qué hay en el trasfondo de esta evolución? Por supuesto, desconcierto, perplejidad y falta de análisis, y comprensión, de los nuevos fenómenos económicos y sociales asociados a la globalización y a las nuevas relaciones laborales. Pero hay algo más: la evolución de las relaciones laborales, en un mundo cada vez más abierto y globalizado, ha provocado que los sindicatos sean organizaciones cada vez más nacionales, mientras que las empresas se sitúan, cada vez más, en una perspectiva supranacional. Las empresas son cada vez más internacionales, el juego de las fuerzas económicas es cada vez más global, mientras que los sindicatos tienen cada vez más dificultades para llevar adelante propuestas y planteamientos que superen las fronteras nacionales.

En la actual dinámica económica, en muchos conflictos empresariales los sindicatos tienen cada vez más difícil asumir un papel de jugador global y se ven constreñidos a limitarse a la defensa de intereses locales, que entran frecuentemente en contradicción con los de los trabajadores y las organizaciones sindicales de otros territorios. En los procesos de reestructuraciones industriales y de deslocalización de la producción, la única arma sindical de presión que podría resultar eficaz sería la de la movilización laboral que superase fronteras y constituyera un frente de presión y de negociación coordinado en el ámbito internacional. Solo la presión concertada de las distintas unidades productivas permitiría mantener una interlocución con verdadera capacidad de influencia sobre las decisiones empresariales. Pero eso tropieza con un obstáculo insalvable: los intereses de los trabajadores, y de sus sindicatos, en los distintos territorios no son en la mayor parte de los casos coincidentes. La deslocalización de la producción perjudica al territorio afectado por ella, pero beneficia a los trabajadores del país al que la producción se deslocaliza. El problema se agudiza en los supuestos de unidad de mercado, en los que ni siquiera es correcto hablar de “deslocalización” para hacer referencia al traslado de la producción a otro de los países integrados en el mercado único.

Tenemos ejemplos recientes de todo ello. Ha habido casos de cierre de unidades productivas, por parte de empresas transnacionales, con instalaciones en varios países de la Unión Europea, en los que el primer objetivo de los sindicatos ha sido obtener la solidaridad de los de esos otros países, pidiéndoles acciones de presión para conseguir un replanteamiento por parte de la empresa de sus intenciones. Y la respuesta obtenida no ha podido ser más desilusionante: el cierre de la factoría iba a suponer el aumento de la producción y la consolidación de otras fábricas, por lo que los trabajadores de estas no iban a sumarse a acciones que podían redundar en perjuicio de sus intereses.

Y esta situación se reproduce, con aristas más llamativas, en el seno de los propios grupos empresariales. Basta ver lo que sucede en el sector del automóvil, en el que el anuncio por parte de una firma de la fabricación de un nuevo modelo o del lanzamiento de una nueva producción genera una auténtica carrera competitiva entre las fábricas de los distintos países para conseguir hacerse con el encargo. Lógicamente, en esa carrera influyen, y mucho, las condiciones laborales ofrecidas por los sindicatos para asegurarse la producción y, en muchas ocasiones, la propia supervivencia de la planta. En esas condiciones, es ilusorio plantear posicionamientos sindicales comunes y cada sindicato se ve compelido a la estricta defensa de los intereses de sus respectivos trabajadores, en claro contraste con los de los trabajadores de otros territorios. El sindicato se ve así forzado a “pensar” en términos nacionales o regionales mientras que la empresa plantea y desarrolla sus estrategias a un nivel global. A eso es a lo que me refiero cuando digo que los sindicatos son cada vez más nacionales y que las empresas son cada vez más internacionales o transnacionales. Más globales en definitiva.

