El artículo 31.1 de la Constitución española recoge los principios constitucionales clásicos de la imposición y, al hacerlo, dispone que el deber de contribuir tienes que modularse de acuerdo con la capacidad económica de cada uno. Durante muchos años, el principio de capacidad económica recibió una atención menor reducida en gran medida al análisis de la doctrina surgida de la Sentencia del Tribunal Constitucional 194/2000, de 19 de julio de 2000, en relación con la constitucionalidad de la disposición adicional cuarta de la Ley de Tasas y Precios Públicos de 1989.

Se dice con frecuencia, y con razón, que la jurisprudencia del TJUE ha sido decisiva para incorporar a nuestra jurisprudencia las consecuencias del principio de seguridad jurídica en relación con los de confianza legítima y buena administración. Sin  embargo, la posición del TJUE es en este punto más compleja de lo que parece con una sutil ponderación de […]

Tradicionalmente se ha dicho que el principio de legalidad sería la piedra angular del Derecho constitucional tributario. La afirmación “No taxation without representation” reflejaría esta perspectiva del fenómeno tributario conforme a la que los tributos serían la consecuencia de una decisión política que no podría obedecer únicamente a un designo soberano sino que exigiría el […]

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó el pasado 26 de febrero de 2019 dos sentencias, en los casos T Danmark (ECLI:EU:C:2019:135) y N Luxembourg 1[1] (ECLI:EU:C:2019:134), que abordan una vez más el concepto de abuso de derecho como base legal de la doctrina del TJUE sobre la elusión fiscal y lo […]