Una de las circunstancias en los procesos notificativos que generan debate es la atribución de un derecho especial a una sociedad de capital público como es en el caso de España, Correos. Me refiero a la «presunción de veracidad y fehaciencia» de la distribución, entrega y recepción de notificaciones a través de la misma. Una cuestión sobre la que existen varios aspectos polémicos, como son la atribución en sí y también su alcance.
El reciente auto 56/2019, de 4 de julio, del Juzgado de lo social número 14 de Madrid, cuestiona la constitucionalidad del artículo 162.2 de la LEC, por vulnerar el artículo 24.1 de la Constitución.
El auto se dicta con ocasión del enjuiciamiento de una controversia laboral en la que una trabajadora que demandó a su empresa vio archivada la causa porque su letrada no subsanó la demanda en el plazo que a tal efecto le otorgó el juzgado y que por este motivo fue finalmente archivada.
Criptomonedas y el anarco-dinero Bitcoin es la primera y más popular criptomoneda. Se trata de moneda electrónica anónima (al portador) y descentralizada. Lo disruptivo no es la condición electrónica del dinero-la mayoría de las transacciones dinerarias en los países desarrollados ya lo son-sino la descentralización del procedimiento. Se trata de un sistema que aspira a […]