Esta evolución, a su vez, ha modificado sustancialmente la dinámica de las relaciones laborales y la relación de fuerzas entre sus protagonistas. Por una parte, dadas las características del nuevo sistema productivo, los sindicatos tienen una capacidad de presión cada vez mayor  en el ámbito local y en el corto plazo. Muchas empresas no soportan un paro, ni siquiera de corta duración, de la producción. En particular ello sucede en empresas suministradoras de otras, que deben operar just in time y que deben afrontar una competencia encarnizada. En todos estos casos, las batallas las suelen ganar los sindicatos y eso explica la deriva de la negociación colectiva, con convenios con cada vez más concesiones. En muchas ocasiones nos encontramos con contenidos de convenios que suscitan, ante todo, la pregunta de cómo pudieron concederse  por las empresas. Y la respuesta no es otra que esa imposibilidad de afrontar un paro de la producción. Pero si las batallas las ganan los sindicatos, las guerras las ganan las empresas. La ventaja sindical en el corto plazo se transforma en prevalencia empresarial en el medio y largo plazo. Si los sindicatos no saben administrar adecuadamente esa capacidad de presión en el corto plazo, corren el riesgo de provocar una situación en la que la empresa, que no es un jugador local sino global, debe reorganizar la producción y recurrir a procesos de deslocalización o de asignación de la carga de trabajo a otras unidades productivas. En España hemos tenido ejemplos de actuaciones sindicales que han ido, como diría Groucho Marx, de victoria en victoria hasta la derrota final, habiendo conducido las brillantes y reiteradas victorias negociadoras al cierre de la factoría y a la deslocalización de la producción.

Los sindicatos deberían buscar la manera de romper esa dinámica y tratar de encontrar un nuevo papel en el ámbito global en el que se toman las decisiones más relevantes. Enrocarse en posturas localistas es el camino más seguro hacia la irrelevancia y condenaría a los sindicatos a un papel estrictamente corporativo, de defensa de intereses profesionales de determinados núcleos de trabajadores, en ocasiones no ya frente a las empresas sino frente a otros núcleos de trabajadores, y alejado de la interlocución en los niveles realmente relevantes para la toma de decisiones y de la más mínima influencia en la ordenación de las relaciones sociales (ese papel político, más allá de lo estrictamente corporativo, que siempre han pretendido los sindicatos).

Sobre el origen intelectual de blockchain (I). Los precursores remotos

En mi anterior aportación a este blog aludí a ciertos obstáculos intelectuales con los que podemos tropezar los juristas a la hora de enfrentarnos al concepto de smart contract y al fenómeno blockchain en general, siendo el primero de ellos un déficit de formación tecnológica. Precisamente, una de las peculiaridades de esta tecnología, de cuyas múltiples aplicaciones y potencial disruptivo habla todo el mundo, es que presenta un considerable umbral intelectual de acceso: es algo que cuesta explicar y comprender.

En este post y en el siguiente voy a intentar aportar un poco de perspectiva sobre el asunto, lo que quizá pueda ayudar a discernir la señal –lo significativo- de todo el ruido mediático que ahora mismo está provocando tantas interferencias.

En concreto, en el par de posts que he previsto voy a hacer referencia a algunos personajes cuyas aportaciones intelectuales han sido importantes en el camino que ha llevado tanto a las criptomonedas como a blockchain. Al respecto, distinguiré uno precursores remotos y unos precursores próximos.

Como precursor remoto podría aludir al filósofo alemán Leibniz, que a finales del siglo XVII, además de fabricar una calculadora universal mecánica, concibió la idea de una máquina que almacenaba y manejaba información codificada en código digital binario. Pero me voy a centrar en dos personajes más cercanos, que vienen siendo considerados como los padres fundadores de la informática: el británico Alan Turing y el húngaro nacionalizado estadounidense John von Neumann. ¿Y por qué los traigo a colación? Pues no sólo porque en los años treinta y cuarenta del pasado siglo sentaron las bases intelectuales, de naturaleza lógico-matemática, que dieron lugar al desarrollo de la informática y con ella del universo digital en que ahora habitamos, sino porque, además, algunas de sus ideas y visiones anticiparon gran parte de la transformación que justo ahora estamos viviendo.

Alan Turing es conocido en nuestros días por el gran público sobre todo por una película reciente (The Imitation Game -“Descifrando enigma”, en España-, del año 2014) dedicada a su actividad durante la Segunda Guerra Mundial en el servicio de inteligencia de la Marina británica, donde contribuyó a descifrar los códigos de la célebre máquina de encriptación Enigma que empleaban en sus comunicaciones la armada y el ejército alemán. Esto ya nos resulta interesante por su relación con el tema de la criptografía. Pero, sobre todo, quiero hacer referencia al trabajo que le hizo célebre, publicado en el año 1936 en la prestigiosa revista Proceedings of the London Mathematical Society: “Sobre los números computables, con una aplicación al Entscheidungsproblem”.

