La importancia de la capacidad económica como límite de la potestad tributaria
El artículo 31.1 de la Constitución española recoge los principios constitucionales clásicos de la imposición y, al hacerlo, dispone que el deber de contribuir tienes que modularse de acuerdo con la capacidad económica de cada uno. Durante muchos años, el principio de capacidad económica recibió una atención menor reducida en gran medida al análisis de la doctrina surgida de la Sentencia del Tribunal Constitucional 194/2000, de 19 de julio de 2000, en relación con la constitucionalidad de la disposición adicional cuarta de la Ley de Tasas y Precios Públicos de 1989.