El Entscheidungsproblem o problema de la decidibilidad es una ardua cuestión lógico-matemática que tuvo ocupados a algunos lógicos y filósofos a principios del siglo XX desde que el matemático alemán David Hilbert la plantease en un escrito programático del año 1900 como uno de los retos pendientes para la centuria que entonces comenzaba: ¿es posible que la matemática dé una respuesta de tipo demostrativo a todos los problemas que ella misma plantea? O dicho de otra forma, ¿es posible la axiomatización plena de la matemática para reconstruirla como un sistema completo y autoconsistente? Hilbert, adalid de lo que se conoce como formalismo lógico, pensaba que sí, y Russell y Whitehead creyeron haberlo logrado con su obra Principia Mathematica. Sin embargo, un ensimismado profesor de lógica austriaco llamado Kurt Gödel demostró que no era posible en un difícil y revolucionario artículo publicado en el año 1931, donde formuló lo que se conoce como el teorema de incompletitud de Gödel.

En la estela de Gödel, en el citado trabajo Turing –como una simple estrategia discursiva en relación con el problema de los límites de la computabilidad- concibió la primera máquina –que sería conocida como la “máquina universal de Turing” y que por entonces era sólo una construcción teórica- de “programa almacenado”, es decir, dotada de una memoria que no sólo conservaría datos, sino también el propio programa para el manejo o cómputo de esos datos, una máquina que sería reprogramable y capaz de computar todo lo computable (es decir, lo que hoy entendemos por un ordenador). Tampoco puedo dejar de mencionar su temprano interés por la inteligencia artificial, hasta el punto de que hoy se sigue empleando el llamado “test de Turing” para evaluar la mayor o menor inteligencia de un dispositivo.

Pues bien, cuando en el año 2014 ese niño prodigio ruso-canadiense llamado Vitalik Buterin, con tan solo 19 años, pone en marcha esa blockchain de segunda generación llamada Ethereum, nos va a decir que se trata de una blockchain que utiliza un lenguaje de programación Turing-completo, y que aspira a convertirse en la máquina universal de programación, the World Computer. Esto supone precisamente llevar la idea originaria de Turing a una nueva dimensión: no se trata de crear una máquina individual reprogramable de objeto de cómputo universal, sino de la existencia de una red tendencialmente universal de ordenadores que no sólo registran de forma simultánea esos mensajes sencillos que son las transacciones de bitcoins, sino que en ellos se puede ejecutar a la vez cualquier operación que sea programable, conservándose todos los pasos del proceso y su resultado en un registro distribuido, transparente, no manipulable y de acceso universal. O dicho de otra forma, no sólo universalidad en cuanto al objeto programable –como la máquina virtual de Turing y nuestros actuales ordenadores-, sino también universalidad en cuanto a los agentes o dispositivos que operan, ya que el programa se ejecuta y su resultado se registra simultáneamente por una infinidad de ordenadores repartidos por todo el mundo.

En cuanto a John von Neumann, se trata de uno de los grandes genios científicos del siglo XX, de un nivel comparable al de un Einstein. En lo que concierne a nuestro tema, von Neumann fue el creador de la estructura lógica de una de las primeras computadoras digitales electrónicas de alta velocidad y memoria almacenada con la que se hizo realidad la imaginada máquina universal de Turing. Esa computadora, conocida por las siglas EDVAC, fue fabricada a finales de los años cuarenta en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton (USA), como instrumento para la realización de los complejos y laboriosísimos cálculos matemáticos que requería el diseño y control de las primeras bombas atómicas. De hecho, todavía hoy la estructura de todos los ordenadores que utilizamos obedece a lo que se conoce como “arquitectura von Neumann”, que distingue la memoria, el procesador, la unidad central de control y los elementos de comunicación con el exterior para la entrada y salida de datos.

Pues bien, aparte de que cualquier aplicación o desarrollo de la tecnología informática es deudora -pese a su prematura muerte con 53 años- de las visiones y concepciones de von Neumann (incluso la inteligencia artificial, que fue el objeto de sus últimas reflexiones en obras como la “Teoría de los autómatas autorreproductivos”), quiero referirme aquí a dos ideas de este gran pionero de la informática.

En primer lugar, en los años que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial había escasez de casi todo y para la construcción del EDVAC se tuvo que echar mano de equipos y materiales de desecho de la industria bélica. Conseguir que funcionase correctamente una máquina fabricada ensamblando ese tipo de elementos fue un verdadero reto al que se enfrentó Von Neumann con la idea de que había que construir una máquina fiable a partir de miles de componentes no fiables. Esta idea, que desarrolló teóricamente en dos artículos de los años 1951 y 1952 (“Organizaciones fiables de elementos no fiables” y “La lógica probabilística y la síntesis de organismos fiables a partir de componentes no fiables”), enlaza con la formulación, ya en los años ochenta y en relación con la fiabilidad de las redes de ordenadores creadas con fines de defensa, de lo que se conoce como el “problema de los generales bizantinos” –al que se suele aludir en las explicaciones de blockchain-. Por supuesto, tiene que ver también con un concepto que hoy está en boca de todos con el nombre de “resiliencia”; y se encuentra en el mismo núcleo del diseño de blockchain: cómo crear el sistema de registro más fiable y transparente que haya existido nunca partiendo sólo de agentes individuales particulares cualquiera de los cuales podría ser un tramposo.

En relación con el diseño de blockchain también podemos rastrear la huella de otra gran aportación intelectual de von Neumann. Como éste estaba dotado de una inteligencia universal, no sólo se interesó por y revolucionó la lógica de conjuntos, la física cuántica y la ciencia de la computación, sino que también hizo su incursión –no menos revolucionaria- en la ciencia económica, donde fue el pionero de la teoría de juegos, con una obra de la que fue coautor junto con Oskar Morgenstern en el año 1944 con el título “Teoría de juegos y comportamiento económico”. Pues bien, mucho de teoría de juegos, de análisis de la racionalidad de las decisiones estratégicas de los agentes individuales que operan en una economía teniendo en cuenta los comportamientos probables de los demás agentes, está también presente en el inteligente diseño que explicó el enigmático Satoshi Nakamoto en su paper del año 2008. En último término, una blockchain pública como la que sirve de base a Bitcoin está diseñada partiendo de la idea de que la persecución del interés individual de ganancia de unos agentes -los “mineros”- redunda en la fiabilidad general del sistema; así como en la idea de que resulta muy poco racional defraudar un sistema para obtener un activo cuyo valor económico depende directamente de la confianza general en la fiabilidad de ese sistema.

(Recomiendo a quien sienta curiosidad por estos temas la lectura de los siguientes libros, disponibles en nuestro idioma: “La catedral de Turing. Los orígenes del universo digital”, de George Dyson, Debate, Barcelona, 2015; “Alan Turing. El pionero de la era de la información”, de B. Jack Copeland, Turner Noema, Madrid, 2012; y “Gödel. Paradoja y vida”, de Rebecca Goldstein, Antoni Bosch, Barcelona, 2010.)

Los Presupuestos “más sociales” de la historia.

La presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 insiste en que su principal prioridad es el gasto social. Se remarca la “clara vocación social” de los presupuestos (en sintonía, se dice, con lo que siempre ha sido la política presupuestaria del Gobierno desde el año 2012), y la apuesta por “seguir reforzando el gasto social”, hasta el punto de que se afirma, como se recoge en el título de esta tribuna, que son los “presupuestos más sociales de la historia”. Sin arriesgarme a afirmaciones tan categóricas, sí que creo que, desde el punto de vista del gasto social, difícilmente se podía llegar más allá en la actual situación económica. Si en relación con los presupuestos de 2016 pude decir, al hilo precisamente del análisis de sus contenidos sociales, que desprendían un “leve aroma socialdemócrata”, ahora ese aroma es ya intenso y penetrante. Cautivo y desarmado el ejército liberal, la socialdemocracia impera ya en nuestra política económica de manera arrogante.

A destacar, en ese sentido, la subida de las pensiones más bajas, con mejora de las mínimas en un 3 por 100 (y con incrementos de entre el 1 y el 1,5 por 100 para otras pensiones de importe inferior a 12.000 euros brutos anuales), la mejora de las de viudedad (incrementando su base reguladora en dos puntos, desde el 52 por 100 al 54 por 100, para mayores de 65 años), la creación de nuevos “cheques sociales” (de natalidad, mediante el incremento, con carácter general, de la deducción de 1.200 euros anuales en 600 euros por cada hijo en las familias que tengan la consideración de numerosas, y de guardería, permitiendo la deducción de hasta un máximo de 1.000 euros por año para las madres trabajadoras por gastos de guardería de niños entre cero y tres años) y la ampliación de los familiares (incluyendo una nueva deducción de 1.200 euros anuales por cónyuge con discapacidad).

Junto a ello, y sobre todo, hay que destacar los incrementos retributivos de los empleados públicos, con una subida del 1,75 por ciento para el año 2018. Esta subida, que se enmarca en el acuerdo suscrito con los sindicatos de la función pública para el periodo 2018-2020, se complementa con otros incrementos retributivos variables vinculados a la evolución del PIB y al cumplimiento, en el año 2020, del objetivo de estabilidad. De cumplirse todas las condiciones, la mejora retributiva en el empleo público alcanzaría, en el periodo contemplado, el 8,79 por ciento. Esto, aparte del vuelco que representa en las políticas retributivas del empleo público de los últimos años, constituye un mensaje, no desdeñable, al sector privado, en el que los sindicatos difícilmente van a resignarse a mejoras retributivas inferiores a las previstas para el sector público. El Gobierno parece pues querer pasar página de las políticas de moderación salarial, al menos en sus manifestaciones más incisivas.

Al mismo tiempo, se aprueba una tasa de reposición que puede llegar al 108 por 100: será, como regla general del 100 por 100 siempre que las Administraciones cumplan con el objetivo de déficit, deuda y regla del gasto, y a ello se añade una bolsa adicional del 8 por 100 destinada a los ámbitos o sectores que requieran un refuerzo de efectivos. Además, las corporaciones locales podrán contar con una tasa adicional del 10 por 100, siempre que tuvieran amortizada su deuda a 31 de diciembre del ejercicio anterior. De todas formas, en caso de incumplimiento por las Administraciones Públicas de alguno de los objetivos, la tasa de reposición del 100 por 100 se mantendrá exclusivamente para los sectores prioritarios, bajando al 75 por 100 en el resto de los sectores, con una bolsa adicional del 5 por 100 para los servicios que se considere necesario reforzar. La tasa de reposición, finalmente, será del 115 por 100 para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Autonómica y Policía Local, y del 30 por ciento de las vacantes para funcionarios con habilitación de carácter nacional bajo determinadas circunstancias. En todos los municipios habrá una tasa adicional del 5 por 100 si en alguno de los ejercicios del periodo 2013 a 2017 han tenido la obligación legal de prestar un mayor número de servicios públicos por el incremento de su población. A pesar de los matices y de los márgenes de discrecionalidad abiertos, parece que también la contención del empleo público ha llegado a su fin.

Todos estos datos ponen de manifiesto que apenas bajadas las aguas y pudiendo sacar la cabeza y respirar mejor, volvemos a lanzarnos a políticas de gasto, cuanto menos discutibles en su oportunidad y alcance. Si a todo ello unimos la ampliación del permiso de paternidad a cinco semanas, la mejora en la dotación de las becas estudiantiles (con incremento de la partida en 50 millones de euros), el aumento (en 46 millones de euros) de los recursos destinados a la dependencia, la mayor dotación a las Comunidades Autónomas para los servicios públicos fundamentales (más de 4.000 millones de euros, con incremento superior al 4 por 100) y la permisión de inversiones municipales con cargo al superávit presupuestario (me niego a incluir entre las medidas sociales la rebaja del IVA del cine, que servirá para rebajar el diapasón crítico en la gala de los Goya, o no, como diría el Presidente, pero que si puede tener una finalidad cultural la social no la veo por ningún lado), el panorama socialdemócrata es incontestable.

La recaudación tributaria va a crecer un 6% y el ajuste del gasto, que sigue siendo imprescindible, ni aparece. Y por supuesto, revertir el hachazo fiscal que so pretexto de la urgencia de la crisis se propinó a los ciudadanos, ni pensarlo. Probablemente sí que sean unos de los Presupuestos más sociales de la historia y resultan encomiables las previsiones relativas al empleo, con la creación de 475.000 puestos de trabajo, reducción del paro en 339.000 personas (lo que llevaría la tasa de desempleo al 15 por ciento, todavía muy alejada de las tasas inferiores a los dos dígitos en las que llegamos a movernos) y la consecución de los 19,5 millones de empleados, cerca ya del objetivo de los veinte millones, necesario para la sostenibilidad del sistema de protección social. Pero no sé si a medio y largo plazo esta es la vía para garantizar el crecimiento económico sano y la estabilidad presupuestaria.

El futuro del trabajo. Los cambios en el mundo laboral

Los cambios que estamos viviendo en el mundo laboral son continuos y acelerados. Si pretendemos averiguar cómo será el trabajo, y cómo se articularán las relaciones laborales, en el futuro, lo único que podemos saber es que cambiarán continuamente y que debemos olvidarnos de intentar encontrar un punto de acomodo estable para afrontar las nuevas realidades. Como ha dicho Yuval Noah Harari, el autor de “Sapiens”, “cualquier intento de definir las características de la sociedad moderna es como definir el color de un camaleón. La única característica de la que podemos estar seguros es del cambio incesante”. Y el problema es que en muchas ocasiones se pretende entender la cambiante realidad laboral utilizando esquemas conceptuales del pasado. Eso explica el desconcierto ante los cambios y el carácter improvisado y voluntarista que tienen muchas de las medidas que se proponen para ordenar la nueva situación.

Ante todo, el mundo del trabajo vive el impacto de los procesos de automatización o robotización. Impacto que afecta tanto al volumen del empleo requerido como a las características de dicho empleo. El volumen del empleo se ve afectado por cuanto los procesos de automatización, el uso de robots cada vez más sofisticados, disminuye, más o menos drásticamente según los sectores, las necesidades de mano de obra. La destrucción de empleo es ingente, si bien es cierto que el mismo proceso que destruye empleo genera también nuevas oportunidades de trabajo. El problema es doble: por una parte, existe, como en todos los procesos de cambio de los sistemas productivos que hemos vivido históricamente, un inevitable desfase entre la destrucción de puestos de trabajo y la aparición en el mercado de los nuevos empleos. Ello presiona, en el corto plazo, sobre el desempleo y provoca la existencia de generaciones laborales que sufren en mayor medida las consecuencias del cambio.

Por otra, y aquí conectamos con el otro impacto de la automatización, el que afecta a las características del empleo, los nuevos trabajos tienen requerimientos formativos muy distintos y pueden no responder a los esquemas tradicionalmente conocidos en el mundo laboral. Los empleos que surgen son distintos de los anteriores, con muy distintas exigencias formativas (lo que dificulta su ocupación por los trabajadores desplazados por la automatización) y con formas de prestación del trabajo que pueden también diferir en medida importante de las tradicionales.

Hemos de tener en cuenta, además, que las consecuencias de la automatización se dejan sentir de manera muy diferenciada según el sector de la mano de obra que consideremos. La mano de obra de mayor cualificación (y mayor remuneración), cuyo desempeño laboral exige el uso de competencias con un componente cognitivo elevado, está hoy por hoy poco afectada por la robotización. Sus trabajos son poco manuales y poco repetitivos y, por tanto, (insisto, hoy por hoy, a la espera de los robots con competencias cognitivas, que sean capaces de tomar decisiones autónomamente) difícilmente automatizables. Igualmente, la mano de obra menos cualificada (y peor remunerada), adscrita en porcentaje creciente a los servicios personales, resiste también a los estragos de la automatización, por desempeñar tareas manuales pero no repetitivas. El mayor impacto de la automatización se da en los trabajos de cualificación media, e incluso alta, y de retribución media o medio-alta, que son manuales y repetitivos y por tanto fácilmente sustituibles por un robot. Ello afecta de lleno al sector industrial y a los componentes más tradicionales, y más sindicalizados, de la población trabajadora.

Esto explica diversos cambios que están teniendo lugar en el mundo laboral. Entre otras cosas, está en la base, junto a otros factores naturalmente, de la creciente apertura del abanico salarial, con mayor diferencia entre los trabajadores mejor retribuidos y los peor retribuidos (precisamente por el mayor impacto que sufren los trabajos de cualificación y de retribución media). Y explica, o contribuye a explicar, algunos de los cambios que más desconciertan a los analistas que siguen usando los esquemas conceptuales del pasado. Por ejemplo, el renacer del trabajo autónomo. Dejando aparte fenómenos claramente fraudulentos, que solo buscan la elusión de la normativa laboral, como el de los falsos autónomos, muchos nuevos trabajos en sectores de tecnología avanzada, con un uso intenso de las tecnologías de la información, surgen o se formalizan como trabajo autónomo, no acomodado al esquema tradicional del trabajo por cuenta ajena. Cada vez más surgirán nuevas oportunidades de empleo autónomo, empleo más o menos dependiente (y, por tanto, con mayor o menor necesidad de protección) pero en todo caso diferenciado claramente del tradicional trabajo por cuenta ajena.

Por otra parte, los nuevos trabajos que surgen en los sectores más avanzados de la economía están vinculados a proyectos concretos y se presentan, por tanto, como trabajos temporales. Seguimos pensando en la temporalidad como un factor de precariedad laboral, que busca en muchas ocasiones simplemente la evitación del vínculo indefinido, por los mayores costes económicos y jurídicos asociados al mismo, pero muchos de los nuevos empleos que se generan por los cambios en el sistema productivo son empleos temporales, estos es que requieren una vinculación laboral temporal, y no indefinidos. La reciente introducción en Francia, por la reforma Macron, de la figura del contrato vinculado a un proyecto, es buen exponente de estas nuevas realidades.

Si pretendemos seguir afrontando la temporalidad en términos exclusivamente de patología, o al menos de excepcionalidad, en la contratación laboral, seremos incapaces de dar respuesta normativa adecuada a las nuevas realidades del mundo del trabajo. Igualmente, tanto la regulación laboral como la de protección social tendrán que tener en cuenta el fenómeno del nuevo protagonismo que está teniendo, y tendrá de forma creciente, el trabajo autónomo.

Por último, un cambio no menor en el ámbito de las relaciones laborales es el que deriva de la tendencia, producto inevitable de los anteriores fenómenos, a la individualización de las relaciones laborales. La regulación individual de las condiciones de trabajo cada vez tendrá mayor relevancia y el contrato de trabajo recuperará espacios significativos para la determinación de las condiciones laborales. Ello genera un punto de fricción importante con el sistema tradicional de negociación colectiva y con la pretensión sindical de mantener el monopolio de la regulación de las condiciones de trabajo.

Todo ello prefigura un mundo laboral cambiado y cambiante. De nada servirá pretender ignorar los cambios o anularlos mediante regulaciones coercitivas. Hemos de buscar nuevas respuestas normativas a las nuevas realidades con las que nos enfrentamos, y no tratar de ignorar los cambios y de reconducir los mismos a los esquemas del pasado.

Planificar con éxito la jubilación en una vida de 100 años

Es una realidad que los españoles estamos cada vez más preocupados por cómo financiaremos nuestra jubilación si las pensiones se reducen. Intuimos que algo no va bien y eso nos inquieta.

Sin embargo, lo curioso es que, a pesar de estar muy preocupados por la jubilación, nos ocupamos poco de ella. Son muchas las voces que nos advierten de que tan solo 1 de cada 3 españoles ha empezado a ahorrar con este objetivo y que, además, son muy pocos los que consideran que están ahorrando lo suficiente.

Es lógico que nos pase. Cuando pensamos en ahorrar, previamente, tenemos que tomar una decisión: ¿me lo gasto hoy o lo guardo para mañana? Aunque nuestra primera intención es ahorrar, en la mayoría de los casos, acabamos pensando que mañana será un buen día para empezar y así sucesivamente. Esto nos ocurre porque estamos mal equipados para resistirnos a las tentaciones. Tenemos estructuras cerebrales de millones de años preparadas para responder a la llamada del placer. Para pensar en el corto plazo en primera persona y ver el futuro en tercera persona.

Otro de los obstáculos al que nos enfrentamos es que no podemos aprender a jubilarnos con éxito de nuestra propia experiencia porque solo nos jubilamos una vez. Tampoco de lo que nos han enseñado nuestros padres, y que tan presente tenemos a través de nuestras creencias y valores, porque ellos han vivido una realidad muy diferente a la que viviremos nosotros.

Las recetas de éxito de nuestros padres en nuestro proyecto económico

La generación anterior se ha jubilado a los 65 años y está disfrutando de un largo retiro sin tener, necesariamente, que haberlo planificado. Esto ha sido así porque han accedido a un sistema de pensiones muy generoso que les da en forma de pensión el doble de lo que han cotizado y, también, porque siendo conservadores con sus inversiones han tenido rentabilidades anuales medias del 8%, lo que ha significado multiplicar por 5 veces su ahorro en 20 años.

Nuestro proyecto personal y económico para la jubilación será muy diferente al de nuestros padres y no debe ser improvisado, fundamentalmente, por 3 motivos: necesitaremos más dinero, dispondremos de menos recursos y tendremos que asumir más riesgo con nuestras inversiones.

  1. Necesitaremos más dinero

Hay 3 motivos por los que necesitaremos más dinero:

  • Viviremos más años

En los últimos 100 años, la esperanza de vida en España se ha duplicado. Ha pasado de 40 a 83 años y, según los expertos, cada día que pasa se incrementa en 5 horas.

Piense que lo razonable será que viva más años que sus padres y abuelos y que, para los menores de 50 años, vivir hasta los 100 años no será ciencia ficción.

Además, si es mujer, considere que por razones biológicas podría vivir 5 años más que los hombres, de media.

  • A los 65 años tendremos más salud

Según los expertos, dos tercios de nuestra calidad de vida en la etapa tardía depende de que tengamos hábitos saludables. Además, tener un propósito de vida más allá de los 65 años nos ayudará a encontrar motivos para cuidarnos y a establecer mejor nuestras prioridades.

Hoy está demostrado que cuantos más años se cumplen mayor es la probabilidad de tener buena salud hasta edades avanzadas. Por ello, si alguien piensa que no merece la pena vivir más años porque los viviría con mala salud, se equivoca.

  • Viviendo el doble de años seguimos manteniendo la edad de jubilación en los 65 años

La edad de jubilación a los 65 años se estableció en 1919 con la regulación del primer sistema público de pensiones español. Se estableció esta fecha cuando solo el 25% de las personas llegaban a esta edad, y, además, los que tenían la suerte de llegar, con frecuencia, tenían problemas de salud y tan solo vivían 8 años de media. Hoy llegan a los 65 años el 90% de los españoles, con mucha mejor salud y de media viven tres veces más (23 años). Además, los expertos apuntan que el 50% de los niños que nazca hoy en occidente vivirán más de 100 años.

Lo curioso es que, viviendo el doble de años, seguimos manteniendo la edad de jubilación en los 65 años y cuando le preguntamos a nuestros hijos a que edad se quieren jubilar, siguen pensando en los 65 años o incluso antes.

Necesitamos desvincular la jubilación de la edad y vincularla a nuestro estado de salud. Para nuestros padres eran los 65 años; en una vida de 100 años, para nosotros que viviremos 20 años más, deberían ser los 80 años.

  1. Dispondremos de menos recursos

Las dos últimas reformas de la Seguridad Social van a disminuir en poder adquisitivo el importe de las pensiones entre un 30% y un 50% por la aplicación del factor de revalorización y el de equidad intergeneracional, lo cual se antoja necesario si queremos mantener la edad de jubilación inamovible. Además, las empresas tampoco nos están ayudando mucho. Tan solo el 0,4% de las mismas tiene un plan de pensiones para sus empleados.

Lo que nos dejen de aportar el Estado y/o las empresas, lo tendremos que ahorrar nosotros.

  1. Tenemos que asumir riesgo

Ser conservadores con la inversión hoy nos daría rentabilidades similares al 2%, lo que significaría que necesitaríamos 80 años para multiplicar el capital por 5 veces, cuando hace unas décadas solo eran necesarios 20 años.

El mayor riesgo que asumimos no es tener fluctuaciones en las inversiones en el periodo anterior a la jubilación, sino darnos cuenta a los 80 años de que no nos queda patrimonio por haber tomado una decisión de inversión conservadora y que si se hubiese asumido algo más de riesgo se habrían cubierto las necesidades hasta los 100 años.

En una vida de 100 años, jubilarse a los 65 años y ser conservadores significa que nuestro esfuerzo de ahorro debería incrementarse entre 20 y 30 veces para acceder a una jubilación similar en términos económicos a la que tuvieron las generaciones que nos preceden.

Como esto no será posible en la gran mayoría de los casos, además de ahorrar, hay otros dos caminos: (1) asumir más riesgo y profesionalizar nuestras decisiones de inversión y (2) eliminar el techo de cristal de los 65 años y retrasar la edad de jubilación los años que vivamos de más.

La solución: plantearnos futuro de una manera más creativa